Las expertas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Aua Baldé, Gabriella Citroni, Angkhana Neelapaijit, Grażyna Baranowska y Ana Lorena Delgadillo Pérez -integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias-, alertaron del “alarmante aumento” de las desapariciones forzadas en Venezuela antes de las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.
“Desde diciembre de 2023 se ha registrado un alarmante aumento en las desapariciones forzadas que afectarían a ciudadanos y ciudadanas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, asociación y participación en asuntos de interés público”, manifestaron las expertas de la ONU; al tiempo que subrayaron que, en su mayoría, las personas desaparecidas forzadamente son integrantes del principal partido político de la oposición y militares.
“Mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales en julio de 2024, estas desapariciones forzadas podrían tener un efecto disuasivo y obstaculizar el derecho de la población a votar libremente”, expresaron.
Y siguieron: “Estas detenciones prolongadas y en régimen de incomunicación equivalen a desapariciones forzadas. Las mismas parecen seguir un patrón según el cual las personas son privadas de libertad por las autoridades estatales, llevadas a centros de detención reconocidos y ahí privadas de sus derechos fundamentales como el contacto con el mundo exterior y el acceso a asistencia letrada”.
Luego indicaron que el hecho de privar a una persona de su libertad, seguido de la negativa a reconocer su detención u ocultar su suerte o paradero, la sitúa fuera de la protección de la ley. “Esto constituye una desaparición forzada, independientemente de la duración de dicha privación de libertad u ocultación”, consignaron las expertas del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas.
“Es crucial que se garantice sin demora información precisa sobre las personas privadas de libertad a cualquier persona que tenga un interés legítimo, como sus familiares y representantes legales de su elección”, detallaron; y agregaron: “El delito de desaparición forzada conlleva la violación de múltiples derechos humanos”.
Describieron, entre ellos, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la seguridad, y el derecho a no ser sometido a actos de tortura.
“También se violan los derechos fundamentales de los familiares de la persona desaparecida. En estas situaciones, a menudo son las familias de las personas desaparecidas quienes llevan la carga de buscar a sus seres queridos en centros de detención, donde no sólo se les niega sistemáticamente información sobre su suerte o paradero, sino también se les expone al riesgo de represalias”, dijeron las expertas.
“El Estado tiene la obligación de buscar y develar la verdad sobre las personas desaparecidas. La impunidad de estos crímenes socava la confianza en el Estado de Derecho y en las instituciones, y perpetúa un clima de miedo e inseguridad en la sociedad”, remarcaron.
Por último, las expertas instaron al régimen venezolano “a prevenir, erradicar y enjuiciar todo acto de desaparición forzada; a que proporcione información sobre la suerte y el paradero de las personas actualmente detenidas en régimen de incomunicación por el Estado, y a que les ofrezca todas las garantías legales, incluido el derecho a comunicarse con sus familiares y a recibir visitas de éstos, el acceso a asistencia letrada de su elección y el derecho a comparecer ante un tribunal competente para determinar la legalidad de su detención”.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias indicó que está en contacto con las autoridades en este respecto y ha expresado al régimen su disponibilidad para proporcionar cooperación y asistencia técnica, con vistas a garantizar que se respeten los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus familiares, y que cualquier caso de desaparición forzada se investigue de acuerdo con el derecho internacional.
María Corina Machado reclamó la liberación de dos dirigentes de su partido
La líder opositora María Corina Machado exigió este lunes la liberación del jefe de su partido Vente Venezuela, Henry Alviárez; y de la secretaria política, la ex diputada Dignora Hernández, al cumplirse 40 días de su detención, al tiempo que denunció que ni sus familiares ni sus abogados han podido verlos.
“Henry y Dignora están dedicados a lograr elecciones limpias y libres en Venezuela y tienen derecho a continuar haciéndolo en libertad, junto a nosotros, porque no han cometido delito alguno. Liberen a Henry y Dignora, permítannos verlos”, manifestó Machado.
Luego dijo que, desde su detención, el pasado 20 de marzo, a Hernández y Alviárez no se les ha permitido las visitas familiares y tampoco de sus abogados.
Por su parte, el abogado Omar Mora Tosta denunció que a Dignora Hernández y Henry Alviárez solo se les permitió una llamada telefónica después de ocho días de haber sido detenidos, y que, hasta la fecha, ha sido imposible juramentarse como su abogado defensor.
“Ahora sabemos quiénes se los llevaron, donde están, pero inexplicablemente, inclusive posterior a las denuncias que presentamos ante la Defensoría y la Fiscalía, Dignora y Henry permanecen aislados de sus familiares y abogados, ha sido imposible la juramentación como sus defensores de confianza”, indicó el letrado.
El domingo, varios dirigentes opositores venezolanos denunciaron la detención arbitraria de tres activistas políticos del estado Portuguesa, donde Machado llevó a cabo una multitudinaria actividad el pasado viernes de cara a los comicios presidenciales.
Partidos de la principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- informaron que fueron detenidos Ámbar Márquez, Víctor Castillo y Óscar Castañeda, simpatizantes de Machado y miembros del comando de campaña presidencial de la alianza antichavista.
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