Entre todas las dolorosas aristas asociadas al brutal asesinato de tres carabineros en Cañete el sábado 27 de abril, una de las más preocupantes es la descarada politización de la Fiscalía de Chile. La decisión del fiscal Xavier Armendáriz de solicitar un aplazamiento de la audiencia de formalización del general director de Carabineros Ricardo Yáñez es impropia en una institución que supuestamente debe ser autónoma e independiente del proceso político. Yáñez será formalizado por el delito de omisión relacionado con “apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio” que ocurrieron durante el estallido social de 2019. Si la Fiscalía se ha formado el convencimiento de que Yáñez es culpable de esos graves delitos, no hay justificación alguna para dilatar la formalización. A la Fiscalía no le corresponde hacer consideraciones sobre el impacto político de sus decisiones. Esa es una preocupación de la clase política, no de las instituciones autónomas cuyo mandato es perseguir las infracciones a la ley que se cometen en el país.
El doloroso y conmovedor asesinato del cabo primero Sergio Antonio Arévalo Lobo, cabo primero Misael Magdiel Vidal Cid y del sargento primero Carlos José Cisterna Navarro ha generado una comprensible demostración de simpatía hacia la institución de Carabineros de Chile. Aunque muchos chilenos siempre han tenido aprecio y respeto a la institución, es innegable que, en los últimos años, Carabineros vivió una grave crisis. El escándalo de corrupción, desafortunadamente llamado «Pacogate», que se inició en 2018, junto a las polémicas por la fallida operación antiterrorista, la operación Huracán, y el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca en 2019, golpearon duramente la reputación de Carabineros. Durante el estallido social, acusaciones de abuso y violaciones a los derechos humanos cometidas por Carabineros contribuyeron a dañar aún más la reputación de la institución. Muchas de esas acusaciones fueron realizadas de forma irresponsable e infundada por líderes políticos de izquierda y reconocidos periodistas e intelectuales.
En la campaña presidencial de 2021, el entonces candidato Gabriel Boric llamó a refundar a la institución de Carabineros. Ya como Presidente, en octubre de 2022, Boric repitió las acusaciones de que Carabineros había incurrido en abuso sistemático a los derechos humanos durante el estallido social (“el control policial de esos meses sobrepasó los límites de lo aceptable, hubo muertos, hubo abusos sexuales, hubo mutilaciones oculares y eso no puede quedar impune, y no se puede volver repetir”).
Durante los últimos dos años, en la medida que la percepción de inseguridad aumenta en el país, la percepción que tienen los chilenos sobre Carabineros se ha ido tornando mucho más positiva. Las encuestas muestran un fuerte apoyo de la opinión pública a la institución. Y las demostraciones de simpatía hacia Carabineros en las calles abundan. La gente parece haber olvidado los escándalos de corrupción y acusaciones de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Este cambio de postura en el sentimiento popular sobre Carabineros ha tenido consecuencias políticas. En meses recientes, ni el Presidente Boric ni altos funcionarios de su gobierno han repetido las acusaciones sobre violaciones sistemáticas a los derechos humanos presumiblemente cometidas por Carabineros. No sabemos si Boric todavía cree que Carabineros permitió abusos sexuales durante el estallido. Pero sí sabemos que Boric no tiene el coraje moral para reconocer que se equivocó al acusar a Carabineros o para demostrar el compromiso irrestricto con la defensa de los derechos humanos que él dice tener. Pero así es la política. Las posiciones y posturas de los políticos se mueven hacia donde sopla el viento de la opinión pública.
Lo que no es aceptable es que la Fiscalía haga lo mismo. La investigación que dirige el fiscal Xavier Armendáriz ha llevado a la Fiscalía al convencimiento de que el actual general director de Carabineros es culpable de delitos muy serios. Por eso es que la Fiscalía había anunciado la formalización de Ricardo Yáñez para los próximos días. El asesinato de los tres carabineros en Cañete ha llevado ahora al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, a anunciar que se retrasará la formalización de Yáñez. Pero la explicación que ha dado Valencia y lo que ha dicho la propia ministra del Interior, Carolina Tohá, por el retraso en la formalización no tiene ninguna razón jurídica. Si la Fiscalía cree que Yáñez es culpable de esos graves delitos, no hay motivo para demorar la formalización. Al contrario, la obligación de la Fiscalía debe ser apurar el juicio para lograr condenar a ese delincuente que, según la Fiscalía, es el Director General de Carabineros.
Ahora bien, si la Fiscalía no cree que Yáñez sea un delincuente, lo que corresponde es cerrar el caso y anunciar que no lo acusará. Pero como la Fiscalía hace rato que está haciendo política más que demostrando su independencia y autonomía en la persecución del delito, el fiscal Valencia no ha tenido pudor y ha dicho, con descaro, que la Fiscalía toma decisiones pensando más en las consecuencias políticas de esas decisiones que en cumplir su mandato de perseguir el crimen y lograr que la justicia condene a los delincuentes.
Por Patricio Navia, sociólogo, cientista político y académico UDP, para El Líbero
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