Si el Presidente Boric insiste con las minutas oficiales que hablan de “normalización” estará hablando a su público y sacará aplausos en el Congreso Pleno, pero no dará cuenta verdaderamente del estado de la Nación, escribe el economista Luis Larraín en el medio electrónico El Líbero.
Pasados dos años desde que asumió el poder, el Presidente Gabriel Boric enfrenta su tercera Cuenta Pública con una disyuntiva. Podría reconocer que la gestión de su gobierno no ha respondido a sus expectativas, ni a la de los votantes, por una serie de razones en las que puede explayarse o ser más selectivo, según su preferencia.
Desde luego es posible incluir en esa lista una situación de orden público y criminalidad de una magnitud que nunca previó, que tiene hastiados a gran parte de la población, que distrae reiteradamente a su gobierno de otras iniciativas y también disuade la inversión. Podría o no señalar si subestimó el efecto sobre este panorama del constante ataque a Carabineros que incluso desde sus propias filas debilitó la capacidad operativa de la institución.
También podría mencionar la poca acogida que han tenido en el Congreso sus proyectos emblemáticos, como la reforma tributaria devenida en “pacto” fiscal (contraindicada para reactivar la economía) y la reforma previsional, una deconstrucción del sistema de pensiones que amenaza la robustez del mercado de capitales chileno y no garantiza un mejoramiento de las pensiones actuales y futuras, además de afectar la recuperación del empleo por introducir impuestos al trabajo, según han señalado los técnicos más prestigiados en el tema. Considerando ello la cuenta sugeriría la voluntad de modificar sustancialmente sus propuestas para lograr un incremento acotado de recaudación fiscal y un alza de las pensiones, consolidando la pensión garantizada universal con un aumento programado que esté sujeto a cumplimiento de metas fiscales.
Eso es lo que hace un gobierno que tiene una auténtica voluntad de entendimiento con la oposición y no posee mayorías parlamentarias ni ciudadanas (el apoyo a su gestión orbita hace rato en torno al 30%). Podría también reconocer falencias en la gestión diaria de su administración, entendibles en un grupo de personas que ha pasado directo desde la universidad al Congreso y de allí al gobierno, sin conocer siquiera lo que es el Formulario 29 del Servicio de Impuestos Internos. Con ello tendría una base para llamar a la oposición a verdaderos pactos (el requisito es que concurra al menos algún grupo no oficialista) para sacar adelante un par de reformas acotadas y que respondan en alguna medida a las expectativas de la población.
Porque la primera prioridad (27%) de la población para los dos años que quedan, según una encuesta de Panel Ciudadano de la UDD que pregunta por ellas en el contexto de la próxima Cuenta Pública, es aprobar reglas de uso de la fuerza (RUF) que permitan que Carabineros y FF.AA. se sientan más respaldados en el combate a la delincuencia, crimen organizado y terrorismo. La segunda prioridad (20%) es expulsar a los inmigrantes que están ilegalmente en Chile o que hayan cometido delitos. La tercera prioridad (15%) es frenar la inmigración ilegal con uso de tecnología y el apoyo de militares en la frontera. La cuarta prioridad (10%) es combatir la corrupción en el sector público y privado. La quinta prioridad (9%) es reducir los tiempos de espera de cirugías y consultas en la salud pública. La sexta prioridad (9%) es pedir ayuda al Ejército en la lucha contra el crimen organizado en las grandes ciudades. La séptima prioridad (8%) es condonar el CAE. La octava prioridad (2%) es construir más cárceles de alta seguridad e impedir que a través de celulares se comuniquen con el exterior.
Si el Presidente Boric hace caso omiso de esta lista y en lugar de ello insiste con las minutas oficiales que hablan de “normalización” porque podríamos crecer al 2% (en 50 años alcanzaríamos el promedio de la OCDE a ese ritmo); o de “estabilización” del país sin indicar que ahora no hay una oposición que se encargue de desestabilizarlo; o si insiste en su reforma de pensiones que desarticula el sistema; en el pacto fiscal “de a uno”; y en una “solución” al CAE (que no necesita arreglo), estará hablando a su público y sacará aplausos en el Congreso Pleno, pero no dará cuenta verdaderamente del estado de la Nación.
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