Un informe de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) expone la intensificación de la represión del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. La prestigiosa ONG concluyó que el chavismo ha recurrido a la violencia y a tácticas autoritarias para sofocar las protestas que han estallado en todo el país, cuestionando los resultados electorales entre denuncias de irregularidades durante el proceso.
Desde el anuncio de los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), que declaró que Maduro ganó con más del 51% de los votos, miles de venezolanos han salido a las calles en manifestaciones pacíficas exigiendo un recuento justo del sufragio. HRW documentó que agentes de las fuerzas de seguridad chavistas, en conjunto con grupos armados pro-régimen conocidos como “colectivos”, han respondido con una represión “brutal” que dejó al menos 24 asesinatos y más de 2.400 detenidos.
“Las autoridades venezolanas están cometiendo violaciones generalizadas de derechos humanos contra manifestantes, transeúntes, líderes de la oposición y críticos del gobierno tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024″, señaló Human Rights Watch. Y advirtió que “los gobiernos preocupados por la situación en Venezuela deben exigir la verificación independiente de los resultados electorales y apoyar los esfuerzos internacionales para garantizar justicia”.
“La represión que estamos viendo en Venezuela es brutal”, declaró Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “La comunidad internacional debe tomar medidas urgentes para garantizar que los venezolanos puedan protestar pacíficamente y que su voto sea respetado”, agregó.
El informe registra la muerte de al menos 24 personas durante las protestas y HRW verificó de forma independiente 11 de estos casos a través de testimonios, análisis forenses de actas de defunción y la revisión de videos y fotografías. Los incidentes ocurrieron principalmente en sectores populares, tradicionalmente bastiones del chavismo, como las parroquias de El Valle y Antímano en Caracas, y en estados como Zulia, Aragua y Bolívar.
El modus operandi descrito por HRW incluye el uso de la fuerza letal por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), así como la participación activa de los “colectivos”. La ONG señaló que estos grupos armados, que operan con impunidad, atacaron a manifestantes y transeúntes, disparando armas de fuego en coordinación con las fuerzas de seguridad.
Detalles sobre seis víctimas
Un ejemplo destacado en el informe es el caso de Isaías Jacob Fuenmayor González, un adolescente de 15 años que fue asesinado en el estado Zulia el 29 de julio. Fuenmayor González fue alcanzado por una bala en el cuello mientras participaba en una protesta cerca de un centro de votación. A pesar de los esfuerzos por trasladarlo a un hospital cercano, murió debido a la gravedad de la herida.
HRW señaló también que el 29 de julio, Anthony Enrique García Cañizalez, un estudiante de 20 años, y Olinger Johan Montaño López, un barbero de 23 años, fueron asesinados durante las protestas en El Valle, Caracas. García Cañizalez, quien había salido para llevar comida a un familiar, fue alcanzado por disparos cerca de la escuela Abigail González. Montaño López participaba en la misma manifestación y fue también víctima de los disparos. Ambos murieron poco después en el Hospital de Coche debido a las heridas.
Ese mismo 29 de julio, Aníbal José Romero Salazar, un obrero de 24 años, participó en una protesta en Carapita, parroquia de Antímano, Caracas. Durante la manifestación, fue alcanzado por una bala en la frente disparada por agentes de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET). A pesar de los intentos de los manifestantes por trasladarlo para su rescate, falleció en el hospital Pérez Carreño. Su muerte fue falsamente declarada como una farsa por Nicolás Maduro en una conferencia de prensa, lo cual fue desmentido por Human Rights Watch.
Rancés Daniel Yzarra Bolívar, un ingeniero civil de 30 años, perdió la vida el 29 de julio durante una protesta en el barrio San Jacinto, Maracay, estado Aragua. HRW señaló que protestaba pacíficamente contra los apagones y los resultados electorales cuando fue alcanzado por una bala en el pecho cerca de la 42 Brigada de Infantería Paracaidista del Ejército. A pesar de ser trasladado de urgencia, falleció debido a un shock hemorrágico agudo por la perforación de órganos torácicos.
Por último, HRW reportó que Yorgenis Emiliano Leyva Méndez, de 35 años, murió el 30 de julio durante una protesta de motorizados en Guarenas, estado Miranda, contra los resultados electorales. Leyva Méndez fue alcanzado por una bala cerca de la Plaza Bolívar, en circunstancias en las que se señala a la policía municipal y a miembros del colectivo Los Tupamaros como responsables de disparar contra los manifestantes. Sufrió una hemorragia interna y falleció debido a una herida que laceró una arteria femoral.
Detenciones masivas y acusaciones infundadas
Además de la violencia letal, el informe de HRW denuncia que más de 2.400 personas han sido detenidas desde el inicio de las protestas. Entre los detenidos, se encuentran más de 1.580 presos políticos, incluyendo 114 adolescentes. Muchos de estos detenidos han sido acusados de delitos vagamente definidos como “incitación al odio”, “resistencia a la autoridad” y “terrorismo”, que conllevan largas penas de prisión.
HRW también destaca que los detenidos han sido sometidos a incomunicación, negándoles el contacto con sus familias y abogados durante semanas. Las audiencias judiciales se han llevado a cabo de manera virtual y en grupo, lo que dificulta una administración de justicia imparcial.
El informe añade que el régimen de Maduro ha intensificado sus tácticas represivas mediante la aprobación de nuevas leyes y la cancelación de pasaportes de críticos y periodistas, en un intento por impedir su salida del país y castigar su disidencia. Remarcó que, el 15 de agosto, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una normativa que otorga al gobierno un control amplio sobre las organizaciones no gubernamentales, obligándolas a registrarse y cumplir con requisitos estrictos bajo amenaza de disolución inmediata.
Llamado a la acción internacional
Human Rights Watch insta a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes para garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Las recomendaciones incluyen la imposición de sanciones individuales a los responsables, el apoyo a la investigación en curso de la Corte Penal Internacional y la ampliación del acceso a refugio y protección internacional para los venezolanos que huyen de la represión.
El informe subraya la necesidad de renovar el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela durante la próxima sesión del Consejo de DDHH de la ONU, como un paso clave para asegurar la justicia y el respeto por los derechos humanos en el país.
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