En medio de su formalización por presuntos delitos omisivos cuando era director de Orden y Seguridad de Carabineros, el general (r) Ricardo Yáñez defendió su actuar durante el estallido social y justificó las acciones de subalternos.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte lo acusa al ex general director de Carabineros Ricardo Yáñez, a su antecesor Mario Rozas y al exsubdirector de la policía uniformada Diego Olate, de delitos omisivos en sobre mil causas vinculadas a excesos policiales en las protestas.
El otrora jefe policial pretendía dialogar con la prensa antes de su formalización, sin embargo, ingresó a la audiencia en el Centro de Justicia sin entrar en contacto con los medios, cuando un grupo de manifestantes se mantenía en el lugar. Durante un receso, grabó un video con declaraciones que sus asesores difundieron cerca del mediodía. En el video aparece flanqueado por los coimputados Olate y Rozas.
“Tuvimos que enfrentar algo imposible”
De entrada, Yáñez calificó la instancia de “absolutamente injusta y absurda”.
“Quienes ejercíamos el mando en la época de mayor violencia desde la vuelta a la democracia, tuvimos que enfrentar con los medios, con los recursos que el Estado nos entregó, algo que se nos pide que era imposible. Los graves hechos que ocurrieron no solamente pusieron en riesgo la democracia en nuestro país, sino que también la seguridad de muchas personas y la vida de muchas personas, como también la de nuestros carabineros”, indicó, contraponiendo su relato al efectuado en la audiencia por Ximena Chong, fiscal jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte.
Según Yáñez, tras el 18 de octubre de 2019, cerca de 5.000 carabineros resultaron heridos en procedimientos y se registraron sobre 540 ataques a cuarteles policiales, un centenar de ataques a vehículos “y más de 16.000 eventos graves durante 165 días de grave violencia”.
En ese sentido, Yáñez planteó que la formalización se estaba desarrollando “fuera de contexto”.
“Pareciera ser que se nos olvidara que Chile se incendió, que se destruyó el gran patrimonio de Metro, que era un orgullo para todos los chilenos, fue destruido en dos días, que el mobiliario público fue destruido, que nuestros carabineros enfrentaron largas jornadas de más de 18 horas y tuvieron que dar la cara frente a todos los hechos graves que ocurrieron. Estas no fueron manifestaciones pacíficas, estos fueron ataques violentos a la institucionalidad y a la única institución que estuvo presente en la calle para poder resguardar no solamente la democracia, sino también el Estado de Derecho”, esgrimió.
Luego, dijo confiar que en la medida que se vayan conociendo los acontecimientos de la formalización se dará cuenta de ese actuar de sus subalternos.
“No pudimos estar presentes en cada uno de los hechos que ocurrían, pese a todos los esfuerzos que hicimos por impartir instrucciones, por dar a conocer las cosas que estaban pasando y cada uno debió resolver en fracción de segundos, en las circunstancias y en los hechos que debía enfrentar, por cierto, de grave violencia”, argumentó.
De qué se les acusa a Yáñez, Rozas y Olate
El Ministerio Público plantea que pese a estar en condiciones de actuar en función de su deber y mando frente a una serie de delitos, los imputados “omiten sus deberes de intervención y no ejecutan acciones para impedir o hacer cesar su comisión”.
Chong explicó que “la cantidad aproximada de personas afectadas por situaciones de violencia institucional, sólo en la Jurisdicción de la Fiscalía Centro Norte, es de 2.438 personas, desde el 18 de octubre de 2019 al 31 de marzo del año 2020″.
“De esos casos, 1.002 casos corresponden a lesiones provocadas con proyectil de arma de fuego, de los cuales 653 fueron lesiones en la zona de la cabeza o cuello. De las lesiones ocurridas en la cabeza o cuello, 430 fueron producto de disparo de perdigones y 172 por disparo de gases, siendo un total de 163 las lesiones oculares”, detalló.
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