En estos días nos enteramos de que la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) formuló cargos contra Enel por “incumplimientos a la normativa” en relación con los pacientes electrodependientes y se responsabiliza a la empresa de la muerte de tres personas a causa de los extendidos cortes del mes de agosto. La empresa eléctrica no habría entregado los equipos de respaldo requeridos para los pacientes incumpliendo la norma. La superintendenta, Marta Cabezas de la SEC manifestó su compromiso con los más vulnerables electrodependientes y estableció que “seguirá vigilando el estricto cumplimiento de la normativa y tomará las medidas necesarias para sancionar cualquier incumplimiento que ponga en riesgo la seguridad de los ciudadanos”.
Estas acciones y dichos suenan muy bien, pero el tema es más que complejo. El Estado y sus entes fiscalizadores “saltan cual tapones” cuando se trata de empresas privadas y no manifiestan la misma celeridad cuando se trata de organismos públicos. Es una pena que tres personas muriesen a causa de su dependencia eléctrica y las fallas en el sistema este agosto recién pasado, pero llama la atención que nadie diga nada frente a las listas de espera y la falta de atención de salud por parte del Estado. Para marzo de 2024 se calcula que 44 mil personas murieron sin poder acceder a consulta de especialidad o cirugía. De estos, 38.564 pacientes buscaban una atención de especialidad o una cirugía no incluida en el Plan Auge; mientras que los otros 5.437 murieron aguardando un tratamiento GES.
El Estado no da el ancho en salud. De hecho, el exsubsecretario de Redes Asistenciales y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma, Luis Castillo, explicó que “cuando uno mira las prestaciones GES no atendidas, que han sido retrasadas y han muerto, un porcentaje significativo están asociadas a cáncer gástrico, de pulmón, de colon y mama”, lo que deja evidencia que el Estado no garantiza del derecho a salud. De hecho, por razones ideológicas prefieren que la gente se muera antes de validar la participación público privada. Se niegan a entregar “vouchers” directos, para que las personas vean dónde atenderse a tiempo y, por tanto, son responsables de esas muertes.
¿Quién fiscaliza al fiscalizador? La superintendencia de salud no se querella contra los responsables. Frente a este desbalance en la evidencia queda claro que esto es ideológico y que ante lo extraordinario, si eres privado, se te exige lo imposible.
Esta semana también nos enteramos que las pérdidas de TVN solo en el primer semestre aumentaron 355%, llegando a $11 mil millones. Esa pérdida se pagará con plata de todos los chilenos. ¿Quién fiscaliza al fiscalizador? Si un privado gasta más de lo que produce, quiebra. Pero en el mundo público quien gasta más de lo que produce, pide más y tiene más. Es subsidiado.
Es usted quien paga la ineficiencia del Estado. ¿Es justo que las empresas ineficientes sean apuntaladas con el dinero de los chilenos? ¿Es justo que se bote la plata, pagando sueldos millonarios y financiando programas que no le interesan a nadie y tampoco educan? ¿Es justo perder en un semestre 11.000 millones en TVN que podrían ser usados en salud? Ciertamente no es justo y es falto al sentido de la realidad. Las necesidades son infinitas y los recursos escasos. Gastar el dinero disponible en algo suntuario primero, antes de cubrir las necesidades esenciales es insensato. Lo hacen porque les interesa poder manipular a la opinión pública y están dispuestos a gastar el dinero para mantener el poder, antes que para mejorar la calidad de vida de las personas.
Algunos dicen que el Estado y lo estatal y público velan por el bien común, pero ¿quién fiscaliza al fiscalizador? Pareciera ser que antes que el bien común está el bien personal de quienes capturan el Estado para beneficio propio que además comunicacionalmente intentan manchar a otros para limpiarse de los errores propios.
Por Magdalena Merbilháa, periodista e historiadora, para El Líbero
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