Durante una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) se condenó las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y el fraude electoral cometido por Nicolás Maduro en Venezuela para perpetuarse sine die en el poder.
Durante dos horas de exposiciones, los representantes de Paraguay, Perú, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Guatemala, Estados Unidos, Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador e Italia denunciaron los crímenes de lesa humanidad ejecutados por la dictadura caribeña y exigieron que se publiquen las actas electorales para confirmar que la oposición liderada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado derrotaron a Maduro.
Los embajadores de Brasil, México y Colombia se mantuvieron en silencio frente a la compleja situación institucional de Venezuela. Lula da Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) conocen las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen populista, pero optaron por ordenar a sus representantes en la OEA que cerraran los labios y pusieran cara de circunstancia durante toda la sesión extraordinaria del Consejo Permanente.
El cónclave de la OEA inició en su antiguo edificio colonial a escasas calles de la Casa Blanca. Afuera el sol de verano caía impiadoso, mientras que adentro del Salón Bolívar se notaba la tensión diplomática por la fractura tácita que el Caso Venezuela provocó en el foro regional.
Sólo Brasil, México, Colombia y un puñado de islas del Caribe callan ante la represión ilegal de Maduro. El resto, liderado por Estados Unidos, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, desnuda el plan de violencia estatal y parapolicial que despliega Maduro ante la oposición política y los medios independientes.
Roberta Clarke es la titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y al comienzo de la sesión extraordinaria describió la situación política en Venezuela. Fue un informe de 20 minutos que impactó entre los embajadores, asesores y periodistas que se encontraban en la OEA.
La comisionada Clarke afirmó:
- “Entre el 28 y el 30 de julio se registraron hechos de violencia por parte de la fuerza pública contra las manifestaciones, que dejaron como saldo la muerte de al menos 23 personas. Todas ellas fallecieron como consecuencia de disparos de arma de fuego, algunos en la espalda o la cabeza. Según información pública registrada por el Mecanismo Especial de Seguimiento a Venezuela (MESEVE), 10 de las muertes son atribuibles a fuerzas del Estado: ocho a fuerzas militares y dos a la policía”.
- “Las personas detenidas en este contexto están siendo sometidas a procesos penales por delitos formulados de forma ambigua que, además de tener penas excesivamente elevadas, atentan contra el ejercicio de la libertad de expresión”.
- ”El régimen también ha intensificado la represión en el ámbito digital, utilizando la tecnología para perfilar, vigilar e intimidar a los opositores. Se ha documentado el bloqueo de sitios web, redes sociales y plataformas de mensajería instantánea, así como el uso de aplicaciones que incitan a los ciudadanos a dar información sobre otros”.
Tres discursos, por su volumen propio, marcaron la línea política ante la dictadura populista.
Franc Mora, embajador de Estados Unidos, señaló que la Casa Blanca respalda al “pueblo venezolano” y consideró que hubo “uso excesivo y letal de la fuerza” en manos del aparato estatal que responde a Maduro.
Sonia Cavallo, embajadora de la Argentina, reiteró el pedido de salvoconductos para los seis opositores asilados en la sede diplomática de ese país y que el accionar del régimen populista “merecen ser condenado por la comunidad internacional”.
Washington Abdala, embajador de Uruguay, comparó los métodos de exterminio del nazismo con el plan sistemático de represión que ordenó Maduro. Y cerró con una frase que impactó en el silencio formal de la sesión extraordinaria: “Cada muerte en Venezuela es el universo, cada torturado es una vergüenza, para Venezuela, para nosotros y para el mundo”.
Cerca del mediodía en DC, Luis Almagro pidió la palabra. El secretario General de la OEA hizo un discurso que sintetizó el pensamiento de la mayoría de los embajadores que participaron de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente.
“Este funcionamiento institucional transforma la justicia en un arma de doble filo: por un lado, la impunidad de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Por el otro lado, permite la persecución política, la represión de disidentes y opositores. Es cuando la institucionalidad de la justicia es instrumental en la ejecución del encarcelamiento político, que la justicia se convierte en parte fundamental del sistema de torturas, desapariciones forzadas o extrajudiciales en un régimen político como éste”, sostuvo Almagro cuando describió las entrañas del aparato represivo que protege a Maduro.
Y completó: “El paso del tiempo claramente opera sólo en beneficio del régimen. Se mueren testigos, caen presos, borran evidencia de las más diversas formas; en cambio para las víctimas y familiares de las víctimas significa la eternidad de la impunidad nacional e internacional para los responsables de tortura, desapariciones forzadas, encarcelaciones extrajudiciales y encarcelamiento político. La eternidad de la falta de justicia”.
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