El 9 de septiembre de 2010, cuatro diputados tomaron una decisión radical: entraron como visitas a la cárcel de Temuco y salieron como huelguistas de hambre. Entre ellos estaba Manuel Monsalve (PS), ahora subsecretario del Interior. ¿La razón de la drástica medida? solidarizar con 38 comuneros mapuches que estaban en ayuno hacía 60 días, pedir que no se les aplicara la Ley Antiterrorista y que se instalara una mesa de diálogo con el Gobierno. Entre ellos estaba el recientemente condenado a 23 años de cárcel, Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
«Si no hay diálogo, se está condenando a muerte a los comuneros que están en huelga de hambre», decía por ese entonces Monsalve, quien el martes no comentó la condena de Llaitul, así como tampoco lo hizo el 22 de abril, cuando lo encontraron culpable. Sí se refirió a Llaitul cuando lo detuvieron en agosto de 2022 y la CAM llamó «a continuar y comenzar nuevos procesos de recuperación en contra del gran capital, a través de un verdadero control territorial». En esa oportunidad, el subsecretario dijo que «vamos a usar todas las capacidades que tenemos para garantizar condiciones de seguridad. Al frente hay alguien que no quiere esas condiciones de seguridad y por lo tanto a nosotros nos parece que el mejor mecanismo para que eso no siga ocurriendo es que las personas que cometen esos delitos sean detenidas y procesadas«.
No fue el único que endureció su postura con Llaitul: en 2011 la actual ministra del Interior, Carolina Tohá, criticó que se le hubiera condenado a 25 años de cárcel por homicidio frustrado contra el fiscal Mario Elgueta (ver abajo), pero el lunes aplaudió los 23 años que el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco le dio por los delitos de usurpación violenta, hurto simple, robo de madera, atentado contra la autoridad y Ley de Seguridad del Estado.
Su castigo fue el segundo más alto relacionado a crímenes en la Macrozona Sur, luego de los 32 que recibió el asesino del carabinero Eugenio Nain, Luis Tranamil (ver nota aquí).
Monsalve: “Una demanda histórica”
Los diputados que protagonizaron la llamativa manifestación, fueron los entonces miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Sergio Aguiló (PS), Tucapel Jiménez (PPD), Hugo Gutiérrez (PC) y Monsalve. Ese mismo día, apenas se acabó el horario de visitas, fueron desalojados a la fuerza por parte de Gendarmería (ver video).
«Esto tiene que ver con una demanda histórica, al margen de la Ley Antiterrorista. Aquí hay una demanda de reconocimiento, y negar el diálogo es negar el reconocimiento del pueblo mapuche», dijo el entonces diputado, que junto a sus colegas, se trasladaron a seguir la huelga de hambre en la sede regional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
“Irresponsables” y “populistas” fueron algunos de los adjetivos que les dedicó parte del entonces oficialismo durante los casi cinco días que duró su huelga, mientras que otros entonces diputados DC, Fuad Chahín, René Saffirio y Mario Venegas afirmaron «no compartir» la medida de presión.
Los parlamentarios decidieron bajar la huelga luego de conversar con quien fuera obispo de Temuco, en el marco de la designación del ex arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, como facilitador del diálogo entre el Ejecutivo y los mapuches.
Llaitul estaba en prisión preventiva desde julio de 2009 por el atentado contra el fiscal especial Mario Elgueta.
La condena previa a Llaitul que Tohá dijo que era «difícil de entender»
Antes de la huelga, Monsalve, la actual ministra del Interior, Carolina Tohá, y varios representantes de la ex Concertación, firmaron una carta apoyando a los huelguistas “por haber sido juzgados por la Ley Antiterrorista tanto en tribunales civiles como militares”.
En ese tiempo, Tohá era presidenta del Partido por la Democracia (PPD) y el 11 de septiembre, decidió ir a visitar a los comuneros en huelga. “Estoy segura que si Salvador Allende estuviera vivo, estaría buscando una salida para esta huelga también. Estaría buscando un camino para que Chile avance y se reconozca como un país multicultural. Ese es el homenaje que tenemos que hacerle hoy”, dijo a radio Bío Bío. En esa oportunidad, la ministra fue insultada por los familiares de los huelguistas. Ese día, Tohá reconoció como “un error” el que el gobierno de Michelle Bachelet hubiera invocado la Ley Antiterrorista contra los manifestantes.
Seis meses después, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete condenó a Llaitul a 25 años de cárcel (10 años y un día de presidio por robo con intimidación, más 15 años y un día por homicidio frustrado en contra del fiscal Elgueta y de lesiones graves en contra de personal de la Policía de Investigaciones).
Posteriormente, su pena fue rebajada a 14 años, luego a 10 y finalmente a 5 años.
La condena de 2011 fue cuestionada por la actual titular de Interior el 22 de marzo de ese año en su cuenta de Twitter, y lo comparó con el caso del asesinato de Matías Catrileo, donde el carabinero que le dio muerte, fue condenado por la Corte Marcial a tres años y un día de libertad vigilada por el delito de violencia innecesaria. En 2015 la Corte Suprema (2015) confirmó la medida y el Estado fue sentenciado a pagar una indemnización de $130 millones a la familia del joven.
No obstante, el lunes Tohá se mostró conforme con los 23 años de cárcel para Llaitul:
La huelga de hambre donde estaba Llaitul y que generó la adhesión del subsecretario
La medida de presión, que fue adherida por Llaitul, comenzó con 38 comuneros en huelga en diferentes penales del país, pero de a poco ese número fue disminuyendo. Del total, sólo uno de los mapuches había sido condenado y 31 estaban investigados por Ley Antiterrorista.
El condenado era Lorenzo Alex Curipán, quien recibió una pena de cinco años de prisión por el incendio de un terreno de la forestal Mininco.
Entre los huelguistas indagados por la polémica ley, estaba Mauricio Huaiquilao, imputado en 2008 por el incendio de una casa patronal, un galpón, la lechería y vehículos en el fundo Santa Rosa de Vilcún, propiedad de Eduardo Luchsinger. Asimismo fue acusado de homicidio frustrado y amenazas terroristas, pero fue absuelto por Ley Antiterrorista, como varios otros del grupo. No obstante, también fue uno de los cinco comuneros que autoridades colombianas reconocieron como parte de un grupo de chilenos que recibió preparación paramilitar en la frontera de Ecuador y Colombia.
Otro huelguista fue Luis Tralcal Quidel que posteriormente, en 2013, fue condenado por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay.
También estaba Pablo Canío Tralcal, miembro de la CAM cuya condena a 15 años de cárcel generó la furia de Llaitul en 2020, quien ese mismo día, mientras se leía la condena, dijo: “Después no se quejen de las acciones de resistencia (…) nosotros vamos a responder como organización todos los días que nuestros peñis estén en la cárcel”. Hubo 54 atentados después de sus palabras.
Su hermano, Daniel Canío Tralcal, también fue huelguista y en 2020 fue condenado a 15 años por el ataque al fundo Oyama, Lautaro, en octubre de 2018.
Otro de los manifestantes era Marco Millanao Mariñan, que sería -junto a Tralcal Quidel- uno de los líderes de la orgánica Weichan Auka Mapu (WAM), descolgados de la CAM.
Ramón Llanquileo Pilquiman también figura en este grupo. El hermano de un ex CAM y de una exconvencional de la Lista del Pueblo fue condenado a 21 años por robo con violencia calificado, porte de armamento de guerra y lesiones a carabinero durante un asalto a una caja de compensación en Galvarino.
El hijo del líder de Temucuicui, Víctor Hugo Queipul Millanao, también hizo ese ayuno. Queipul fue detenido en 2021 por porte de drogas. Camilo Toris Quillanao, también de Temucuicui, fue detenido y condenado en 2012 por robo con violencia en un liceo. En 2013 se condenó al exhuelguista Fernando Enrique Millacheo Marín, por el asalto a un fundo.
En tanto, el huelguista Luis Marileo Cariqueo, murió baleado por el dueño del fundo «El Encino» cuando repelía en 2017 el asalto a su propiedad.
Original de El Líbero
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