Lo que sería una estrategia de Jorge de Jesús Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional y jefe de campaña de Nicolás Maduro Moros, se ha enfocado en un mensaje que genere miedo y amenazas sobre los electores. De ahí surge que el candidato de la revolución bolivariana haya dicho que “si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia del poder de nuestro pueblo el 28 de julio”.
Poco después, Maduro dijo en la casa de una familia que visitó en la popular parroquia La Vega de Caracas, “si la derecha fascista llega al poder sería inevitable una revolución popular y armada”, discurso que se suma a la avalancha de mensajes subliminales de Diosdado Cabello Rondón, vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela (PSUV).
Más alarmante aun es que Freddy Alirio Bernal Rosales, en imágenes que causaron profunda preocupación, difunde un video de la juramentación de la Unidad Popular para la Paz y la Defensa de la Patria (UPPAZ), con la excusa de que será para la defensa de la tranquilidad y la prosperidad del Táchira, a la vez que garantizará el triunfo de Nicolás Maduro.
Que sean 1.200 los que integran esa UPPAZ no causaría tanta preocupación, ni siquiera que el gobernador del Táchira asegure que estarán desplegados en los 29 municipios del Táchira. Lo relevante es que asegura que son campesinos, estudiantes y motorizados.
¿Cómo es que el mandatario de una entidad despliega su propio grupo dizque para garantizar la seguridad, que constitucionalmente corresponde a la Fuerza Armada Nacional y en tal caso al Ministerio del Interior?
Más preocupación aún es por el auge de los grupos irregulares, principalmente de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), que han crecido y se han fortalecido con la presencia de Bernal Rosales en la zona fronteriza.
En aldeas y pueblos esa organización guerrillera extorsiona y coacciona a sus habitantes, incluso se han apoderado de propiedades de venezolanos. “En el caserío El Cocal, municipio Seboruco del Táchira, existe una base de operaciones del ELN; ahí tienen personas castigadas, hacen reuniones donde amenazan y amedrentan a sectores de la población”, dice un vecino en conversación con Infobae.
Explica que “esa base está integrada por unos 120 hombres, la mayoría son colombianos y algunos venezolanos. En ese lugar captan jóvenes de la zona norte del estado Táchira para que integren esa organización”.
“Esa gente sale de día y de noche, portando uniformes y armamento de gran calibre. Están dotados de camionetas Toyota y Nissan nuevas. Ellos pasan por las alcabalas o puntos de control, así sea de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) o de la Policía, sin que se les pueda decir nada”.
Instigación a la rebelión
La respuesta que le dieron tres organizaciones de militares en retiro, representadas por el general de División Rafael Montero Revette, el general de Brigada Juan A. Herrera Betancourt y el coronel Hidalgo Valero Briceño, es que “el llamado a la sangre y a la guerra civil”, es delito de Instigación a la Rebelión, contemplado en el Código Orgánico de Justicia Militar”.
Montero, que preside el Movimiento de Militares Retirados (MMR); Herrera, quien lidera el Frente Institucional Militar; e Hidalgo, al frente Movimiento Defensores Populares de la Nueva República (DPR), como conocedores de lo que implica la Guerra Civil, están sorprendidos por lo que consideran insensatez por parte de Nicolás Maduro.
Los tres oficiales en situación de retiro advirtieron que “presentaremos la denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ante la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI)”.
Consideran que con una expresión como la del mandatario que aspira reelegirse, “puede generarse un Genocidio, incurriendo en violación al artículo 6 del Estatuto de Roma de la CPI”.
Hacen un llamado a los miembros activos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a tener cordura, mientras que a los órganos jurisdiccionales competentes en Venezuela y al Consejo Nacional Electoral (CNE), para que le pongan freno a esta situación tan delicada”.
A su juicio “el proceso electoral tiene que ser serio, pacífico, como una fiesta democrática, y el resultado, que es la voluntad del pueblo, debe ser respetado. La soberanía popular, tiene la mayor jerarquía Constitucional”.
Agregan los representantes del FIM, MMR y DPR que “en caso de violaciones, los órganos de seguridad del Estado y los tribunales competentes deben proceder de inmediato a la detención de los infractores. En casos de llamados a la guerra o a producir un golpe de Estado en contra del pueblo, todos los ciudadanos debemos ponernos en alerta”, finalizaron.
Respeten los resultados
Mientras Nicolás Maduro se rodea de militares para demostrar su poder, a la vez que el personal del Ministerio de la Defensa es obligado a declarar su incondicionalidad a la candidatura del mandatario, Edmundo González Urrutia le ha enviado un mensaje distinto a la Fuerza Armada: “Ustedes tienen una misión fundamental: garantizar la independencia y soberanía de la Nación, así como asegurar la integridad del espacio geográfico”.
Agrega el líder opositor: “Esto significa que ningún otro país, ni gobierno extranjero, ni fuerzas ilegales pueden ocupar porciones del territorio nacional y también implica que la Fuerza Armada es una institución que, de acuerdo a la Constitución, tiene que ser esencialmente profesional, sin militancia política, que está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política algún”.
“Tienen como responsabilidad esencial la planificación, ejecución y control de las operaciones militares requeridas para asegurar la defensa de la Nación. También ejercerán su derecho al sufragio de conformidad con la ley, sin que les esté permitido participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político. Lo cual es especialmente significativo en un momento en que se va a producir la elección presidencial y, como consecuencia, el cambio del comandante en jefe”.
“Desde esta perspectiva, deben ser los guardianes de nuestra Constitución y garantes del respeto a la decisión del pueblo soberano. Con la certeza de que seré electo presidente de la República el próximo 28 de julio, les aseguro que en el período constitucional que comienza el próximo 10 de enero de 2025, me ocuparé de que la Fuerza Armada disponga del equipamiento necesario y que juntos construiremos una institución profesional en su totalidad, con altos niveles de efectividad, eficiencia, sentido de pertenencia, disciplina, moral, ética, responsabilidad, patriotismo y apego irrestricto a la legalidad”.
“Soldados de la Fuerza Armada Venezolana por esa razón el pueblo venezolano les pide hacer respetar los resultados de su decisión electoral y darle cumplimiento de los artículos 328, 329, 330 y 331 de la Constitución Nacional, el pueblo venezolano cuenta con que su institución militar respete y haga respetar su voluntad soberana el próximo 28 de julio.”, dijo González Urrutia.
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