Esta tarde el Senado aprobó de forma casi unánime el proyecto que establece reglas sobre el uso de la fuerza (RUF) para el personal de las fuerzas de orden y seguridad y de las Fuerzas Armadas. Iniciativa que forma parte del «fast track» legislativo que impulsó el Ejecutivo en conjunto con ambas Cámaras del Congreso Nacional
Al regreso de la semana distrital continuará la tramitación en particular y legisladores incorporarán indicaciones al proyecto con plazo hasta el 18 de julio. Cabe recordar que esto ya fue visado por la Cámara de Diputados y lo más probable es que las diferencias entre ambas corporaciones se zanjen en una comisión mixta.
Con 40 votos a favor se aprobó la iniciativa. Mientras que se abstuvieron los senadores Claudia Pascual, Daniel Núñez (ambos del PC) y Yasna Provoste (DC).
La senadora Carmen Gloria Aravena (republicana) apuntó a la relevancia del proyecto y advirtió que si las reglas no están claras existe miedo por las posibles represalias en el ejercicio de sus labores.
Además, comprometió indicaciones para incorporar la «justicia especializada o justicia militar», indicación que fue rechazada en la Cámara de Diputados. «Queremos unas reglas del uso de la fuerza fortalecidas que cumplan con los derechos humanos establecidos», agregó.
Asimismo, el senador Rojo Edwards (PSC) respaldó lo planteado por Aravena, a su juicio, «en el resguardo de fronteras y en Estado de Excepción se requiere la justicia militar».
Sobre esta controversia, que se viene arrastrando desde la Cámara de Diputados, el senador Matías Walker (demócratas) fue enfático al señalar que «los delitos cometidos contra civiles tienen que ser juzgados por la justicia civil y no hay nada que deba alterar ese principio, lo cual es absolutamente consistente con la protección de las Fuerzas Armadas y la policía».
Por su parte, la diputada Claudia Pascual (PC) enlistó una serie de observaciones que a su juicio se deberían incorporar en la normativa como agregar la prohibición de apuntar al rostro o al torso para la detención.
Sobre la justicia militar aseguró que «cualquier institución que se autoregula, se autoinvestiga y se autosanciona, tiene muchas más posibilidades de caer en arbitrariedades o situaciones sin ningún control», por lo que sería «improcedente» avanzar en esta línea.
Las preocupaciones del Ejecutivo
La ministra del Interior, Carolina Tohá, dio cuenta de las principales preocupaciones que tiene el Gobierno en relación al proyecto que despachó la Cámara.
Si bien opinó que «es un proyecto que ha madurado bien y es sólido», advirtió que «hay algunas materias que el Senado debería mirar con atención».
Entre ellas mencionó la «eliminación del principio de proporcionalidad». También señaló que «se limitó la posibilidad de reglamentar las reglas del uso de la fuerza en procedimientos policiales específicos».
En esa línea, dijo que «nos preocupa la manera en que quedó resuelto el listado de reglas de las Fuerzas Armadas. El Ejecutivo planteó nueve, en el proyecto del Senado eran ocho y en la Cámara finalmente se aprobaron tres». A su juicio, «la gradualidad desapareció» e hizo hincapié en que «hoy las Fuerzas Armadas tienen armas no letales que deben ser normadas en su uso».
Por último, planteó que «las presunciones de inocencia, como las teníamos nosotros, eran exenciones de responsabilidad y se transformaron en presunciones de inocencia». La secretaria de Estado advirtió que esto es incoherente con la «Ley Naín-Retamal», por lo que podría generar confusión, y llamó a los legisladores a «armonizar» el proyecto.
/psg
