En el documento, documenta los principales retrocesos en 14 derechos, destacando el impacto de las políticas gubernamentales en la crisis.
Provea denuncia que más del 45% de los hogares enfrenta inseguridad alimentaria, pese a contar con salarios ínfimos de 4 dólares que no cubren necesidades básicas.
Solo el 16% tiene una dieta adecuada. Más del 50% destina casi todo el presupuesto a comida, mientras 45,2% padece inseguridad alimentaria.
De esta manera, la ONG visibiliza las consecuencias de la crisis socioeconómica sobre la población y las responsabilidades del mandatario en la vulneración de garantías como la alimentación.