En junio de este año, Ciper reveló conversaciones de WhatsApp de 2021 en las que el ex ministro de la Corte de Apelaciones, Juan Antonio Poblete, hacía gestiones políticas para que la abogada María Teresa Letelier fuera nombrada como ministra de la Corte Suprema, lo que se concretó meses después con la ratificación unánime del Senado.
Cuando salió a la luz pública este supuesto lobby, dentro del máximo tribunal se propuso reactivar la Comisión de Ética para tratar este caso. Sin embargo, Letelier, molesta, le habría dicho a sus colegas que ninguno había sido nombrado en el cargo “por obra y gracia del Espíritu Santo”.
Y es verdad. Es una regla no escrita que la designación de los ministros del máximo tribunal del país -y de otros cargos relevantes del Estado- se define a través de una ardua negociación entre el Senado y el Ejecutivo en donde prima el cuoteo político para asegurar los equilibrios. Dicho de otra forma, hay veces en que los nombres son afines a la izquierda y otras veces, afines a la derecha.
El proceso para llegar a la Suprema
En la ley 19.541, reforma constitucional de 1997 que regula el tema de nombramientos en las autoridades del Poder Judicial, se señala que “la Corte Suprema se compondrá de veintiún ministros. Los ministros y los fiscales judiciales de la Corte Suprema serán nombrados por el Presidente de la República, eligiéndolos de una nómina de cinco personas (la quina) que, en cada caso, propondrá la misma Corte, y con acuerdo del Senado”. A continuación se detalla que “será necesario la ratificación del nombre por dos tercios de los senadores en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto”.
Sobre la composición del órgano, la ley establece que cinco de los miembros de la Corte Suprema deberán ser abogados “extraños” o “externos” a la administración de justicia. El resto en tanto serán miembros del Poder Judicial.
Para la quina “cuando se trate de proveer un cargo que corresponda a un miembro proveniente del Poder Judicial, formará la nómina exclusivamente con integrantes de éste y deberá ocupar un lugar en ella el ministro más antiguo de Corte de Apelaciones que figure en lista de méritos. Los otros cuatro lugares se llenarán en atención a los merecimientos de los candidatos”.
Para los “externos” se describe una serie de requisitos: “Tener a lo menos 15 años de título, haberse destacado en la actividad profesional o universitaria y cumplir los demás requisitos que señale la ley orgánica constitucional respectiva”. Y previo a la integración de la quina se deberá realizar un “concurso público de antecedentes”.
A raíz de las palabras de Letelier, El Líbero revisó los procesos de elección de los otros 17 integrantes de la Corte Suprema -hay tres pendientes por nombrar- para ver cómo llegaron a los cargos que ocupan actualmente.
Entre los ministros hay algunos con pasado vinculado a la política, como Ángela Vivanco, que fue candidata a diputada en cupo RN en las elecciones de 1997, o Jean Pierre Matus, que militó en el PS y trabajó en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
A otros, en tanto, se les ha calificado como “conservadores” o “progresistas” en el momento de su designación, en base a decisiones que tomaron en el pasado en temas vinculados a violaciones de DD.HH. o en temas valóricos.
Ricardo Blanco Herrera, el actual presidente de la Suprema
Nombrado en junio de 2013. La negociación entre el entonces primer gobierno de Sebastián Piñera y la oposición estuvo teñida por el bloqueo de la primera propuesta del Ejecutivo al puesto, que era Juan Manuel Muñoz. Pese a que había un acuerdo con la DC, finalmente no se obtuvo el quórum necesario luego que el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle acusara a Muñoz de haber «denegado justicia» en la investigación por la muerte de su padre, el también ex Presidente Eduardo Frei Montalva.
Finalmente, el Ejecutivo bajó a Muñoz y decidió levantar a Blanco. Según notas de prensa de la época, su nombre gustaba en todos los sectores, pues había tenido una extensa carrera en el servicio público y era de bajo perfil. Otro dato que jugó a su favor fue su formación: además de abogado era ingeniero comercial y había estudiado Filosofía. Su ratificación en el Senado fue de forma unánime.
Sergio Muñoz Gajardo
En su minuto fue una sorpresa que el entonces Presidente Ricardo Lagos decidiera en 2005 presentarlo como carta para la Suprema, pues era el miembro de la quina que contaba con menos votos. La decisión del Mandatario fue polémica no sólo por eso, sino también porque Muñoz se transformaría en la persona más joven en llegar a ser ministro de la Corte Suprema.
En su ratificación hubo ocho senadores que votaron en contra, pero la sesión fue secreta y no hay acta de los votos.
Muñoz, previo a su nombramiento, ya había cobrado notoriedad por liderar investigaciones de derechos humanos, como el caso Tucapel Jiménez. También condujo el caso Spiniak y el proceso por las cuentas bancarias de la familia Pinochet en el Banco Riggs.
Juan Eduardo Fuentes Belmar
Nombrado para el cargo en 2011 por el ex Presidente Piñera, su nombre generó algunos resquemores en la entonces Concertación, donde preferían a Juan Escobar Zepeda. Sin embargo, finalmente se le dio luz verde por su bajo perfil y por su trabajo en causas de derechos humanos, como el caso Víctor Jara. “Su elección demostró un alto consenso. El magistrado tiene una dilatada experiencia, y esto es una coronación a una exitosa carrera judicial”, dijo el entonces ministro de Justicia, Teodoro Ribera.
Gloria Ana Chevesich Ruiz
Su nombramiento en 2013 por parte del gobierno de Sebastián Piñera no estuvo exento de polémicas. Pese a que ocupaba el primer lugar de la quina y se señalaba que el Poder Judicial “le había otorgado sistemáticamente las mejores calificaciones”, varios senadores de oposición fueron reticentes a darle su voto porque era cuestionada por organismos de Derechos Humanos y parlamentarios de izquierda por haber votado por atenuar una condena contra Manuel Contreras. También existían resquemores por la investigación que lideró del caso MOP-Gate, que tuvo al gobierno de Ricardo Lagos por las cuerdas.
Finalmente, su nombre fue aprobado por el Senado, pero con cinco votos en contra (Isabel Allende, Ricardo Lagos Weber, Juan Pablo Letelier, Alejandro Navarro y Jaime Quintana), y cinco abstenciones (Ximena Rincón, Eduardo Frei, Guido Girardi, José Antonio Gómez y Eugenio Tuma).
Andrea Muñoz Sánchez
Para finales de 2013 correspondía designar un nuevo ministro de la Corte Suprema. De la quina elaborada por el máximo tribunal, había dos nombres que concitaron el apoyo de la Nueva Mayoría. Uno de ellos fue Daniel Peñailillo, profesor de la Universidad de Concepción, quien contaba con el respaldo del PS; y por otra parte estaba Andrea Muñoz, abogada integrante de la Corte de Santiago, a quien respaldaba la DC.
Finalmente, en la negociación ganó la opción de Muñoz Sánchez. Según notas de la época, la figura de Camilo Escalona, entonces senador, fue clave para destrabar la nominación. El actual secretario general del PS señaló en ese entonces que Muñoz “reúne todas las condiciones de excelencia que ameritan su designación en la Corte Suprema”.
En la votación por su ratificación votaron 30 senadores a favor y hubo dos abstenciones.
Manuel Valderrama Rebolledo
La negociación para que fuera nombrado ocurrió a mediados de 2015. Fue designado de forma directa por la Presidenta Michelle Bachelet y las tratativas en el Senado fueron relativamente fáciles. En la votación por su nominación sólo se abstuvo Alejandro Guillier.
Se destacó en su minuto su larga trayectoria en el servicio público, pues contaba con una carrera judicial de casi 30 años.
Arturo Prado Puga
Fue nombrado en 2017 como ministro de la Suprema. Según recoge una nota del diario Pulso de aquellos días de negociaciones, “Prado Puga, junto a Emilio Pfeffer, eran parte de la lista corta que diseñó el gobierno de Bachelet sobre la base de las menciones de los legisladores de la oposición”. Cuando su nombre surgió como la posible carta a integrar el máximo tribunal, organizaciones sindicales salieron a mostrar reparos con su figura.
En su ratificación en Sala votaron 25 senadores a favor. En contra solo lo hizo Alejandro Navarro y se abstuvo Iván Moreira (UDI).
Angela Vivanco Martínez
Fue el primer nombramiento para la Suprema del segundo gobierno de Sebastián Piñera, y su negociación se llevó a cabo entre junio y julio de 2018. Si bien había un acuerdo entre el gobierno y la oposición para aprobar su nombre, adoptado pocas semanas antes, desde algunos sectores de la izquierda se pretendió desconocer para evitar su ratificación.
La discusión estuvo marcada por la trayectoria política de la abogada, quien fue candidata a diputada en 1997 por Renovación Nacional y también representó a Chile Vamos ante el Tribunal Constitucional en su requerimiento contra el aborto en tres causales.
Desde RD salieron entonces a criticar duramente a Vivanco a través de redes sociales, planteando que era “inexplicable que la ex Nueva Mayoría pactara con el gobierno la nominación de la abogada, teniendo a la vista de que ha sido opositora a la agenda de género”. La presión del FA y los antecedentes de Vivanco llevaron al PS a desconocer el pacto al que se había llegado con el Ejecutivo.
Para la votación en sala tuvo ocho votos en contra y dos abstenciones, pero con 30 votos a favor su ratificación resultó aprobada. En contra votaron Juan Ignacio Latorre, Alejandro Navarro, Alejandra Muñoz, Isabel Allende, Alfonso De Urresti, Álvaro Elizalde, Carlos Montes y Rabindranath Quinteros. En tanto se abstuvieron José Miguel Insulza y Ricardo Lagos Weber.
Mauricio Silva Cancino
Con negociación llevada a cabo entre finales de 2018 y enero de 2019, según señalaba la prensa de la época, “era un cupo de centroizquierda”.
Cuando se dio a conocer la quina hubo dos nombres que se barajaron para el nombramiento. Javier Moya era impulsado por Guido Girardi (PPD), Jorge Soria (PPD), Alejandro Navarro y por parlamentarios independientes y del PS, pero desde la UDI mostraron su descontento con el nombre. El otro candidato con ventaja era Silva, el cual era apoyado principalmente por Francisco Huenchumilla (DC) y Felipe Harboe (PPD).
La discusión al interior de la izquierda fue larga y trabajada, pero finalmente se ratificó su nombre por unanimidad.
María Angélica Repetto García
Fue elegida ministra de la Corte Suprema en agosto de 2019. En los meses anteriores a su nombramiento se vivieron tensos momentos en la negociación debido a que el gobierno del Presidente Piñera, en un gesto hacia la oposición, había decidido proponer -sin contar con el visto bueno de la izquierda-, el nombre de la abogada Dobra Lusic, cercana a la DC. Desde la oposición se alegó que el cupo era de la “izquierda” y el gobierno bajó a Lusic y enseguida propuso a Repetto, lo que volvió a provocar molestias en la oposición.
En la prensa de esos meses se señalaba que Repetto era considerada cercana a la derecha, ya que se había inhabilitado en causas de derechos humanos. El entonces senador Víctor Pérez (UDI) señaló que «es muy injusto para la ministra Repetto y para la Corte Suprema. Y creo que el país requiere jueces como la señora Repetto y no hay razones para que ella no llegue a la Suprema”. Dos meses después, y luego de varias críticas cruzadas, el gobierno logró convencer a la oposición. En contra de su ratificación sólo votó Alejandro Navarro y se abstuvo Juan Ignacio Latorre.
Leopoldo Llanos Sagrista
Llanos fue nombrado ministro en diciembre de 2019. Según notas de la época, la izquierda se alineó rápido para levantar su candidatura. En específico se señalaba que “el magistrado, que fue promovido por sectores de la DC, el PS y el PPD, ha tenido un rol relevante en causas de derechos humanos, donde, por ejemplo, estuvo a cargo de investigar torturas en Villa Grimaldi y Londres 38”.
Aquellos casos le habrían valido el apoyo de dichos partidos, así como fallos contra Isapres por negarse a costear tratamientos o medicamentos de alto costo. Su votación fue unánime y sin incidentes. Se destacó en ese momento que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, fue clave en la negociación con los senadores para no repetir el caso Lusic-Repetto.
Adelita Ravanales Arriagada
Fue nombrada ministra de la Corte Suprema en octubre de 2020. Al igual que en casos anteriores, Ravanales surgió luego de que se cayera otro nombre (Raúl Mera). Según la prensa de la época, “Ravanales es vista como una magistrada de sensibilidad de derecha, pero que no genera anticuerpos entre los senadores de oposición”.
Pese a que desde algunos sectores trataron de frustrar su llegada a la Suprema por sus vínculos con Carabineros y el Ejército, su nombramiento fue aprobado por unanimidad en el Senado.
Mario Carroza Espinosa
Carroza fue nombrado en diciembre de 2020 por el gobierno de Sebastián Piñera. Pero su nominación no estuvo exenta de polémicas. Desde la UDI, por ejemplo, algunos valoraron lo avances que logró en la investigación del asesinato de Jaime Guzmán, logrando dictar sentencias.
Sin embargo, en otros sectores del gremialismo rechazaron su nombre por haber sentenciado a algunos ex militares por causas de derechos humanos, como Miguel Krasnnoff. El senador Iván Moreira sostuvo en esos días que “La Moneda una vez más se equivoca en proponerlo y todo porque le toca a la izquierda. Carroza, juez que por décadas ha perseguido políticamente y encarcelado a miles de soldados”. A él se sumaron voces críticas como la del ex candidato presidencial José Antonio Kast.
Su nombre se aprobó con 35 votos a favor. En contra votaron Enrique van Rysselberghe, José Miguel Durana, Iván Moreira y Kenneth Pugh. Se abstuvieron Claudio Alvarado y José García Ruminot.
Jean Pierre Matus
Fue nombrado en octubre de 2021. Aunque fue elegido por el Presidente Piñera, era una carta considerada de “consenso”, ya que tenía redes en el gobierno y como militante del Partido Socialista había trabajado en la administración de Michelle Bachelet. Matus se desafilió del PS cuando fue designado por Bachelet como abogado integrante de la Corte Suprema.
Su nombramiento fue aprobado con sólo cuatro votos en contra: Isabel Allende, Ximena Rincón, Francisco Huenchumilla y Alejandro Navarro. También algunas abstenciones: Yasna Provoste, José Miguel Insulza y Juan Ignacio Latorre.
Actualmente la fiscalía, en el marco del «caso audios», investiga si hubo irregularidades en su llegada a la Suprema por supuestos mensajes de WhatsApp que habría sostenido con el abogado Luis Hermosilla para que intercediera en favor de su nominación.
María Cristina Gajardo Harboe
Fue nombrada para la Corte Suprema en enero de 2022 por el gobierno de Sebastián Piñera en conjunto con Diego Simpertigue. Antes era abogada integrante de la Suprema y fue asesora del Ministerio del Trabajo en el primer gobierno de Sebastián Piñera.
Su nombramiento causó molestia en Londres 38, quienes intentaron bloquear su llegada al máximo tribunal.
Finalmente su nominación fue aprobada por 29 votos a favor, tres en contra (Juan Ignacio Latorre, Juan Pablo Letelier y Alejandro Navarro) y una abstención, Adriana Muñoz.
Diego Simpertigue Limare
Nombrado también en enero de 2022, su nombre se negoció en conjunto con Gajardo Harboe, y a diferencia de ella, no tuvo complicaciones para que se aceptará su nominación. Considerado de corte “progresista”, durante la negociación se destacó su larga trayectoria en el servicio público y su bajo perfil.
Su votación se dio 10 días antes que la de Gajardo y fue aprobado por unanimidad.
María Soledad Melo Labra
Designada ministra de la Corte Suprema en noviembre de 2022, fue la primera nominación del Presidente Gabriel Boric. Según notas que daban cuenta de las negociaciones, el gobierno quiso mantener los equilibrios políticos dentro del máximo tribunal y por eso escogió su nombre, con un perfil más cercano a la centroderecha.
En la votación para confirmar su nombramiento sólo se abstuvo el senador Karim Bianchi. Todo el resto votó a favor.
Artículo original de El Líbero
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