El domingo venció el plazo extendido que dio la Corte Suprema para poner en marcha el fallo sobre tabla de factores que ha tenido en jaque a las isapres desde que fue dictado en noviembre de 2022. Y finalmente este lunes el Congreso despachó la ley corta de isapres, que busca poder aplicar dicho fallo sin que caiga el sistema privado de aseguradoras.
Hace un par de semanas, el superintendente de Salud, Víctor Torres, actualizó el monto de la deuda que tienen las isapres con sus afiliados producto de este fallo. En concreto, el 3 de mayo el regulador explicó a los parlamentarios que son $1.168.588 millones (el equivalente a unos US$1.255 millones) los que las isapres deberán devolver a los usuarios.
En todo caso, ese fue un cálculo hecho según la información de las isapres que tuvo a la vista el regulador a noviembre de 2023, y con estimaciones a mayo de 2024, es decir, ese monto debería cambiar de aquí a que las isapres efectivamente modifiquen la tabla de factores a toda su cartera de afiliados. Además, el superintendente puntualizó que no son valores precisos y exactos, los que recién estarán cuando se aplique la sentencia, pero señaló, en todo caso, que este orden de magnitud permite conocer la dimensión de la deuda.
En esa presentación también mencionó cuál era el monto a devolver por cada aseguradora, pero solo se especificaba de manera innominada, es decir, sin mencionar a qué isapre correspondía cada cantidad adeudada.
Pulso La Tercera pudo acceder al detalle de esa información. De allí se desprende que Cruz Blanca es la isapre que tendrá que hacer la mayor devolución a sus afiliados, pues sumaba una deuda de $294.315 millones (unos US$316 millones), lo que equivale a un cuarto del total del sistema. Si bien la aseguradora controlada por el grupo inglés Bupa se ubica actualmente en el cuarto lugar en número de cotizantes del sistema (tenía 279.387 a marzo de este año), muchos de sus contratos tienen tablas de factores antiguas, que se verían beneficiados con el cambio en la tabla de factores.
En el segundo lugar se ubica Colmena, con una deuda de $260.658 millones a noviembre (cerca de US$280 millones). En todo caso, hay que considerar que esta es la isapre que tiene más cotizantes en el sistema (400.302 a marzo).
En el tercer lugar se sitúa Banmédica, con una devolución por $230.669 millones (equivalente a US$248 millones). De hecho, la isapre controlada por UnitedHealth Group, es la segunda aseguradora con más cotizantes del sistema (sumaba 359.927 a marzo). De esta manera, las isapres que ocupan los tres primeros lugares acumulan dos tercios de la deuda total.
Por su parte, en el cuarto lugar aparece Consalud, con una deuda de $197.091 millones (US$212 millones). Más atrás están Vida Tres, con $85.838 millones (US$92 millones) y Nueva Masvida, con $83.155 millones (US$89 millones). En tanto, Esencial registró una deuda de solo $1.569 millones (US$1,7 millones), ya que no le afecta el cambio de tabla de factores, sino más bien solo el no cobro a menores de dos años, por ser la más nueva en el sistema.
En todo caso, las isapres que tienen más deuda no necesariamente implica que sean las más complicadas financieramente, advierten los expertos. Un punto a considerar es que la deuda que tiene cada isapre está en parte asociada al tamaño de cada aseguradora. Si bien las isapres que tienen más cotizantes probablemente tendrán que devolver montos mayores, también es cierto que al tener más afiliados en sus carteras, recibirán mayores ingresos al hacer el incremento de hasta un 10% en su prima que les permitirá la ley corta.
Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública UNAB, cree que hay que mirar de manera individual a cada isapre. Afirma que “indudablemente las isapres que tienen más deuda son, en general, las más grandes y, en algunos casos, las que además tienen la mayor diferencia entre el valor de la tabla de riesgo que deben aplicar según la circular de la SIS y las tablas que utilizaron para calcular los precios antes del fallo de la Suprema. Por lo tanto, se dan dos dimensiones que actúan copulativamente: el monto de deuda a pagar y los menores ingresos mensuales que recibirán a partir de la fecha de aplicación del fallo 1 de septiembre 2024″.
Sin embargo, Sánchez plantea que hay otras variables que se deben considerar para evaluar la situación en que se encuentra cada isapre, como la capacidad de la empresa para hacer aportes de capital; espacios y capacidad para bajar costos, principalmente en prestaciones y licencias médicas; estrategias para sostener bajos precios con mayor eficiencia; competitividad de la isapre y su marca; y si están o no integradas verticalmente.
En general los expertos ven que esto hay que sopesarlo con varios factores, entre ellos, la baja de ingresos que generó el fallo GES, y cómo eso se logra o no compensar con el alza de hasta 10% en los planes de salud que podrían hacer las isapres, sumado a la eventual salida de afiliados jóvenes que se podría producir.
A eso se refiere, por ejemplo, el exsuperintendente de Salud, Patricio Fernández: “El fallo GES es determinante, porque el principal problema es la disminución actual de ingresos. En este caso Cruz Blanca se ve muy afectada y luego Consalud. De igual manera, esas isapres traen un problema estructural financiero que se extiende desde hace dos años, por lo menos”, comenta.
Fernández agrega que “la deuda, sin duda, va a impactar en el flujo a largo plazo, pero el problema es ahora y probablemente se va a agudizar con la implementación de la nueva tabla de factores. Es decir, es prácticamente imposible que esas isapres no incurran en incumplimiento de indicadores si no hay una decisión de aumento de capital de sus controladores”.
Además, señala que, “una vez implementado el fallo, hay que analizar el comportamiento de los más jóvenes, que podrían decidir abandonar la isapre y migrar a Fonasa, acentuando mas aún el desequilibrio”.
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