Los responsables de las comunicaciones de La Moneda deberían eliminar el modelo de punto de prensa en el que Boric aparece rodeado por un montón de funcionarios, como ocurrió a propósito de la ola de homicidios en la Región Metropolitana. Si la idea es demostrar fuerza, lo que se proyecta es la imagen de un gobernante que necesita ser arropado por sus subordinados. Esta vez, eso incluyó la presencia de las ministras del Interior y de Defensa, que se supone que tienen deberes más relevantes que posar para una foto.
Al final de su período, Boric será juzgado ante todo por lo que haga o deje de hacer para enfrentar la crisis creada por la expansión del crimen organizado. Para la mayoría del país, la mayor preocupación son los delitos violentos que se cometen a diario. Y todo el mundo sabe que, en los últimos años, muchos delincuentes extranjeros han actuado en Chile con gran impunidad, al punto que fueron capaces de cometer un asesinato como el del teniente Ojeda haciéndose pasar por policías.
De las recientes medidas dadas a conocer por el gobierno, la más llamativa fue la construcción de una cárcel de alta seguridad en Santiago. Es una idea razonable, pero cualquiera deduce que ello demandará un proyecto bien afinado, enormes recursos, uso de tecnologías de última generación, entrenamiento del personal apropiado y otras exigencias, lo que supone un tiempo prolongado antes de que se concrete. Es válido actuar con una perspectiva de largo plazo, pero la batalla de hoy, parece obvio, es contra delincuentes que todavía no han sido capturados.
Si no hay avances concretos respecto de la desarticulación de las bandas criminales, todo lo demás tendrá valor relativo. Más vale que el mandatario entienda que, en el tiempo que le resta de gobierno, allí radica su tarea principal. Debe escuchar a quienes saben de estas materias con el fin de adoptar las mejores decisiones posibles. Lo que se requiere ahora es claridad de objetivos y acciones eficaces.
¿Estado de Sitio? Hay que pensarlo muy bien. Puede ampliar las posibilidades de llevar a cabo medidas duras de control territorial, pero es conveniente examinar todas las implicancias y no perder de vista los daños colaterales. En primer lugar, la restricción de las libertades. Puede llegar el momento en que no quede otra alternativa, pero el Ejecutivo deberá estudiar la situación concreta junto al Congreso y el Poder Judicial.
Hoy, pudiera tener mayor eficacia una propuesta como la hecha por Jorge Schaulsohn, expresidente de la Cámara de Diputados: aplicar la ley 17.798 sobre Control de Armas, promulgada por el presidente Allende en octubre de 1972, la que entregó a las FF.AA. la tarea de ejercer tal control en terreno, y actuar respecto de “la prevención y represión de los grupos armados que las posean”.
Corresponde usar todas las herramientas legales que den eficacia a la acción de Estado en este campo. La brutal agresión que sufrieron varios efectivos de Carabineros cuando realizaban labores de control de identidad en el barrio Franklin, llevó al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a informar que usará las facultades con que cuenta para disponer la expulsión de extranjeros por razones de seguridad interior del Estado. Eso es lo que se necesita. Ejercer la autoridad.
Lo que se requiere es un plan realista, que apunte a coordinar los esfuerzos de todas las instituciones del Estado. Eso plantea exigencias específicas en el plano de la inteligencia policial y militar, y potenciar las acciones coordinadas de las FF.AA., Carabineros y la Policía de Investigaciones para golpear los puntos neurálgicos del crimen organizado. La Moneda ha recibido propuestas de parte de diversos especialistas y centros académicos que merecen ser consideradas. Sería provechoso que se abriera a la cooperación con todos los sectores que desean aportar al reforzamiento de la seguridad.
Es primordial que las fuerzas opositoras muestren una genuina disposición de colaborar por encima de cualquier cálculo partidista. En esa perspectiva, no sirve que algunos parlamentarios de derecha tiendan instintivamente a pedir renuncias de altos funcionarios o amenazar con acusaciones constitucionales en los momentos en que sería recomendable mantener la cabeza fría.
No sabemos si es cierto que Boric ha crecido en el cargo, como afirman algunos cercanos. Ojalá sea así, por el bien del país, y que aquellas cosas que decía como diputado respecto del orden público y la función de las policías sean solo un mal recuerdo. Su principal responsabilidad está crudamente señalada en el Artículo 24 de la Constitución que, afortunadamente, está vigente: “El gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente de la República, quien es el jefe del Estado. Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes”.
Ni más ni menos que eso. Es indispensable que Boric cumpla ese mandato en la máxima medida de sus posibilidades.
Por Sergio Muñoz Riveros, analista político, para ex-ante.cl
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