El alevoso ataque sufrido por nuestra convivencia en octubre de 2019 desnudó muchas miserias. Una de las peores fue la instrumentalización de la causa de los derechos humanos en el mismo momento en que la democracia sufría la peor agresión desde que la recuperamos, 30 años antes. En el centro de ello, estuvo el activismo de quienes buscaron poner al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) al servicio de una estrategia que no reparó en medios para “demostrar” que en Chile había surgido una nueva dictadura.
El empeño por probar que el Estado impulsaba una política de violación sistemática de los DD.HH. fue la base del plan de la izquierda golpista para derribar al presidente Sebastián Piñera. Y ya sabemos lo suficiente respecto de quiénes fueron los que se entusiasmaron entonces con la posibilidad de asaltar el poder. Desde las cómodas instalaciones del Congreso Nacional, hubo cómplices descarados de la irracionalidad, a los que solo les interesaba congraciarse con las turbas.
No fueron manifestantes pacíficos los que dieron la partida al 18 de octubre, sino delincuentes dispuestos a todo, saqueadores organizados, grupos de antisociales que no se detuvieron ni ante las iglesias. Es cierto que muchos jóvenes salieron a las calles, creyendo que se movilizaban por la igualdad, y que ello sirvió para exaltar la manifestación del 25 de octubre, en plaza Baquedano, como expresión del genuino espíritu de la protesta. Pero, en ese mismo momento, se cometían desmanes en las cercanías, como el ataque incendiario a la Universidad Pedro de Valdivia, a la entrada de Vicuña Mackenna. Y las organizaciones feministas, ecologistas, indigenistas y animalistas, que llamaron a esa manifestación, nunca condenaron a los violentos.
En ese cuadro, el papel de los activistas que operaban dentro del INDH fue ignominioso. Los revolucionarios con sueldo estatal actuaron sin conciencia alguna de que el fuego que estaban atizando podía quemar a la sociedad entera. Por supuesto que el organismo debía cumplir con su obligación de denunciar los abusos de los agentes del Estado, pero no fueron disturbios corrientes los que hubo entonces, sino una ola de violencia, destrucción y pillaje en una escala que no tiene precedente en nuestra historia. El crimen organizado sacó amplio provecho del quiebre del orden público para golpear a Carabineros y desestabilizar al Estado.
Sin la valerosa actitud del abogado y académico Sergio Micco Aguayo y de otros consejeros del INDH en aquellos días, que se opusieron al frenesí y a la instrumentalización sediciosa del organismo, todo pudo ser mucho peor. Consuelo Contreras, integrante del consejo, sostenía entonces que había una violación sistemática de los DD.HH. por parte del gobierno, lo que buscó potenciar, dentro y fuera de Chile, la falacia de que Piñera era un nuevo dictador que debía ser expulsado del poder a cualquier precio. Ella encabezó la acción interna para inhabilitar moralmente a Micco y sacarlo de la presidencia del organismo, lo que finalmente consiguió. Hoy, es la presidenta.
No obstante que reconoció en el programa Tolerancia Cero que no hubo violaciones sistemáticas de los DD.HH. en 2019, Consuelo Contreras afirmó luego en una carta al diario El Mercurio que, en todo caso, las violaciones fueron masivas y generalizadas, y que hasta podrían constituir delitos de lesa humanidad. Contumacia militante, sin duda.
Para describir la situación de entonces habla de “crisis”, como si inesperadamente y sin razón visible, el orden legal hubiera empezado a resquebrajarse por todos lados. ¿Qué noción tiene ella sobre el terrorismo? ¿Qué idea se ha formado sobre lo que pasó en el Metro? ¿Quiénes cree que atacaron las comisarías y las unidades militares? En materia de DD.HH., ¿le dicen algo los miles de funcionarios policiales heridos? Y, por último, ¿tuvo alguna preocupación personal por la posibilidad de que se hundiera la democracia y se impusiera en Chile la ley de la selva?
No hay otro episodio en la vida del país que pueda compararse con lo que pasó hace 5 años. Y ya está claro que habrá que esperar que vengan otro gobierno y otro Congreso para que se produzca finalmente la investigación que hace falta sobre la oscura trama de 2019, la coalición político-delictual que estuvo detrás de todo y, particularmente, la decisiva intervención extranjera
Es hora de revisar la función que cumple el INDH en nuestra institucionalidad. Son demasiado contundentes las señales de que fue capturado por una corriente sectaria para hacer negocio político. Sus representantes desvirtuaron y desacreditaron una causa que creyeron que podía disociarse de la suerte del Estado de Derecho. Se ha comprobado, una vez más, que en nombre de los DD.HH., se puede hacer baja política.
El INDH no ofrece hoy garantías de responsabilidad republicana. Es un organismo que, por la acción de quienes tienen el control, genera aguda desconfianza en amplios sectores de la sociedad, lo que quedó reforzado por la presentación de una querella en un ámbito ajeno a su competencia, como parte de una maniobra electoral contra el candidato opositor a la alcaldía de Santiago. El espíritu de bando ha terminado por quitarle toda autoridad ante el país. Tal como funciona actualmente, el INDH no puede continuar.
Por Sergio Muñoz Riveros, analista político, para ex-ante.cl
