A menos de un mes para las elecciones presidenciales en Venezuela, la tensión política comienza a intensificarse con el correr de las horas. El país, golpeado por años de crisis económica y humanitaria, se prepara para un evento que podría cambiar el curso de su historia. Sin embargo, la represión del régimen de Maduro genera dudas sobre la integridad del proceso electoral.
Las amenazas que pesan sobre los comicios son múltiples y complejas. Desde acusaciones de manipulación electoral hasta preocupaciones sobre la transparencia y seguridad del voto, los venezolanos se enfrentan a un panorama incierto.
En este contexto, el sociólogo y doctor en Ciencias Políticas, Héctor Briceño, presentó una investigación, realizada para el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, que revela la existencia de riesgos significativos en la mayoría de los centros electorales de Venezuela.
“Son riesgos que provienen de múltiples fuentes, pero que todos convergen en obstaculizar, amenazar, entorpecer el libre ejercicio de la votación que merecen y que tienen garantizados los electores”, aseguró Briceño en conversación con Infobae.
“En concreto, 86% de los centros electorales equivalentes a 12 mil y tantos centros de votación que a su vez contienen más de 18 millones de electores, tienen algún tipo de nivel de riesgo”, agregó.
De acuerdo con el investigador, los estados de Venezuela con mayor número de centros electorales en condición de riesgo son Distrito Capital, Bolívar y Carabobo. Sin embargo, es en los municipios fronterizos del país donde se ha evidenciado con mayor frecuencia que el chavismo opera bajo sospechas de fraude.
“Mientras mayor es el riesgo en el centro electoral, tiende el gobierno a sacar un mayor porcentaje de votación que no se corresponde con el comportamiento de los votos obtenidos por el chavismo en esa misma elección, en el resto de los centros electorales de ese mismo municipio”, afirmó.
Según Briceño “es posible que muchos de esos electores estén votando bajo condiciones de coerción social. Puede ser desde el voto supervisado o el voto asistido, bajo amenazas de pérdida de beneficios sociales, de pérdida de empleo, etcétera”.
Sin embargo aclara que “no porque un centro electoral cumpla una condición de riesgo tiene que obligatoriamente suceder allí, pero sí es probabilístico, es decir, que a mayor riesgo, hay mayores probabilidades que ocurran manipulaciones, amenazas y distorsiones de la voluntad popular en esos centros electorales”.
El análisis de riesgos el día de la elección revela dos principales dimensiones de preocupación, según las conclusiones de la investigación.
La primera dimensión es de carácter administrativo y se refiere a las decisiones tomadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Estas medidas impactan en cómo se distribuyen los centros de votación en todo el territorio nacional y cómo se asignan los electores a estos centros. Sin embargo, los criterios utilizados por el CNE para tomar estas decisiones no son transparentes, lo que siembra dudas sobre la equidad y la transparencia del proceso.
La segunda dimensión se centra en los riesgos propiamente electorales. Estos riesgos incluyen las estadísticas de participación y abstención, así como la posibilidad de que existan centros electorales donde el dominio de alguna fuerza política, ya sea el gobierno o la oposición, sea excesivo.
De los más de 18 millones de electores que emiten su sufragio en lugares que presentan ciertos niveles de vulnerabilidad electoral, cerca de un millón de personas votan en sitios que enfrentan desafíos administrativos, mientras que unos 16 millones lo hacen en condiciones que implican riesgos electorales. Además, hay alrededor de 1 millón de electores que se ven obligados a votar en centros que acumulan ambos tipos de riesgos.
Reconfiguración electoral
La crisis migratoria en Venezuela también ha tenido un impacto en el comportamiento electoral del país, al no reflejarse adecuadamente en el Registro Electoral.
A pesar de que se estima que hay aproximadamente 7 millones de migrantes venezolanos, se calcula que al menos 4 millones de ellos están en edad de votar, pero “no todos necesariamente estaban inscritos o se lograron inscribir en esta última jornada”.
Las repercusiones de la migración masiva se reflejan en una disminución de votos en las grandes ciudades, tradicionalmente bastiones de la oposición.
“En las estadísticas de intención de migración, es decir, encuestas que han preguntado a la gente si se quieren ir o no, hemos visto que ha habido ciclos en los que los electores o simpatizantes identificados con la oposición ha sido la que mayoritariamente ha decidido irse”, reveló Briceño.
Sin embargo, afirma que también hay seguidores del chavismo que han decidido huir del país por diversas razones.
“Cuando un chavista se va es que perdió la fe en el gobierno, es que perdió la fe en la revolución y que antes de querer votar por la oposición, decide abandonar el país. Con esto lo que quiero decir es que las repercusiones para el voto opositor son importantes. Son una cantidad de votos que la oposición ha perdido cuando no se les permite votar. Pero también el gobierno perdió una parte importante de su electorado”, afirmó el sociólogo.
“Esto ha tenido una consecuencia importante porque ha reconfigurado el comportamiento electoral venezolano, muy especialmente entre las regiones o el interior del país y las grandes ciudades”, agregó.
La redistribución del voto en Venezuela ha mostrado cambios notables desde 2021, revelando una nueva dinámica en el apoyo a la oposición. Según los resultados de las elecciones regionales de ese año, la oposición perdió una cantidad significativa de votos en las grandes ciudades, pero aumentó su respaldo en regiones rurales del país.
El también doctor en Ciencias Políticas señaló que el perfil del electorado opositor ha cambiado drásticamente en comparación con 2015.
Ahora, el voto opositor se centra más en zonas rurales y menos en áreas urbanas y de clase media.
En cuanto a las posibilidades de una victoria electoral de Nicolás Maduro, Héctor Briceño afirmó que el régimen chavista ya decidió recurrir al fraude para estos comicios.
“El Gobierno ya ha estado recurriendo al fraude, modificando continuamente las condiciones de competencia, desde la propia inhabilitación de la candidata o de las dos candidatas opositoras que se presentaron, María Corina y Corina Yoris, entorpeciendo, eliminando o ilegalizando las tarjetas de buena cantidad de partidos, persiguiendo a líderes y simpatizantes opositores. En fin, creo que sin ninguna de esas medidas que ya ha hecho, y que constituyen una manipulación; un fraude electoral, el gobierno no puede llegar a ser competitivo”.
“Hoy en día parece muy difícil, extremadamente cuesta arriba para el gobierno lograr una victoria popular, ni siquiera utilizando estos mecanismos que ya ha hecho más otros adicionales que tradicionalmente hace, como es el voto asistido, la amenaza y coerción de algunos electores. Pero insisto, creo que aún el escenario no está completo. Creo que aún faltan por ver algunas de las jugadas que tiene preparadas tanto el Gobierno como la oposición”, sentenció.
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