La comprensible controversia que se ha producido por los cuestionables resultados parciales oficiales que ha entregado la autoridad electoral de Venezuela ha producido una sorpresa especialmente grata para todos aquellos que valoramos la democracia y defendemos los procesos electorales transparentes. El Presidente de Chile, Gabriel Boric, ha pedido, razonablemente, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela haga públicas las actas oficiales de cada local de votación de tal forma que los resultados oficiales sean públicamente verificables.
Las elecciones que se realizaron el domingo 28 en Venezuela estuvieron marcadas por irregularidades que crearon una cancha dispareja a favor del oficialismo. El uso de resquicios legales para sacar de carrera a las candidaturas de oposición más populares -usando una estrategia que la izquierda en el resto del mundo a menudo llama lawfare– y las dificultades que tuvo la oposición para competir en igualdad de condiciones dejaron en claro que la cancha estaba cargada a favor del Presidente en ejercicio Nicolás Maduro. Pero como ocurre a veces en regímenes autoritarios, la oposición decidió jugar con reglas del juego desfavorables porque, aun en esas condiciones, tenía posibilidades de ganar. La impopularidad de Maduro y del gobierno, que lleva 25 años en el poder, es innegable. Por eso, el gobierno hizo su mejor esfuerzo por evitar, por ejemplo, que los venezolanos en el extranjero pudieran votar. Sabiendo que el numeroso exilio venezolano es fuertemente opositor, el gobierno prohibió el ejercicio del voto a millones de venezolanos que han huido del país.
Aunque las reglas estaban cargadas en su contra, la oposición hizo una campaña que generó entusiasmo y convocó a la movilización de millones de personas dentro y fuera del país. Cuando María Corina Machado, la líder derechista que triunfó en las primarias organizadas por la oposición fue bloqueada por la autoridad electoral y no pudo estar en la boleta, la oposición se alineó tras Edmundo González Urrutia, un casi desconocido ex diplomático de 74 años, con una salud frágil y con muy poco carisma. Maduro, como queriendo dar más evidencia de su pobre convicción democrática, no participó de ningún debate con candidatos de oposición y, abusando de su posición de poder, insultó a sus rivales y usó la misma retórica del “yo o el caos” que también usó en Chile el dictador Augusto Pinochet antes del plebiscito de 1988.
Pese a competir en cancha dispareja, la oposición llenó de esperanza y entusiasmo a una población que salió a votar a las calles después de años de frustración y sufrimiento. El propio gobierno, que controla el organismo electoral, reconoció que un 44% de los 10 millones de votantes dio su apoyo a González y que Maduro había obtenido un 51%, con casi un millón de votos menos que los que oficialmente recibió en su reelección de 2018.
Comprensiblemente, la comunidad democrática internacional pide al CNE que muestre los resultados por mesa de votación, de tal forma que los datos oficiales se puedan contrastar con la evidencia recolectada por apoderados de los partidos de oposición y observadores en los locales de votación. Sabiamente, el Presidente Gabriel Boric se ha sumado a las voces que, comprensiblemente, piden ver las pruebas antes de aceptar los resultados que ha anunciado el régimen.
Aquellos que discrepamos profundamente de Boric respecto a la forma en que ha gobernado, a sus prioridades y a su visión de mundo debemos hacer un paréntesis y reconocer que, en esta ocasión, Boric ha hecho lo correcto, aunque eso le signifique costos y críticas en su sector. Nobleza obliga. Boric ha tomado una decisión valiente y consecuente con sus valores democráticos y su respeto por el voto como la expresión incuestionable de la soberanía popular. Al exigir que el CNE muestre primero la evidencia de tal forma que se pueda verificar libremente los resultados oficiales con los resultados de datos recolectados por la oposición y por observadores independientes, Boric ha hecho lo que todo demócrata convencido y consecuente debe hacer en una situación como esta.
En democracias que funcionan bien, la autoridad electoral, que goza de legitimidad, reporta los resultados, los perdedores aceptan su derrota y felicitan al ganador y el ganador luego recibe las felicitaciones de otros gobiernos. En Venezuela, donde la elección estuvo marcada por irregularidades, abuso de autoridad y lawfare por parte del gobierno contra la oposición, esa razonable pedir evidencia antes de aceptar lo que dice la autoridad electoral. Precisamente porque la oposición ha rechazado los resultados oficiales y también alega haber ganado la elección, todo demócrata consecuente debe suspender su juicio y esperar que se transparenten los resultados a nivel de mesa antes de decidir quién ganó el domingo. Como bien dijo Boric, “el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer… Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”. Aunque algunos en su coalición lo critiquen, Boric ha hablado, por primera vez en mucho tiempo, en nombre de una amplia mayoría de los chilenos. Enhorabuena.
Por Patricio Navia, sociólogo, cientista político y académico UDP, para El Líbero
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