El Tribunal Superior de Bogotá ratificó el martes una condena de más de 19 años de cárcel contra cuatro miembros de la llamada «primera línea», por los disturbios registrados durante las manifestaciones ocurridas en el marco del estallido social en Colombia entre noviembre de 2019 y febrero de 2020.
En un fallo de 85 páginas el tribunal confirmó los cargos de concierto para delinquir, terrorismo, violencia contra servidor público, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público contra Wilson Reinel Moreno, Justo Ernesto Villarraga, Érika Lorena Flórez y Greissy Alexandra Perilla.
La decisión con ponencia del magistrado Jaime Andrés Velasco, consideró que los señalados fueron partícipes de los hechos ocurridos entre noviembre de 2019 y febrero de 2020 en Bogotá.
En la diligencia, el magistrado dio crédito a las pruebas presentadas por la Fiscalía, entre las que se encontraban, interceptaciones telefónicas y en las que se logró establecer que los jóvenes sostuvieron reuniones con ex miembros de la guerrilla de las FARC.
Moreno, «alias Martin o Negro desarrollaba la guerra de 4ª generación, ‘lucha de masas’ en cumplimiento del plan de la Segunda Marquetalia, organizado y creado por las disidencias de las FARC, grupo de personas que pertenecieron a las extintas FARC, y que decidieron dejar a un lado los acuerdos de paz, para retomar las armas, esos grupos al margen de la ley, diseñaron un plan estratégico de movimientos de masas en zonas urbanas llamándolas uniones solidarias», se lee en el fallo.
En la diligencia, el magistrado además señaló que «Florez Durán fue la coordinadora y estructuradora para entrenar a los jóvenes en las universidades, ¿y para qué los iban a entrenar? ¿para jugar fútbol, jugar ajedrez, tocar un instrumento? No, los entrenaban para infiltrarse de forma violenta en las manifestaciones como sucedió».
De acuerdo con el fallo, estos sujetos determinaron e instrumentalizaron a una serie de personas para que en líneas de ataque destruyeran y dañaran el sistema masivo de trasporte público Transmilenio, lo que hizo que se generara «el desarrollo de una multiplicidad de acciones vandálicas hasta el 6 de diciembre de 2019, con la obstrucción de medio de transporte público colectivo u oficial, el uso de la violencia contra la fuerza pública e innumerables daños a bienes de uso particular y público, así como la obstrucción de vías públicas».
Dichas acciones, según el Tribunal, y sus consecuencias generaron un pánico generalizado, miedo, terror y zozobra en toda la ciudad capital, avaluándose los daños causados en un monto de 2.800 millones de pesos colombianos (unos 7,2 millones de dólares).
Este fallo se publicó días después de las declaraciones del Presidente colombiano, Gustavo Petro, quien durante un acto público cuestionó la condena social y judicial a la llamada «primera línea» por su participación en las manifestaciones ocurridas durante el gobierno de su antecesor, Iván Duque.
«¿Y entonces quiénes eran los de la primera línea? Pregúntenle a cualquier medio de comunicación. Quiénes eran los de la primera línea… Terroristas, dicen. Y ustedes, que estuvieron en esos barrios o vivieron alguna vez el tema, todos lo sabían que ahí había problemas iguales, obviamente problemas de la juventud popular, pero no eran terroristas», indicó el Mandatario colombiano.
Petro fue más allá: «Ahí están las estadísticas, fue la muerte. Ahora, si esos jóvenes hubieran sido los del Liceo Francés, mis hijos, o el Gimnasio Moderno, o como se llame…o etcétera, y hubieran salido por alguna razón a protestar –y ojalá algún día lo hagan–, ¿los hubieran tratado igual? Probablemente no», remarcó.
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