Human Rights Watch (HRW) envió una carta a los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Colombia, Gustavo Petro; y México, Andrés Manuel López Obrador, en la que les insta a reconsiderar sus posturas sobre la crisis en Venezuela. En el documento, la organización de derechos humanos critica las propuestas recientes de estos mandatarios en relación con las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró la victoria fraudulenta de Nicolás Maduro.
HRW destaca que, desde el anuncio de los resultados por parte del CNE, el régimen de Maduro ha intensificado la represión contra la oposición y la sociedad civil. Según la organización, “hemos recibido informes creíbles de que 23 manifestantes y transeúntes, así como un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana, han muerto en el contexto de las protestas”. Además, señalan que más de 2.000 personas han sido detenidas, de las cuales Foro Penal ha verificado 1.500 casos, incluidos los de 130 niños y 20 personas con discapacidad. HRW subraya que solo 90 personas han sido liberadas y que cientos han sido acusadas de “terrorismo”.
En su carta, HRW expresa su preocupación por tres propuestas concretas que han sido sugeridas por los gobiernos de Brasil, Colombia y México: repetir las elecciones, confiar en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela para resolver la disputa electoral, y conceder una “amnistía general” en el país.
La primera propuesta, que ha sido mencionada tanto por el presidente Lula da Silva como por el presidente Petro, es la de repetir las elecciones. HRW señala que esta opción sería problemática, porque el régimen de Maduro no está dispuesto a divulgar y aceptar el resultado de los comicios del 28 de julio y esto sería una burla al principio democrático básico. La organización argumenta que los comicios del 28 de julio fueron marcados por graves violaciones de derechos humanos y que, desde entonces, el chavismo ha tomado medidas para hacer que cualquier proceso electoral futuro sea aún más injusto. Entre estas medidas, mencionan la detención de miembros de la oposición, amenazas contra el candidato opositor Edmundo González y la líder política María Corina Machado, así como la aprobación de leyes que otorgan al régimen amplios poderes para cerrar organizaciones no gubernamentales (ONG) y restringir la observación electoral internacional.
HRW también cuestiona la confianza que los gobiernos de Brasil, Colombia y México han depositado en el TSJ para resolver las disputas sobre el resultado electoral. Según la organización, varios expertos venezolanos y organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han señalado que el TSJ carece de independencia y credibilidad. En la carta, HRW recuerda que “el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, sobre la base del examen preliminar de su oficina, ha identificado varios factores que afectan a la independencia y la imparcialidad de los jueces del Tribunal Supremo de Venezuela”.
Además, HRW menciona que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha documentado “acusaciones creíbles de que los magistrados del Tribunal Supremo reciben habitualmente órdenes con respecto a la forma de decidir las sentencias por parte del poder ejecutivo”. En lugar de proteger el derecho de los venezolanos a participar en elecciones libres y justas, el TSJ ha jugado un papel destacado en el debilitamiento del proceso electoral, sostiene HRW.
Finalmente, la organización de derechos humanos expresa su rechazo a la propuesta del presidente Gustavo Petro de conceder una “amnistía general” en Venezuela, la cual incluiría un alcance “nacional e internacional”. HRW señala que, según el derecho internacional, los gobiernos tienen la obligación de investigar y perseguir graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales, como los que se han documentado en Venezuela. La carta advierte que “la propuesta del presidente Petro, formulada en términos generales y amplios, violaría el derecho internacional y afectaría a los derechos de las víctimas de atrocidades”.
HRW enfatiza que cualquier esfuerzo por resolver la crisis en Venezuela debe incluir mecanismos de justicia transicional que reparen los daños y garanticen la no repetición de los abusos. La organización señala que, aunque las amnistías condicionadas pueden desempeñar un rol importante en ciertos contextos, una amnistía general como la sugerida por Petro no garantizaría la seguridad jurídica de todas las partes interesadas y podría ser fácilmente desestimada por jurisdicciones nacionales, extranjeras o internacionales en el futuro.
La carta concluye instando a los presidentes Lula da Silva, Petro y López Obrador a seguir centrando sus esfuerzos en garantizar el respeto a la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio, así como en presionar por una verificación independiente e imparcial de los resultados. HRW subraya la importancia de una solución negociada que incluya garantías para la participación de todos los venezolanos en la vida política del país y que ponga fin a las violaciones de derechos humanos perpetradas por el gobierno de Maduro.
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