El secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, convocó a cuatro expertos internacionales independientes para revisar la situación de los derechos humanos en Venezuela a través de la información pública y los datos suministrados por las víctimas, sus representantes legales y organizaciones no gubernamentales(ONG).
Santiago Cantón, Irwin Cotler, Manuel Ventura Robles y Joanna Frivet analizaron una muestra representativa de 183 casos notorios de violaciones a los derechos humanos-asesinatos, torturas, detención arbitraria y persecución política- y su conclusión fue el titulo del informe que presentaron en la sede histórica de la OEA: “Impunidad en Venezuela, luz verde para crímenes de lesa humanidad”.
Almagro inició la presentación del informe que tuvo como escenario el Salón de las Américas, en el primer piso de la sede de la OEA. A su lado, en una mesa sobre un estrado, se encontraban los expertos independientes Cantón, Cotler, Robles y Frivet.
“El trabajo es durísimo. Es el trabajo mas duro que hay que realizar desde la Secretaria General. Nos queda mucho trabajo por delante. Este es un momento de alta represión en Venezuela, donde siguen ocurriendo las torturas. Los crímenes de lesa humanidad son moneda corriente en el país. Necesitamos detener los crímenes de lesa humanidad”, enfatizó Almagro.
Y remató: “Este no es un tema ideológico, es un tema consustanciado con los valores de justicia. Necesitamos que haya justicia en Venezuela. Un país sin justicia, es un país sin futuro”.
A continuación, Santiago Cantón agradeció la voluntad política de Almagro para sostener la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro, y describió las dificultades que se superaron en el tiempo para exhibir la lógica dictatorial de Venezuela.
Cantón es presidente del Panel de expertos convocados por la OEA, y su experiencia en derechos humanos es reconocida en todos los foros internacionales. “El objetivo del informe fue demostrar que dentro de la justicia penal venezolana no se está avanzando para encontrar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad”, sintetizó Cantón.
Tras las precisiones de Canton, que completaron sus colegas Robles y Frivet, se dio paso a testimonios de víctimas de la represión ilegal que se ejecuta en Venezuela por orden de Maduro.
-Olga González recordó a su esposo Leonardo, que fue asesinado el 27 de julio de 2017. González contó que su esposo trabajaba en un supermercado. Fue una protesta y ante una situación de peligro inminente escapó en su auto junto a un joven que también estaba en la marcha. Fueron sorprendidos por 30 agentes policiales que los persiguieron y dispararon veintiuna vez. Una munición entró por la espalda de Leonardo, quien murió a pocos metros de su casa. “Allí lo único que hubo una ejecución extrajudicial. Allí hubo una masacre. Hubo un asesinato”, dijo Olga González frente al Panel de expertos.
-Jesus Alemán era dirigente de estudiantil y fue secuestrado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Cuando fue capturado lo quisieron ejecutar a sangre fría, pero el cartucho quedó trabado en el cargador. Luego -ya detenido en la base territorial del SEBIN- recibió torturas: “Después de cada golpe, se reían. Me mojaban en el suelo, y me daban descargas eléctricas en la espalda y en el tórax”, describió ante los expertos convocados por la OEA. Al final, pudo exilarse. Pero su vida quedó condicionada por la tragedia sufrida. De noche se despertaba sobresaltado: “No sabía si estaba muerto o en una pesadilla”, reveló.
-Nixon Leal, ex preso político y sobreviviente de torturas. Lo secuestraron, lo encapucharon, y le tiraban insecticida y gas lacrimógeno, que le provocó un paro respiratorio. “Un día me clavaron chinches en las uñas de mis dedos de las manos. Una amarilla, una azul, y una roja. Quise suicidarme. Traté de ahorcarme con mi propio sweater. Peor no lo logre: estaba esposado”, describió ante los expertos internacionales.
El informe es minucioso, tiene 46 páginas y desnuda la responsabilidad política de Maduro. En un régimen vertical, los ordenes se ejecutan de arriba hacia abajo, y la connivencia delictiva y el encubrimiento es el único código vigente al momento de evitar una sanción penal por haber cometido crímenes de lesa humanidad.
Este manual de estilo de las dictaduras aparece descripto -sin eufemismos- en el informe de los cuatro expertos independientes convocados por la OEA: “La política inequívoca del Estado venezolano de proporcionar impunidad a los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad, también los ha alentado a continuar sus ataques sistemáticos contra los actores de la sociedad civil en Venezuela, ya que no tienen temor a represalias”, sostiene el dossier presentado hoy en Washington.
Al tomar esa muestra paradigmática de 183 crímenes de lesa humanidad, El panel de expertos independientes aporta conclusiones que permiten entender cómo funciona el régimen venezolano.
“La revisión de una muestra representativa de los casos más notorios de crímenes de lesa humanidad de asesinato, tortura, encarcelamiento y persecución, ocurridos en Venezuela desde 2014, reveló que el Estado venezolano solo concluyó 12 juicios de 183 casos, lo que representa un alarmantemente escaso 6%, perteneciente a incidentes que ocurrieron desde 2017″, describe el informe.
Los expertos realizaron una descripción porcentual entre los delitos cometidos y su resolución judicial. Y las conclusiones siempre remiten al mismo lugar: Maduro controla al estado y evita sanciones penales contra su aparato represivo.
“El análisis efectuado por el Panel ( los expertos) de 76 casos de asesinatos ocurridos en Caracas y Carabobo desde 2014, reveló una muestra atroz de negligencia judicial y fracaso sistémico, siendo una cruda realidad que: el 84,2% de los casos siguen bajo investigación y la abrumadora mayoría de estos (69,7%) permanecen en un limbo procesal”.
Y a continuación presenta un caso testigo que exhibe la impunidad del gobierno venezolano:
“El Panel desea resaltar el caso de Fernando Alberto Albán Salazar, un político del partido político opositor Primero Justicia, quien fue detenido el 5 de octubre de 2018, y acusado de intento de asesinato contra el Presidente Maduro. Albán, supuestamente se arrojó por la ventana de un baño del décimo piso de una sede del SEBIN(…) Según refirió el abogado de Albán, el baño desde el que presuntamente saltó no tiene ventanas, y el resto de las ventanas del SEBIN están siempre cerradas”.
“Responsabilidad interna por casos de tortura”, dice un subtítulo del informe de la OEA para describir cómo funciona el Poder Judicial cuando ya se ha tomado la decisión política de encubrir.
Y a posteriori se lee: “El Panel debe subrayar, con profunda indignación, los casos en los que la Fiscalía venezolana ha mostrado un flagrante desprecio por la justicia. Cabe destacar que en los casos de Juan Pablo Pernalete Llovera, un joven de 20 años herido de muerte por una bomba lacrimógena en Caracas, y el de Rubén Darío González, un joven de 16 años baleado sin piedad por la GNB en Carabobo, la falta de ejecución de las órdenes de aprehensión contra actores estatales identificados, evidenció una confabulación para procurar impunidad”.
A lo largo del dossier también se tratan los casos de detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y persecución política, a pocos meses de las elecciones presidenciales. “La continuidad política de represión en Venezuela desde al menos 2014, que ha recibido una amplia condena internacional por parte de diversos organismos, se deriva de una práctica sistemática, generalizada y continua de estigmatización de la disidencia”, estableció el informe de los expertos convocados por el foro regional.
Y añade: “María Corina Machado, principal candidata presidencial de la oposición, en julio de 2023, fue hostigada en La Guaira y en Petare, por paramilitares del gobierno armados, que actuaban en nombre del Estado (colectivos)”.
Al promediar el reporte, los expertos Cantón, Cotler, Ventura Robles y Frivet describen la sistemática violación a los derechos humanos vinculada a la actividad política opositora.
Los expertos aseguran que “la brecha de impunidad existente en Venezuela ha facilitado, en general, la comisión continua de crímenes de lesa humanidad, y en particular, de crímenes de persecución y encarcelamiento, sobre todo en contra de todo aquel que sea percibido como disidente político, intensificando así la injerencia y la represión electorales en vísperas de las elecciones venezolanas de 2024″.
En la foja 37 del informe, con el título de Hallazgos, los cuatro expertos unen todas las piezas investigativas para demostrar que Maduro maneja la represión ilegal, encubre a las fuerzas de seguridad e inteligencia y resuelve desde sus despacho cómo se mueven las causas en contra de su gobierno.
Estas son las conclusiones del informe sobre Venezuela que se presentó en la OEA:
– “El Estado venezolano no ha investigado ni ha procesado a ninguno de los responsables de nivel medio o alto por los crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014.
-Existe una impunidad generalizada de facto para todos los crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento, persecución y violencia sexual ocurridos en Venezuela desde 2014.
-No se han tomado medidas investigativas en el 83,6% de todos los casos de tortura analizados por el Panel.
-Las sentencias en los casos en que hubo condenas no reflejaron el alcance real de gravedad, no contemplaron el contexto más amplio dentro del cual ocurrieron los hechos, no tomaron en cuenta la participación generalizada de entidades y actores estatales.
-Existe una marcada falta de transparencia en el Poder Judicial venezolano, caracterizada por la falta de acceso a los archivos o registros judiciales y la obstaculización deliberada al acceso de las víctimas a los expedientes.
-Las víctimas no sólo se ven privadas de mecanismos de protección a nivel interno. Venezuela ha cerrado sistemáticamente la posibilidad de que las víctimas recurran a mecanismos de protección a nivel internacional”.
Finalmente, el Panel de expertos recomendó que el CPI se aboque a investigar a los niveles más altos del régimen de Maduro y que la Secretaría General de la OEA “continúe monitoreando la comisión de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos cometidos en Venezuela”.
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