La mañana de este jueves, el fiscal nacional, Ángel Valencia, entregó detalles de la visita al país de una comitiva oficial de fiscales venezolanos por el crimen del teniente (R) Ronald Ojeda.
Tras un aviso con apenas cuatro días de anticipación de parte del Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela, este martes arribaron a territorito nacional el director general contra Delitos Comunes, Ángel Fuenmayor, y el director de Asuntos Internacionales, Álvaro Cabrera, con el fin de recabar antecedentes para colaborar en la causa por secuestro con homicidio del exmilitar que permanecía en el país como refugiado político.
El fiscal general de Venezuela, Tarek Williams Saab, encargado de la notificación, había solicitado una reunión con el fiscal nacional; otra con el fiscal regional, Héctor Barros -quien indaga el caso-; con el abogado Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia Ojeda; con el equipo de policías de la PDI a cargo de la investigación; una cita con los familiares del teniente (R) que están en Chile, y visitar en la cárcel al único detenido por el secuestro. Además, se pidió conocer en qué están las pesquisas, en base a los antecedentes que existen en el expediente.
Sin embargo, el fiscal Valencia se excusó de no participar por “razones de agenda”, dado un viaje programado con anterioridad a Antofagasta. En tanto, el fiscal Héctor Barros advirtió que no fue notificado de un requerimiento penal internacional, el cual regula este tipo de instancias entre organismos de países distintos. Por esta razón, el jefe de la Unidad Internacional y Extradiciones (UCIEX) de la Fiscalía Nacional, Juan Pablo Glasinovic, se reunió la mañana de este jueves con los persecutores venezolanos.
En entrevista con Radio Pauta, el jefe del Ministerio Público explicó que los requerimientos realizados por los representantes del país vecinos exceden lo que permite la ley en el actual estado de la investigación.
“Nosotros les manifestamos, primero, que yo no iba a estar y que no tenía agenda (…) que era una muy mala semana para todos en la Fiscalía y estábamos enterándonos con uno o dos días de anticipación del viaje”, dijo.
En ese sentido, si bien se les planteó que existe disposición a cooperar, en una respuesta formal se les dieron las razones para no acceder a toda la agenda propuesta.
“Primero, que la ley nos impide entregar antecedentes de la carpeta de investigación. Como ellos saben, sólo podemos entregar antecedentes, información más detallada una vez que hubiese un trámite de extradición en curso. Y la extradición en curso se produce cuando ya hay detenidos. Y como allá no están los dos detenidos, los dos sujetos, las dos personas contra las cuales tenemos órdenes de detención, todavía no han sido detenidas. Ese trámite de extradición no se ha iniciado y, en consecuencia, no procede que les mandemos más antecedentes”, detalló Valencia.
Además, apuntó que “la investigación es reservada. Y junto con aquello no vamos a realizar ninguna gestión para que ellos tengan contacto con las víctimas. Si nosotros tenemos deber de protección con las víctimas. Y aquí las víctimas han manifestado abiertamente sus preocupación. No es necesario detallarlas”.
Fue por esa razón que finalmente se optó, para cuidar las relaciones institucionales, que los recibiera la Unidad Internacional y Extradiciones.
“Pero no vamos a hacer más que aquello que la ley nos permite, porque simplemente la ley no nos lo permite”, cerró el fiscal nacional.
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