El abuso de un puñado obligó a aplicar cambios a las reglas para la devolución de dinero a usuarios víctimas de fraudes bancarios. Las nuevas medidas, contenidas en el proyecto de ley para combatir el sobreendeudamiento, fueron despachadas a ley ayer por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados.
Se trata de nuevas exigencias que se traducen en una mayor cantidad de trámites y tiempos de espera para obtener de vuelta los montos defraudados, con el objetivo de hacer frente al fenómeno de los denominados «autofraudes» reportados por la industria bancaria que lo habría llevado a desembolsar US$350 millones entre el segundo trimestre de 2023 y los tres primeros meses de este año, siendo BancoEstado la entidad más afectada.
Así, las nuevas medidas que implican modificaciones a ley de Fraudes que entró en vigencia en 2020, apuntan a detener estas prácticas de usuarios que buscan obtener un retorno económico de forma fraudulenta, al desconocer operaciones que efectivamente realizaron.
La iniciativa quedó en condiciones de convertirse en ley, aunque sujeta aún a la revisión de algunos artículos por parte del Tribunal Constitucional y a la espera de que estas medidas se materialicen en un reglamento.
Entre las principales modificaciones para denunciar un fraude ante su banco y solicitar la restitución del dinero, ahora se pedirá a los usuarios una declaración jurada al momento de dar el aviso del fraude, además de la obligación de realizar una denuncia ante una autoridad penal para hacer efectiva la reclamación por fraude de operaciones, por ejemplo, ante Carabineros o la Policía de Investigaciones (PDI).
Actualmente, solo basta con la notificación del usuario de que había sido víctima de fraude para iniciar el proceso de reembolsos, lo que, a juicio de la industria bancaria, abrió la puerta a los «autofraudes».
Por otro lado, los usuarios tendrán un plazo de 60 días para reclamar el desconocimiento de las operaciones supuestamente fraudulentas de las que fueron víctimas. Mientras que la ley actual permite desconocer transacciones hasta 120 días previo a la notificación al banco.
Otro plazo que se modifica es el que tienen las instituciones financieras para restituir los fondos cuando los fraudes sean bajo 35 UF ($1,3 millones). Si antes los bancos debían devolver los montos en 5 días hábiles, ahora tendrán hasta 10 días.
También se facultará a las Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para regular los estándares mínimos de seguridad, registro y autenticación de usuarios, además de atribuirle al Ministerio de Hacienda la revisión periódica del umbral a restituir en 10 días, que podrá ser fijado entre 15 UF y las actuales 35 UF.
Desde el Ministerio de Hacienda, destacaron que las modificaciones no implican volver al escenario previo a la promulgación de la actual ley de Fraudes, cuando se solicitaba a los usuarios probar el fraude y permitía la contratación de seguros en contra de estos delitos. Es decir, se mantiene el peso de la prueba en la institución financiera, pero los usuarios deberán cumplir con ciertos requisitos extra.
Positivo pero «insuficiente», según la industria
Desde la industria financiera destacaron que estos cambios son un avance para paliar los «autofraudes», aunque de todas formas calificaron el proyecto de ley como «insuficiente».
El presidente de la Asociación del Retail Financiero, Claudio Ortiz, señaló a El Mercurio que «aún quedan temas pendientes de resolver, los que aspiramos que se puedan ir incorporando, tales como modificar el régimen de atribución de responsabilidad, que actualmente es de culpa grave y posibilitar el término de contrato en caso de reiteración del autofraude».
En tanto, la Asociación de Bancos (Abif) señalaron al mismo medio que para una implementación completa de la ley y poder evaluar sus efectos, es necesario que la CMF publique prontamente la normativa asociada a los estándares de seguridad, y que los ministerios de Hacienda y Economía establezcan los umbrales de restitución.
«Es fundamental seguir avanzando en políticas públicas que promuevan la inclusión financiera. Esto implica encontrar un equilibrio entre la protección de los clientes y el suso responsable de sus medios de pago», agregaron.
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