El justificado descontento que produjo el prolongado corte de luz a cientos de miles de personas llevó, insensatamente, a varios políticos a proponer la posibilidad de nacionalizar la distribución de electricidad en el país. Pese a la abundante evidencia de mal funcionamiento de los servicios públicos con interminables filas de espera y carencia total de rendición de cuentas, nunca faltan los nostálgicos de un pasado que nunca existió que siguen convencidos de que la solución a cualquier falla en el mercado es la estatización.
En la década de los 80, el entonces Presidente de Estados Unidos acuñó una celebrada frase. Ronald Reagan dijo que las nueve palabras más temidas del idioma inglés eran “yo soy del gobierno y estoy aquí para ayudar”. Reagan era un convencido, hasta el dogmatismo, que el mercado siempre era superior al Estado. Aunque Estados Unidos ha mostrado múltiples veces que cuando se desarrolla capacidad estatal adecuada, el Estado puede ser un buen proveedor de servicios, hay un sector de la derecha que pareciera preferir morirse de sed en el desierto antes que beber agua distribuida por el Estado. Desde la NASA hasta la educación pública, pasando por el desarrollo de las vacunas contra el Covid-19 y de su distribución, el Estado estadounidense ha demostrado que sabe hacer la pega y que, mejor aún, sabe usar las fortalezas del mercado para producir mejores resultados. Pero cuando el dogma se antepone a la evidencia, los datos importan poco. Si la gente cree algo, entonces buscarán torturar los datos hasta que puedan encontrar alguna correlación espuria que confirme sus dogmas.
Pero Reagan tenía un punto. Estados Unidos se convirtió en la gran nación que hoy gracias a que el Estado nunca se extralimitó en sus tareas. La acérrima defensa que hace la Constitución de la iniciativa privada y el irrestricto respeto al derecho de propiedad son base central del éxito de Estados Unidos y del capitalismo en los últimos siglos. De ahí la poderosa intuición de sentido común estadounidense en la frase de Reagan. Precisamente porque puede convertirse en un Leviatán que ahogue al sector privado, hay que ser cuidadoso con evitar que el Estado crezca demasiado y que extienda sus tentáculos más allá de lo que resulte estrictamente necesario.
En Chile, muchos siguen creyendo que la vida es blanco y negro. Por eso, alguna gente ve en el mercado la solución a todos los problemas y otros creen que el Estado debiera estar involucrado en todas las actividades. Por ejemplo, los primeros son incapaces de aceptar que el sistema de pensiones basado exclusivamente en las cuentas individuales tiene fallas y los segundos creen que las pensiones funcionarían mejor si tuviéramos un sistema cien por ciento público. La crisis de la electricidad que tuvimos después de la tormenta de viento más reciente hizo que muchos dogmáticos volvieran a sus trincheras ideológicas.
Pronto salieron voces del gobierno que llamaron a nacionalizar la distribución de energía. Dado que el gobierno quiere involucrar al Estado en muchas nuevas áreas, como la minería de litio, no sorprende que, ante las fallas e inaceptables errores de empresas reguladas, algunos crean que la solución sea la estatización. Otros acusaron al gobierno de querer aprovechar cualquier situación para buscar engordar al Estado en circunstancias que el sector público es incapaz de hacer bien las tareas que hoy tiene encomendadas, desde la educación hasta la salud, pasando por el combate contra la delincuencia o la protección de las fronteras.
Lo cierto es que, dado que la distribución eléctrica es un monopolio natural (resulta difícil y demasiado costoso crear un mercado que permita a distintas empresas competir para que hagan llegar la electricidad a su casa), el Estado de por sí tiene un rol importante en establecer las responsabilidades y obligaciones de las empresas que entregan el servicio. Si falló Enel es porque el diseño de los contratos tenía falencias que son responsabilidad del regulador. Como muchos han recordado, la irresponsabilidad de la clase política en su conjunto -incluido el gobierno de Piñera que, a fines de 2019, promovió un congelamiento de tarifas eléctricas, y un Poder Legislativo que extendió ese congelamiento durante la pandemia- demostró que la élite gobernante no trepida en adoptar políticas del tipo pan para hoy, hambre para mañana. Cuando falla el regulador que debe asegurarse de que los privados distribuyan bien la electricidad, la solución no es estatizar para que el regulador se haga cargo del desafío todavía más complejo de distribuir la electricidad.
Es cierto que una vez que se restablezca el suministro de electricidad y comience a mejorar el clima, la opinión pública pasará a preocuparse de otro asunto y este extenso corte de luz se convertirá en un recuerdo más de una acontecida temporada invernal. Pero la reacción visceral de aquellos que rápidamente piensan que cualquier problema que surge en el país se soluciona con llamados a la nacionalización nos recuerda que a muchos chilenos le haría bien tener un poco más de esa saludable desconfianza de un Estado demasiado poderoso que tenía Reagan y que en general poseen también los estadounidenses en general.
Por Patricio Navia, sociólogo, cientista político y académico UDP, para El Líbero
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