Es curioso que los chilenos leamos las páginas de nuestra historia reciente de forma fragmentaria, como si no quisiéramos conocer los hechos ni, en consecuencia, tomar las medidas necesarias para resolver las tragedias que asolan al país. El problema es que nuestra actitud impasible e indolente está costando la vida a decenas de personas semana a semana.
Y mientras el gobierno alardea con una preocupación impostada por la seguridad, el país se desangra. ¿Por qué afirmo que es impostada, es decir, falsa? La respuesta está dada no solo en la total ausencia de voluntad política que observamos en el hecho de que, en la práctica, el fast track es letra muerta: 15 proyectos en primer trámite y 9 sin urgencia.
Un viaje por las páginas de la actualidad noticiosa al pasado reciente termina por respaldar nuestra tesis, cual es que este gobierno no tiene la decisión tomada de defender a Chile del crimen organizado, sino más bien, hacer el show y pasar piola, como se dice coloquialmente. Le propongo que hagamos el recorrido intentando descifrar cuál es el tipo de vínculo que tiene la izquierda gobernante con la delincuencia.
El 4 de mayo de 2022 El Líbero titulaba: “Los siete proyectos contra la violencia que Boric, Jackson y Vallejo rechazaron”. El artículo relata que el Presidente Boric rechazó la ley antibarricadas, la ley de fuegos artificiales, la ley Juan Barrios, la ley que exige la renuncia al uso de la violencia en política y la ley de protección de Infraestructura Crítica.
Un mes más tarde el mismo medio nos recordaba que, quienes hoy nos gobiernan, también votaron en contra de la ley Antiportonazos y se abstuvieron en proyectos contra el narcotráfico y el crimen organizado, incluso amenazaron con no aprobar el presupuesto para Carabineros hasta que se destituyera al entonces general director de la institución, Mario Rozas. ¿Por qué? Tras las declaraciones que el ex Presidente Piñera hizo en Argentina sobre el 18-O podemos afirmar con certeza que el general debía pagar caro haber defendido al gobierno democráticamente electo y la institucionalidad del país del embate octubrista.
A la luz de los hechos que hemos resumido no se necesita demasiada agudeza para concluir que los chilenos eligieron para ocupar el cargo de Presidente a un hombre con una amplia trayectoria de apoyo al crimen. Y eso que no hemos ni siquiera mencionado los tuits en contra de carabineros, las visitas a los golpistas presos durante el golpe de Estado, su encuentro en Francia con el ex frentista Ricardo Palma Salamanca, condenado en Chile por el crimen de Jaime Guzmán, el retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado interpuestas por el gobierno anterior en contra de los octubristas responsables de la destrucción y el caos del 18-O y el indulto y posterior otorgamiento de pensiones de gracia a personas con amplios prontuarios criminales.
Un punto de inflexión en las relaciones de este gobierno con el crimen organizado fue el pacto de seguridad que firmó el subsecretario Manuel Monsalve con el régimen del Cartel de los Soles. Es francamente increíble que los chilenos hayamos permitido semejante brutalidad sin decir una palabra. Solo la comodidad de las elites políticas y mediáticas puede explicar la total ausencia de reacción. Más aún si tenemos presente el rol clave que jugó Doris González, vicepresidenta del Partido Comunes y exvocera del Movimiento de Pobladores Ukamau, dentro del comando del otrora candidato y ahora Presidente Boric. El 20 de septiembre de 2021 El Líbero publicó un análisis al respecto, dando a conocer la estrecha relación de González con el dictador Nicolás Maduro. Este no es un dato baladí en nuestro intento por explicar el tipo de relación que tiene este gobierno con el crimen organizado. Por supuesto, no podemos olvidar la amistad del PC con las FARC ni con el gobierno venezolano. Dan cuenta de ella los más de 300 correos que se encontraron en el computador de Raúl Reyes y los US$13 millones que sabemos depositó Hugo Chávez en las arcas de la fracasada Universidad Arcis.
La guinda de la torta la pone el PS con una ministra del Interior que no solo figura primera en la lista del despilfarro estatal, lo que significa que pone el dinero para la seguridad donde no sirve a su propósito. Además, Carolina Tohá intentó que se aprobara la siguiente indicación en el texto de las Reglas del Uso de la Fuerza: “Los reglamentos regulados en el presente artículo deberán considerar especificaciones para un uso diferenciado de la fuerza en los casos en que exista presencia de niños, niñas o adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, indígenas o personas adultas mayores”. En pocas palabras, esa sola indicación despojaba al Estado de su capacidad de reacción frente a los criminales, golpistas, vándalos y el largo etcétera de personas que amenazan la seguridad y la paz. Traducido desde una mirada politológica simple, la indicación transformaba a Chile en un Estado fallido. ¿Cómo es que a nadie le extraña que la ministra encargada de seguridad hubiese tenido una iniciativa anti-seguridad?
Finalmente, el intento de neutralización de las FF.AA. y de Orden por parte de la izquierda ha escalado al extremo de mandar el siguiente mensaje a sus miembros: hasta tus hijos pagarán el precio si defiendes al país de nuestro proyecto revolucionario. Esa es una de las lecturas posibles del caso de Isabel Amor y, en el contexto de captura que el crimen organizado está haciendo del país, es extremadamente grave. Sobre todo si tenemos a la vista la relación que hemos descrito entre la cabeza y el motor de la retroexcavadora. Solo nos falta mencionar la persecución judicial de carabineros y militares por todos conocida y el primer proyecto de nueva Constitución, alma y vísceras del proyecto político de quienes nos gobiernan. En su artículo 30 establecía que ninguna persona privada de libertad “podrá ser sometida a aislamiento o incomunicación como sanción disciplinaria” y en el 31, su “derecho a mantener la comunicación y el contacto personal, directo y periódico con sus redes de apoyo y siempre con las personas encargadas de su asesoría jurídica”.
Finalicemos con las declaraciones del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, que dijo que en materias de seguridad el gobierno es parte del problema. Y tiene razón. Lamentablemente, no creo que lo haya expresado en el sentido que lo hemos expuesto.
Por Vanessa Kaiser, PhD en Filosofía y en Ciencia Política, para El Líbero
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