La Organización de Estados Americanos (OEA) tratará mañana los crímenes de lesa humanidad cometidos por Nicolás Maduro, tras las elecciones presidenciales que perdió ante la alianza opositora que lideran María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.
La sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA fue solicitada por Paraguay junto a las representaciones de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana, Panamá, Perú y Uruguay.
En este caso, como en sesiones anteriores convocadas para tratar la crisis en Venezuela, los embajadores de Brasil, México y ciertas islas del Caribe vinculadas al régimen populista se mantuvieron distantes y en silencio.
Las posiciones antagónicas entre los países que condenan a Maduro y los estados miembros que se mueven premeditada cautela diplomática exhiben la fractura de la OEA. Una circunstancia geopolítica inesperada si se tiene en cuenta que la ONU, el Centro Carter, la Unión Europea y la propia OEA ya condenaron las acciones ilícitas ejecutadas por el regimen venezolano.
“El objetivo principal de esta sesión extraordinaria es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exponga a los Estados Miembros sobre la situación de derechos humanos en ese país en el período post electoral”, sostiene los fundamentos de la convocatoria presentada por Paraguay junto a otros diez países.
La CIDH junto a Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) presentaron un minucioso informe que desnuda los sistemáticos crímenes contra la humanidad que ordenó Maduro y ejecutó su aparato represivo. Ese documento oficial, publicado el 15 de agosto, se completará con la información vinculada al fallo irregular del Tribunal Superior de Justicia y los actos represivos de los últimos días.
“Entre el 28 y el 30 de julio, se registraron denuncias de abuso de la fuerza pública contra las manifestaciones. La violencia resultó en la muerte de al menos 23 personas. Información preliminar señala que las víctimas eran hombres de entre 15 y 56 años y la mayoría provenientes de zonas populares del país. Asimismo, todas habrían muerto como consecuencia de disparos de arma de fuego, algunos en la espalda o en la cabeza”, afirma el informe bajo el título Uso Arbitrario de la Fuerza.
A continuación, en el capítulo referido a Detenciones Arbitrarias y Desapariciones Forzadas, la presentación asegura: “La CIDH ha recibido información sobre un patrón de violaciones a la libertad personal. Entre el 28 de julio y el 13 de agosto, organizaciones de sociedad civil han registrado al menos 1.393 personas detenidas, incluyendo 182 mujeres; 117 adolescentes; 17 personas con discapacidad, 14 personas indígenas y 7 periodistas y trabajadores de la prensa. Se han recibido reportes de detenciones arbitrarias; desapariciones forzadas de corta duración en las que se habrían cometido actos de violencia sexual contra mujeres y otros actos que podrían constituir tortura. Las personas detenidas son trasladadas a centros de detención de manera secreta, sin que sus familias tengan conocimiento de su paradero o estado físico”.
El dossier del foro regional también hace referencia a la desaparición de la libertad de prensa en manos de los grupos de tareas que responden a las órdenes de Maduro. Se trata de un capítulo clave que permite entender cómo funciona el regimen populista.
“La RELE (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión) ha recibido información sobre la escalada represiva y los ataques sistemáticos dirigidos contra periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que difunden información de interés público de especial trascendencia en el contexto poselectoral. Desde el 28 de julio, se han registrado aproximadamente 108 casos de vulneraciones a la libertad de expresión, que incluyen la detención arbitraria de periodistas y trabajadores de la prensa bajo acusaciones infundadas de ´instigación al odio´ y ´terrorismo´, anulación de pasaportes, el cierre de medios, la confiscación de equipos y la deportación de personal de prensa internacional”, revela la presentación que elaboró la CIDH.
La crisis en Venezuela fracturó de hecho a la OEA, y para evitar que la sesión extraordinaria fracase, se resolvió que no habrá sanción de un proyecto basado en el informe de la CIDH. Maduro influye en la OEA y no había garantías de un voto favorable contra el regimen que persigue a los venezolanos y se niega a reconocer su derrota en los comicios del 28 de julio.
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