Expulsiones no materializadas e ingreso de extranjeros con prohibición de entrar a Chile son solo parte de las conclusiones de un informe de la Contraloría que pone en tela de juicio el trabajo de la Policía de Investigaciones, en medio de la crisis de seguridad nacional.
La auditoría se centró en el periodo correspondiente entre el 1 enero de 2022 y el 31 de julio de 2023.
El informe resalta el caso de cinco extranjeros, provenientes de Alemania, Venezuela, Bolivia y República Dominicana, que habían sido expulsados de Chile, con una medida de prohibición de ingreso al país, y que pese a eso igualmente entraron por pasos fronterizos habilitados, lo que para el ente contralor «implica una debilidad en los mecanismos de control migratorio que realiza la PDI en esos lugares».
Según Contraloría, las personas expulsadas retornaron a Chile por el control Los Libertadores y Chungará.
Así, se indica que esto “evidencia que dichos controles no resultaron suficientes para detectar la prohibición de ingreso al país, lo cual incumple para un caso de expulsión administrativa lo establecido en el artículo 136, de la ley N° 21.325”.
Por esto, la Contraloría señala que “corresponde que el servicio auditado implemente nuevos mecanismos de control en todos los pasos fronterizos habilitados a nivel nacional, que permitan detectar oportunamente los eventuales ingresos al país de los extranjeros con una prohibición de entrada”.
Otro de los antecedentes relevantes apunta a treinta casos, en su mayoría ciudadanos venezolanos, donde no fue posible constatar el registro de salida del país, lo que según Contraloría “podría dar cuenta de la permanencia de estos en el territorio nacional”. El ente fiscalizador llegó a esta conclusión a partir de las expulsiones informadas por Gendarmería que no se encontraban registradas en el Sistema de Gestión Policial (GEPOL).
Incluso, se detalla, que en once de estos casos, la PDI informó a los tribunales de justicia respectivos el cumplimiento de la medida de expulsión del territorio nacional, “sin que se haya acreditado su materialización”.
Además, señala que “se detectaron otros 17 casos donde la expulsión judicial, si bien se encontraba anotada en el citado aplicativo GEPOL, no fue posible verificar que efectivamente hubieran salido del país, al no registrar esas personas movimiento en el sistema de control migratorio”.
En paralelo, se determinó la existencia de 12 extranjeros que habían salido de distintas cárceles del país, por haber cumplido la condena o por una rebaja de la pena, sin que la PDI efectuara una denuncia ante el Servicio Nacional de Migraciones, para así resolver la expulsión durante la permanencia de aquellos en los recintos carcelarios, considerando la dificultad que presenta su ubicación una vez en libertad.
Mientras, que respecto a otros 47 extranjeros, de países como Venezuela, Colombia, Haití y Perú, que habían cumplido su condena y que tenían orden de expulsión administrativa, no fue posible verificar la materialización de ese proceso de salida del país.
Junto con instruir procedimientos disciplinarios en la PDI por estas deficiencias, la Contraloría derivó el informe a una serie de tribunales de garantía del país, a la Fiscalía Nacional y al Consejo de Defensa del Estado.
Los resultados se suman al revuelo que causó la semana pasada el hecho de que uno de los involucrados en la muerte del teniente de Carabineros, Emmanuel Sánchez, tenía una orden vigente de expulsión, desde hace cuatro años.
Se trata de Julio César González Vargas, de nacionalidad venezolana, que falleció en medio de la balacera ocurrida en la comuna de Quinta Normal, y según los antecedentes, ingresó a Chile en septiembre de 2020 por un paso no habilitado en la provincia de Tamarugal, en la región de Tarapacá.
Esto se suma al caso de uno de los sospechosos de haber participado en el secuestro del teniente venezolano Ronald Ojeda, quien según reveló la Fiscalía Sur, entró y salió de Chile en reiteradas ocasiones, pese a estar investigado por diversos delitos vinculados al crimen organizado.
Desde la Policía de Investigaciones confirmaron las observaciones de Contraloría asociadas al control migratorio de extranjeros, las que responderán en un plazo de dos meses.
En esa línea, desde la policía civil, indicaron a Mega Investiga, que están recopilando los antecedentes para corregir las falencias, además de iniciar un sumario administrativo con el fin de “determinar si hubo responsabilidades en la fiscalización de esta materia”.
/psg
