Buscando reducir el nerviosismo y calmar la enorme preocupación que existe en el país por los crecientes niveles de criminalidad y violencia en las calles, la ministra Camila Vallejo, vocera del gobierno, torpemente señaló que “no estamos en los niveles de inseguridad que se vive en el contexto internacional, particularmente en la región”.
Lamentablemente, aunque es cierto que hay países en los que la delincuencia y el crimen son un problema mucho mayor, es innegable que la situación en Chile hoy es peor que hace un año y, posiblemente, seguirá empeorando antes de que las cosas mejoren. A menos que este gobierno acepte que la única solución es el uso responsable por parte de las fuerzas policías del monopolio de la violencia que debe ejercer el Estado, los indicadores de delincuencia y criminalidad seguirán aumentando y el gobierno seguirá buscando excusas e inútiles consuelos para responder a una ciudadanía que demanda políticas de mano dura.
Resulta irónico que los mismos líderes que políticos de esta izquierda burguesa que nos gobierna hayan pasado de hacer injustas comparaciones con los otros miembros de la OECD -esa organización que reúne a los países más desarrollados del mundo- para articular críticas contra el país de los 30 años desde el retorno de la democracia a pedir ahora a los chilenos que busquemos consuelo comparándonos con países de América Latina donde la situación es mucho peor.
Evidentemente, parte del problema es que este gobierno, que llegó al poder sobre la ola de la protesta social violenta y la normalización de la delincuencia como una forma de expresión política, ahora tiene la tarea de combatir la delincuencia.
Después que los que ahora son autoridades de gobierno festinaban cuando eran oposición con la inaudita frase de “evadir, no pagar, otra forma de luchar”, el gobierno ahora debe denunciar a las personas que evaden pagar el transporte público. El propio ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, declaró que la decisión de evadir el pago del pasaje del metro “afecta a un montón de personas”. Como si él no hubiera vivido en Chile durante los meses posteriores al estallido social, cuando los principales líderes de su coalición de gobierno celebraban la evasión como una forma de protesta social, ahora Muñoz defiende una postura profundamente contradictoria con la posición política que tenía su propio jefe, el Presidente de la República, respecto al respeto a las leyes.
Hace algunos meses, la polémica sobre la normalización de la violencia contra la policía -0tro de los hechos que caracterizó al estallido social- llevó al propio Presidente Gabriel Boric a mentir sobre su actitud durante esos meses de violencia. Después de haber dicho que él nunca festinó con el llamado «perro matapacos», Boric fue humillado públicamente cuando salieron a la luz las fotos de ese símbolo de la normalización de la violencia contra la policía que, orgullosamente, el entonces diputado y candidato presidencial llevaba en su computador personal.
Ahora que los que normalizaban la violencia, la desobediencia civil y llamaban a refundar Carabineros son los responsables de brindar seguridad a la población, la contradicción entre ese discurso irresponsable y la necesidad que tiene todo Estado de imponer el orden se hace insostenible. Cuando la delincuencia se ha convertido en la mayor preocupación de la población y frente al hecho de que la gente tiene miedo de salir a la calle, la falta de credibilidad que tiene el gobierno para anunciar e imponer políticas de mano dura contra la delincuencia agrava la crisis.
La gente no cree que el gobierno quiera -y mucho menos que sea capaz- de usar mano dura contra los delincuentes. Precisamente porque la gente sabe que las autoridades que hoy gobiernan creen que muchos delincuentes son víctimas de una sociedad injusta y no personas que libremente escogen ser violentistas y criminales, la gente no confía en que Boric vaya a lograr que el país evite seguir por el mal camino en materia de delincuencia.
Nunca, desde sus años como líder estudiantil, pasando por sus poco productivos años como miembro de la Cámara de Diputados, hasta los dos años y medio que ya lleva en la presidencia, Boric se ha destacado como alguien que defienda las políticas de mano dura o que crea que es imperativo darle más poder y autoridad a la policía para garantizar la seguridad de las personas. Nadie puede pensar que Boric es un aliado de la policía o que su forma de entender el mundo lo hacen simpatizar con las políticas de mano dura y una visión de ley y orden.
Como joven rebelde que todavía no acepta que ya es un adulto, Boric sigue proyectando esa imagen de indisciplina e insurrección que tan común es entre líderes estudiantiles. Por eso, cuando el país pide a gritos un sheriff que sea capaz de combatir la delincuencia y brindar seguridad a la ciudadanía, es difícil imaginar que Boric -o los que con él gobiernan- vaya a ser capaz de hacer sentir a la gente que él es el líder que el país hoy necesita.
Por Patricio Navia, sociólogo, cientista político y académico UDP, para El Líbero
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