Más que referirme al impacto en la salud chilena de la ley corta de isapres, lo que abordé en una columna en otro medio que titulé “Oxígeno para la salud privada”, me interesa aquí un análisis político de las lecciones que deja a la oposición el comportamiento del gobierno y la izquierda en la tramitación de este importante proyecto.
La eliminación de las isapres estaba en el programa de gobierno. Basados en ello, y con la actuación coadyuvante del ministro de la tercera sala de la Corte Suprema Sergio Muñoz, quien con su activismo judicial falló sistemáticamente contra el texto de la ley y configuró una supuesta deuda de las isapres que quebraba la industria, los sectores más radicales vieron la oportunidad para instalar de facto un monopolio estatal en los seguros de salud. Ello pese a que no contaban con los votos necesarios para aprobarlo por ley.
Pero lo que no estaba en los cálculos de esa izquierda dura al propiciar este comportamiento tramposo para con la institucionalidad, es que un colapso de las isapres creaba una crisis sistémica en la salud chilena que amenazaba con un problema político de proporciones al gobierno de Boric. Tres millones de personas desatendidas, que no podría absorber satisfactoriamente Fonasa, más de cien mil enfermos graves que si interrumpían sus tratamientos o se sometían a listas de espera podían enfrentar la muerte, eran parte de esas consecuencias. Aún así, el Ejecutivo esperó hasta el último día para asegurar las mayorías necesarias para aprobar una ley que, sin consolidar el sistema privado, al menos evitaba su quiebra generalizada en los próximos dos o tres años. Los votos de la derecha y la oposición en general estuvieron siempre para un acuerdo. El gobierno de Boric se empeñó entonces al final en lograr los votos oficialistas, eludiendo así una crisis que habría significado el fracaso definitivo de su administración.
Queda sin embargo un sabor de boca amargo. Cierta izquierda está dispuesta a pagar costos enormes para imponer el monopolio estatal socialista en nuestro país. Decenas de miles de vidas humanas en los cálculos más moderados, e incluso la muerte política del gobierno de Boric. Adicionalmente, debe mencionarse que la estrategia que prevaleció en la negociación de la ley fue exprimir hasta el extremo a las aseguradoras privadas. No se rebajó la supuesta deuda de las isapres, pese a que dos estudios, uno de técnicos nominados por el Senado y otro de la FEN de la Universidad de Chile, establecían montos de dos tercios y la mitad del monto calculado por la Superintendencia a partir del fallo de la Corte Suprema. No se respetó el acuerdo del Senado al no acoger la propuesta de técnicos nombrados en conjunto. No queda asegurada la subsistencia del seguro privado en el largo plazo.
La oposición debe sacar lecciones en las negociaciones que vienen en materia de pensiones e impuestos y otras. El oficialismo no cederá graciosamente nada en aras de llegar a un acuerdo. Sólo lo hará si conviene a su propio interés y al avance en su proyecto socialista.
Pero una cuestión que quedó zanjada en todo este episodio, y que confirman encuestas realizadas en vísperas de la votación de la ley corta, es que definitivamente la mayoría de los chilenos rechaza el monopolio estatal, lo que se aplica tanto a pensiones como a salud.
Así, la reorganización de la industria de AFP, que entrega al Estado la recaudación de cotizaciones y la intervención preferente en el mercado de capitales, tampoco cuenta con apoyo popular. En el caso de las pensiones, por otra parte, no existe y sería impensable la ayuda del activismo judicial para establecer monopolios estatales. La voluntad popular es mayoritariamente favorable a que cualquier cotización adicional vaya a cuentas individuales y por supuesto, a que se aumente la PGU. La oposición puede perfectamente afirmarse en una estrategia de apoyo al aumento de la PGU y aumento de cotización a cuentas individuales. Si esta última parte no es aceptada por el Ejecutivo, simplemente debe rechazarse la propuesta que destine cotizaciones a reparto y lograr las mayorías parlamentarias para aprobarlas en una próxima legislatura.
En el caso del aumento de la recaudación tributaria, rebautizada ahora como pacto fiscal (¿quiénes concurren a ese pacto?), la ciudadanía desconfía del manejo que el gobierno hace de los recursos públicos luego de los numerosos ejemplos de despilfarro y robo que hemos visto en los últimos años. Recursos para tratar cuestiones urgentes habrán de revisarse en su mérito y someterse a las mayorías parlamentarias y no aprobarse como un paquete. La oposición no puede olvidar que el gobierno no cuenta con las mayorías necesarias para imponer sus proyectos socialistas. Sería imperdonable que lo hiciera con el concurso de votos opositores. Y a las alegaciones acerca de una oposición obstruccionista habrá que contestar con la verdad: más obstruccionista que la oposición han sido las propias bancadas oficialistas. Incluso en el caso de proyectos para combatir la criminalidad, aunque eso es materia de otra columna, los obstruccionistas están sentados en La Moneda.
Por Luis Larraín, economista, para El Líbero
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