Finalmente la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) materializó la advertencia de una «profunda revisión» que había realizado hace unos días tras acusar «falta de transparencia» en la venta del 10% que Enami tiene en la mina Quebrada Blanca a Codelco.
Esto, ya que el gremio minero a través de su presidente Jorge Riesco, solicitó formalmente a la Contraloría General de la República (CGR) una revisión «exhaustiva» sobre la operación.
Según Riesco, la transacción ha sido cuestionada por el gremio, por lo que buscan aclarar las circunstancias y el valor de dicha venta.
«Hemos ingresado en la CGR un requerimiento para que se revise la operación de venta del 10% de Quebrada Blanca que se dice que hizo Enami a Codelco. Esperamos tener resultados en los próximos días y ojalá una buena revisión de esta operación que para nosotros ha sido tan cuestionada», indicó el líder de la Sonami.
Además, señaló que el gremio pide examinar «especialmente las circunstancias en las cuales se ha realizado esta operación, el carácter de los acuerdos que se han adoptado y los antecedentes que se han tenido en cuenta para respaldarlo».
Con este análisis, esperan esclarecer «la corrección de los procedimientos y sobre todo del valor al cual este importante activo de Enami ha sido transferido a Codelco».
En el requerimiento presentado, Sonami cuestiona la falta de transparencia en la transacción entre Enami y Codelco.
El documento detalla que la operación «fue desarrollada con escasos antecedentes públicos, ya que sus máximos ejecutivos esgrimieron siempre el carácter confidencial, secreto o reservado de las negociaciones».
Asimismo, critica que ambas entidades hayan olvidado «su carácter de empresas públicas, actuando como entidades privadas no sujetas a los deberes de transparencia y divulgación de los motivos que justifican sus decisiones».
Posible perjuicio patrimonial
El gremio minero también se refirió al impacto económico que podría tener esta operación para la Enami.
Según el documento, varios profesionales especializados coinciden en que la venta del 10% de Quebrada Blanca «constituye un pésimo negocio para Enami y un grave perjuicio patrimonial para la empresa».
Se menciona además que, tras la reciente expansión del proyecto Quebrada Blanca Fase 2 (QB2), cuyo costo fue de US$ 8.700 millones, la expectativa era que Enami recibiera hasta US$ 1.900 millones en dividendos por su participación del 10%.
Sin embargo, apuntan a que el precio acordado de US$ 520 millones en la venta, según Sonami, representa una significativa pérdida para la empresa estatal.
En su requerimiento, Sonami también apunta a las declaraciones recientes de la ministra de Minería (Aurora Williams) y del vicepresidente ejecutivo de la Enami (Iván Mlynarz), quienes justificaron el monto de la operación en la urgencia de la empresa de obtener liquidez.
A juicio de la asociación gremial, esta decisión demuestra que la administración de Enami «ha renunciado a su deber de maximizar los ingresos para la empresa».
Acusación de conflictos de interés y falta de imparcialidad
Otro de los puntos críticos que expone la Sonami es la acusación de conflictos de interés en los directorios de ambas empresas. Según plantean, aunque Codelco aprobó el acuerdo de manera unánime, Sonami plantea dudas respecto al directorio de Enami, sugiriendo que hubo «claras inhabilidades que no fueron consideradas por algunos directores al momento de concurrir a la adopción de este acuerdo».
En este sentido, la organización gremial destacó que «hay directores y directoras que debieron inhabilitarse de participar en el acuerdo, por encontrarse afectas a circunstancias que les restaban la debida imparcialidad».
Finalmente, Sonami solicita a la Contraloría que asuma todas las facultades de fiscalización de Cochilco y que revise a fondo el contrato de compraventa entre Enami y Codelco.
«Las circunstancias especiales que así lo aconsejan son el enorme perjuicio patrimonial que se le propina a una empresa del Estado como Enami, las eventuales ilegalidades que hemos expuesto y las evidentes situaciones de falta de imparcialidad en que se encuentran las autoridades y directorios intervinientes», concluyó Riesco.
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