Tras su puesta en marcha en 2016, miles de estudiantes que pertenecen al 60% de los hogares con los menores ingresos del país han podido acceder a la gratuidad, beneficio que cubre la matrícula y arancel durante el período que dure la carrera.
La influencia de esta política pública motivó que el Programa de Doctorado de la Universidad de Tarapacá se abocara a investigar si la implementación de la gratuidad cambió el comportamiento de los estudiantes que postulan al Sistema Único de Admisión (SUA), es decir, a las universidades chilenas, que clasifican a los futuros aspirantes de acuerdo a los puntajes que obtienen en las pruebas de selección.
“En particular, examinamos si tras la puesta en marcha de la gratuidad cambiaron las postulaciones de los estudiantes en términos del nivel de selectividad de la universidad que escogieron y la duración y el costo de la carrera elegida”, dice Óscar Espinoza, académico miembro del claustro del Programa de Doctorado en Educación de la casa de estudios, y autor del informe realizado en conjunto con otros cinco docentes pertenecientes tanto a universidades nacionales como internacionales.
En la investigación, publicada en la revista Higher Education, se utilizaron los datos del DEMRE a través de los cuales se realizaron análisis estadísticos que incluyeron a 384.830 postulantes de tres cohortes de egresados de enseñanza media (2015, 2016 y 2017) y que solicitaron acceder a 30 universidades selectivas.
La metodología comprendió la comparación de dos grupos, es decir, aquellos que postularon en 2015, antes de la implementación de la gratuidad, y aquellos que lo hicieron en los años 2016 y 2017, cuando esta alternativa ya estaba vigente. Cabe destacar que se prestó especial atención al grupo con menor renta familiar para realizar la comparación de resultados.
Resultados de interés
Entre los principales alcances obtenidos, Espinoza plantea que, tras la creación de la gratuidad, los estudiantes de bajos ingresos tendieron a postular a programas más costosos que antes de la existencia de este instrumento. Además, no se encontraron estudiantes que postularan a universidades de mayor selectividad o a carreras más largas después del 2016.
“Nuestro estudio es relevante, porque permite evaluar los cambios que puede haber producido la gratuidad, dada la relevancia que ha adquirido, tanto en términos de beneficiarios como de gasto público. Por ejemplo, en el 2018, año en que se extendió la cobertura de la gratuidad hasta el sexto decil, casi un 35% de los estudiantes del SUA se vio beneficiado por ella. A su vez, esto se refleja en la proporción del gasto público en educación superior destinado a financiarla, el que superó el 40% el 2019. Ante ello, se vuelve necesario evaluar las consecuencias de la gratuidad”, afirma el académico del Programa de Doctorado en Educación de la Universidad de Tarapacá.
Otra de las conclusiones que arrojó la investigación es que no se modificaron las postulaciones de los estudiantes de bajos ingresos en términos de la selectividad de las universidades o de la duración de la carrera. “Por más que ahora los estudiantes de los primeros seis deciles de ingresos tengan la posibilidad de estudiar de manera gratuita, siguen necesitando alcanzar cierto puntaje para entrar a las universidades y carreras más selectivas”, precisa Espinoza.
En cuanto a las proyecciones de esta política pública, el docente de la U. de Tarapacá argumenta que, a ocho años de su lanzamiento, es posible evaluar el efecto que ha tenido la gratuidad tanto en la titulación de sus beneficiarios como en sus experiencias laborales.
“No es menor el hecho de que los titulados que estudiaron con gratuidad egresen de la universidad sin el peso que significa contraer una deuda. Asimismo, este instrumento fortalece el apoyo estatal a la educación, dando cuenta de un mayor sentido de responsabilidad ciudadana y compromiso con las comunidades”, concluye Óscar Espinoza.
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