Eagle Pass (Texas), uno de los lugares más mortíferos en el límite entre EE.UU. y México, está repleta de cadáveres de inmigrantes que fallecieron intentando cruzar la frontera. La situación ha hecho que la ciudad no tenga más espacio en la morgue, mientras las autoridades denuncian la falta de recursos para lidiar con la crisis, así como los problemas psicológicos que está generando.

La migración a niveles récord ha provocado muertes sin precedentes en el condado de Maverick, una comunidad fronteriza que es la zona cero de la disputa entre Texas y la Administración de Joe Biden. Según un reporte publicado recientemente por The Washington Post, la mayoría de las víctimas se ahogan al intentar cruzar el río Bravo, mientras que en otras jurisdicciones mueren deshidratados al intentar cruzar las vastas y desoladas tierras del estado.

De acuerdo con el informe, hace unos años las autoridades recuperaban uno o dos cuerpos al mes, una cifra que en la actualidad es diaria y pasa desapercibida por la opinión pública estadounidense. Al menos 895 migrantes murieron cruzando a EE.UU. en 2022, el último año del que hay datos disponibles.

Infraestructura colapsada

En ese panorama, los rescates por parte de la Patrulla Fronteriza estadounidense ascendieron a 37.323 en 2023 en comparación con 2019, cuando socorrieron a 2.920 personas. La crisis migratoria ha colapsado la infraestructura de los rescatistas, que se han quedado sin bolsas para cadáveres y lugares de sepultura.

Previamente, el condado de Maverick solo había reservado 100.000 dólares para la manipulación de cadáveres de migrantes, pero acabará gastando más de un millón de dólares, dijo el fiscal local al periódico. Ante la situación, las autoridades se han visto obligadas a usar un remolque frigorífico, adquirido durante la pandemia del covid-19, para albergar a 28 cuerpos.

Asimismo, algunos de los fallecidos son enterrados sin que sus familias sepan qué les pasó, ya que la falta de identificación impide que sean notificadas. Los funcionarios del condado afirman que no tienen capacitación ni los suministros necesarios para poder recolectar muestras de ADN de cada persona no identificada, como exige la ley estatal.

Secuelas psicológicas en las autoridades

Por otra parte, la situación ha comenzado a afectar psicológicamente a los propios socorristas. «Llegué al punto en que los metía en las bolsas de cadáveres de manera que ya no tuviera que verles la cara», confesó el bombero y técnico en emergencias médicas Marcos Kypuros, quien en noviembre tuvo que rescatar a varios niños.

«Existe una sensación abrumadora de ‘¿qué vamos a hacer?’ Quieres asegurarte de que regresen con sus seres queridos, pero hay demasiada gente cruzando el río», expresó Jeannie Smith, jueza de paz encargada de registrar los decesos. «¿Dónde ponemos los cuerpos?», se preguntó.

La forma tosca y desorganizada con la que a menudo identifican y almacenan los restos aumenta la «indignidad» de las muertes y agrava la angustia de los familiares, que pueden esperar meses o incluso años hasta saber el destino de sus seres queridos, destaca The Washington Post.

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