La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las detenciones arbitrarias de niñas, niños y adolescentes por parte de las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, tras su fraude electoral del pasado 28 de julio.
Según la información proporcionada por la organización Foro Penal, al menos 152 adolescentes fueron arrestados, y hasta el 6 de septiembre solo 86 habían sido liberados. Los arrestos se produjeron en el contexto de protestas por la falta de transparencia en los resultados electorales, lo que ha generado preocupación internacional.
En su comunicado, la CIDH subrayó que estos menores fueron privados de su presunción de inocencia y se vulneraron sus garantías judiciales, ya que fueron calificados como “terroristas” y sometidos a condiciones de detención inadecuadas, compartiendo celdas con adultos y, en algunos casos, sin separación por género.
A muchos se les impuso un defensor público sin acceso a un abogado de confianza, y fueron presentados virtualmente ante tribunales en materia de terrorismo, sin la presencia de familiares.
“La CIDH expresa especial preocupación por algunas denuncias de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Tal es el caso de una adolescente embarazada, que fue sujeta a violencia de género mientras se encontraba bajo custodia del Estado”, denunció la Comisión mediante un comunicado publicado en su página web.
“Agentes le insinuaron que la harían abortar para no tener hijos terroristas. Asimismo, fue obligada a realizar ejercicios físicos y a ponerse en posiciones incómodas y humillantes”, agregó.
El órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) también documentó que un menor con autismo permanece privado de su libertad sin acceso a su familia ni a atención médica, mientras que otro niño, presuntamente agredido durante su detención, sufre de parálisis facial debido a los golpes recibidos.
“La CIDH reitera que el derecho de las niñas, niños y adolescentes a participar en los asuntos que les afecta puede ser ejercido de manera colectiva, lo que implica el derecho de ser escuchados como grupo y participar de la vida pública. En este sentido, existe un deber del Estado de especial de protección para asegurar espacios seguros para su participación efectiva. Al mismo tiempo, recuerda la obligación de los Estados de adoptar medidas efectivas para para proteger la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad”, señaló la CIDH en su comunicado.
Subrayó, además, que estos casos exigen una “separación por categorías en los centros de detención, especialmente por edad y género”, así como la obligación de “garantizar condiciones de detención compatibles con la dignidad y el trato humanos”. Además,
La CIDH hizo un llamado a “proporcionar servicios de salud oportunos, adecuados y especializados” y reiteró la “prohibición absoluta de toda forma de tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
En el comunicado, la CIDH también condenó la persecución política en Venezuela y sus impactos en niñas, niños y adolescentes que ejercen su derecho a manifestarse y participar en protestas sociales.
“En Venezuela no existe separación ni independencia de los poderes públicos, lo que se evidencia en la falta de control judicial efectivo sobre las detenciones arbitrarias y las condiciones de detención. Es urgente que el Estado venezolano adopte medidas para reestablecer un orden democrático comprometido con prevenir, investigar, juzgar y sancionar estas violaciones de derechos humanos”, señaló la Comisión.
El organismo denunció en días pasados un aumento de la represión en Venezuela posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuestionadas por gran parte de la comunidad internacional.
La presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, presentó un informe ante un Consejo Permanente de la OEA celebrado en la ciudad de Washington sobre la situación de los derechos humanos en el país caribeño.
Esta reunión fue convocada a petición de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Uruguay.
Clarke denunció en ese informe que la represión ocurrida después de los comicios presidenciales, en los que Nicolás Maduro fue proclamado ganador por las autoridades electorales, “refleja patrones ya observados por la CIDH en las protestas de 2014 y 2017″.
La CIDH dijo haber observado “uso arbitrario de la fuerza” que ha causado al menos 23 muertos y decenas de heridos, así como detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas, con el arresto de más de 1.600 personas, entre ellas un centenar de menores de edad.
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