Desde el 2021 y hasta el año pasado, según cifras de la Policía de Investigaciones (PDI) más de 150 mil personas han ingresado al territorio nacional a través de pasos no habilitados. De este total, sin embargo, el menor número entró durante el 2023, según las cifras de la policía civil.
En total, de las 154.696 personas de las que se tiene registro que ingresaron a través de pasos fronterizos no regulares, 44.235 lo hicieron durante el año pasado. La cifra, que fue dada a conocer en un oficio enviado por el director general de la PDI, Eduardo Cerna, a la Comisión de Seguridad de la Cámara, refleja una disminución de un 17,8% respecto de 2022.
La estadística, obtenida a partir de la suma de denuncias y autodenuncias de personas que entraron por pasos no regulados, muestra que durante el 2022 se registraron 53.875 ingresos de personas. La cifra reportada, respecto al año pasado también refleja una diferencia de 12.353 casos menos en comparación al 2021, año en el que hubo 56.586 personas que entraron al territorio nacional de forma irregular (ver infografía).
El oficio enviado por el jefe de la policía civil responde -según el mismo documento establece- a que la PDI es la institución encargada de llevar el control migratorio, fiscalizar la legalidad de la estadía de las personas migrantes y de denunciar ante el Servicio Nacional de Migraciones las infracciones migratorias y de ejecutar las expulsiones, de las cuales también dieron cuenta a la comisión que les requirió las cifras.
Las razones de la caída
La disminución de 9.641 personas que accedieron de manera irregular al país el año pasado, a diferencia del 2022, a juicio del director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, “es consecuencia de las decisiones que ha tomado el gobierno en materia de fortalecer el control de frontera, de enviar señales claras respecto de que se va a sancionar el ingreso irregular y ciertamente también del incremento en los procedimientos de reconducción”.
En ese sentido, Thayer enfatiza que los números demuestran que se va en buena dirección. “Nos pone en buen camino”, resaltó. Sin embargo, agrega, “es una cifra que nos mantiene todavía trabajando puesto que el descenso tiene que ser aún mayor”.
El presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, instancia que requirió las cifras a la PDI, diputado Andrés Longton (RN), dice no ser tan optimista con los datos, apuntando a que la disminución tiene que ver con “la presencia del ejército en las fronteras, lo que aprobamos en el Congreso y que permitió que desde el año pasado tengan presencia activa en esa zona, sin perjuicio de que la sola presencia en insuficiente ya que igualmente pueden entrar y quedarse en Chile ante la falta de gestión del gobierno para poder reconducir a Bolivia a ciudadanos no bolivianos”.
A pesar de la caída, el número de personas que ingresan a través de pasos no habilitados, también en cifras anteriores de la PDI, dan cuenta que el 2018 ingresaban 6.310 personas al año. El 2019, esa cifra aumentó a 8.048. Un año después, hay un salto a 16.848 y el 2021 esa tendencia llega a los más de 56 mil ingresos por pasos no habilitados.
En esa línea, el exdirector del Servicio de Migraciones, Álvaro Bellolio, explica que los últimos tres años “son el mayor ingreso de personas clandestinas en la historia de nuestro país. Como contexto, entre los años 2018 a 2021, 48 meses, entraron ilegalmente 88 mil extranjeros, en cambio en el periodo 2022 a marzo 2024, 27 meses, el numero asciende a 105 mil”.
Bellolio, quien encabezó el organismo durante el gobierno pasado, también sostiene que la disminución en los ingresos por pasos no habilitados se da por la presencia de FF.AA. y por el aumento en el presupuesto al control fronterizo y para expulsiones.
¿Una cifra negra?
Pese a que existe una disminución considerable en los ingresos clandestinos, respecto a los últimos tres años, quienes conocen de la materia apuntan a que también existe una “cifra negra”, es decir, gente que no es ni denuncia ni se ha autodenunciado a pesar de ingresar de manera irregular al país.
Bellolio apunta a que “existe un número de extranjeros, usualmente asociados al crimen organizado o en lugares muy rurales, que no están registrados, pero usualmente al ocupar servicios en Chile como salud, educación u otros, se termina teniendo algún dato administrativo”.
En esa línea, el director Thayer la principal solución ante aquello “es aumentar las capacidades de las policías para poder fiscalizar de mejor manera, tener más inteligencia policial para poder detectar a las personas que están en situaciones irregulares, para iniciar los procedimientos sancionatorios. Son todas líneas en las que efectivamente se está trabajando”.
Para el diputado y presidente de la comisión que solicitó la información a la PDI, hay múltiples medidas que tomar. Lo primero, a su juicio, es “tipificar como delito el ingreso irregular por paso clandestino”, seguido de “crear centros de detención provisorios mientras se concreta su expulsión”. Además de eso, la autoridad asegura que hay que “ponerse firme con Bolivia para reconducir (…) extender la zanja en las fronteras y establecer un mecanismo más eficiente a largo plazo que podría ser un muro. Por último, crear una policía militar especializada”.
También existe un fenómeno que refleja las cifras entregadas por la PDI y es que según el reporte, las denuncias van a la baja, mientras las autodenuncias han aumentado. Si el 2021 se registraron 39.534 denuncias, ese registro durante el año pasado llega a 20.773. En caso opuesto, hace tres años se hubo 17.052 autodenuncias de ingresos clandestinos, mientras que el 2023 esa estadística aumenta a 23.462.
Para el director de Migraciones, el aumento en las autodenuncias “probablemente se debe al hecho de que desde el gobierno se hizo el llamado a propósito del proceso de empadronamiento a que las personas se acercaran a la policía de investigaciones y realizaran sus autodenuncias”.
Más expulsiones
Donde también se nota un peak en las estadísticas relacionadas a los flujos migratorios es en las expulsiones, de las cuales también dio cuenta el oficio de la PDI al Congreso.
Según reporta el informe firmado por el director general, durante el 2023 se realizaron 339 expulsiones administrativas, es decir, ordenadas por el Ejecutivo -a través de Migraciones-, sin considerar las decretadas por el Poder Judicial. La cifra revela un aumento considerable respecto a la misma medición del 2022, cuando se concretaron 31 expulsiones administrativas.
A pesar de aquello, el número de expulsiones concretadas durante el año pasado también es superior a las de 2021, cuando hubo 246 personas expulsadas. “Como comparación, el año 2019 se expulsaron 566 extranjeros administrativos, y con un 30% del presupuesto que actualmente ocupa Migraciones para deportar. Acá hay un problema grave, y más allá que en promedio, al año, se expulsaban 1.700 extranjeros entre judiciales y administrativos en el periodo 2018 a 2021 y desde el 2022 el promedio anual no supera los 1.000 casos al año”, sostiene Bellolio.
En esa línea, el exdirector concluye que el gran problema “es la lógica que el resto de aquellos que ingresan ilegalmente, si se consiguen un contrato de trabajo, no tendrán una sanción y no se cumplirá la norma legal que establece que debe abandonar el país”.
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