Poco después de que explotara el caso Hermosilla, el caso Convenios cayó en un agujero sin fondo, no solo públicamente sino también investigativamente. Un día antes de que se paralizara la investigación, la PDI había evacuado un reservado peritaje contable que detectó movimientos bancarios sospechosos de parte de Irina Karamaros, durante la campaña presidencial de Gabriel Boric.
El contexto es el siguiente: en una nota de julio de este año, en El Mostrador dimos cuenta de una serie de circunstancias que se combinaron para que la investigación del caso Convenios o Fundaciones, en su arista ProCultura, paralizara abruptamente el ritmo de sus diligencias, que venían registrándose a lo largo del país, con allanamientos e incautaciones en instituciones públicas. El hecho decisivo para que cambiara el curso de las indagaciones fue la decisión del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, de remover de la dirección de esta investigación al Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma, hoy suspendido del Ministerio Público de manera indefinida.
La razón que se dio para sacar a Palma fue lo insostenible de su situación, después que su nombre apareciera vinculado al caso Hermosilla, tras una publicación en que se aseguró que el fiscal había enviado a este abogado un mensaje de WhatsApp donde daba cuenta de que Gonzalo Migueles –pareja de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, sobre quien pesa una acusación constitucional– le habría ofrecido un doctorado con el compromiso de que le transfiera sus apoyos al fiscal José Morales, todo ello en el marco del concurso para encabezar el Ministerio Público, que finalmente ganó Ángel Valencia.
El mensaje existe, es real, pero nunca fue enviado a Hermosilla, tal y como se informó y se reprodujo ampliamente en distintos medios de comunicación. Fiscales del caso Hermosilla o Audios confirmaron a este medio que dicho mensaje efectivamente no estaba contenido en las miles de hojas de extracción del celular del otrora influyente penalista. Este mensaje fue enviado a un asesor parlamentario de la bancada senatorial de RN, que fue el punto de origen de la filtración.
Nuevos antecedentes, sin embargo, muestran que dos días antes de que fuera removido Palma de la causa, la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones había concluido un informe con importantes hallazgos, que hacían recomendable tomar declaración en calidad de imputada a Irina Karamanos, a raíz de una serie de movimientos bancarios sospechosos -como dijimos- durante la campaña presidencial de Gabriel Boric. Los hallazgos fueron informados al Fiscal Nacional y, al día siguiente, Palma fue apartado de la causa. La indagatoria fue reasignada al fiscal Patricio Cooper y se paralizó la investigación.
El informe de la PDI
La causa ProCultura constituye la arista más importante del caso Convenios, puesto que se investigan eventuales irregularidades en los gobiernos regionales del norte, centro y sur del país, y en donde sus principales autoridades son actuales candidatos a la reelección en los comicios de fines de este mes.
Una de las certezas que tenía la investigación fiscal era que, solo en 2022, ProCultura había aumentado en mil por ciento los ingresos provenientes de reparticiones públicas. Y, en ese contexto, la hipótesis criminal apuntaba a tres delitos: fraude al fisco, tráfico de influencias y apropiación indebida.
Tras haber incautado los soportes tecnológicos de gobernadores regionales de la zona norte y sur, a fines de mayo de este año las diligencias estaban acercándose a la capital. Durante los mismos días en que –en un hecho insólito en ese momento– el Séptimo Juzgado de Garantía le niega a la Fiscalía la orden de entrada y registro al Gobierno Regional Metropolitano que encabeza Claudio Orrego, el Laboratorio de Criminalística Central concluye una pericia contable que es remitida a la Brigada Anticorrupción Metropolitana de la PDI.
La pericia en cuestión tenía una instrucción bien concreta: detectar todos los abonos, vale decir, depósitos, desde las tres cuentas corrientes que mantenía en el Banco Santander la Fundación ProCultura –liderada entonces por el médico psiquiatra Alberto Larraín, cercano al Frente Amplio y al propio Presidente Boric– entre el 30 de diciembre de 2019 y el 31 de agosto de 2023.
De las tres cuentas, hubo una que registra la mayor cantidad de movimientos.
La revisión se dividió en dos periodos: antes de la campaña presidencial de 2021 y a partir de ese año. Entre el 30 de diciembre de 2019 y el 30 de noviembre de 2020, se registraron abonos a ProCultura por $1.233.049.286. Y en el segundo periodo, entre el 26 de febrero de 2021 y el 31 de agosto de 2023, los movimientos sumaron un total de $14.228.555.334
Además de esos abultados montos, los peritos detectaron un patrón de anomalías. Había movimientos que, debiendo ser cargos a la cuenta corriente por conceptos de gastos, estaban ingresados como abonos, vale decir, como depósitos a favor de ProCultura. Para ilustrarlos, los peritos de la PDI acuden al siguiente ejemplo: en una de las cuentas encontraron un ítem que tenía el nombre de un funcionario que decía “sueldos dic” por un monto superior a los $2 millones 300 mil; la inconsistencia en este ejemplo –sostiene la PDI– es que “al tratarse de un pago de sueldo debiese estar registrado como cargo, mas no como abono, planteando la hipótesis de una eventual devolución de dineros por parte de los prestadores de servicios de la fundación investigada”.
Esta información, que consta en correos institucionales bajo el nombre “Hallazgos”, reforzó hasta entonces una de las hipótesis centrales sobre financiamiento ilegal de la política. Esto es, que la Fundación ProCultura recibía de fondos regionales dineros fiscales para realización de proyectos de diferente índole, que no ejecutaba, sino que tercerizaba a otras empresas o personas naturales. Estas, a su vez, emitían boletas por el monto total del proyecto adjudicado, pero el costo real era menor, reintegrando dicho saldo –de hasta un 30% en algunos casos– a la fundación, a través de abonos a sus cuentas corrientes.
La traza Irina Karamanos
En una de las pocas entrevistas que dio el fundador de ProCultura, Alberto Larraín, el siquiatra confirmó a La Segunda que la exprimera dama, Irina Karamanos, había sido funcionaria de esa fundación. “Irina postuló a un cargo que se abrió en la fundación para apoyar en Educación Identitaria y fue seleccionada por sus conocimientos en investigación social y temáticas culturales”, dijo. “Trabajó entre abril de 2021 y febrero de 2022”, precisó.
Es precisamente en este periodo en el que los peritos contables del Laboratorio de Criminalística encontraron abonos de Irina Karamanos a ProCultura, que podrían constituir devoluciones de dineros de proyectos adjudicados.
Los hallazgos dan cuenta de al menos cinco abonos, con las siguientes fechas: 02/08/2021, 30/09/2021, 02/11/2021, 29/12/2021 y del 03/01/2022. Estos abonos, que la Fiscalía entendía como reintegros de fondos a la Fundación ProCultura, estaban signados con la descripción “Recreo nos gusta el arte”.
Este nombre, en efecto, coincide con el proyecto “Recreo ¡Nos gusta el arte!”, ejecutado por ProCultura, con financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Mincap).
De hecho, en la página del Mincap se señala que la iniciativa fue impulsada por el Programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional de la Seremi de las Culturas de la Región de Valparaíso, con apoyo de la Fundación ProCultura.
El documento que contenía esta información fue evacuado el 24 de junio de este año y enviado a la Fiscalía a cargo del caso a través de un informe preliminar el 25 de junio. Ese mismo día se le comunica al Fiscal Nacional acerca de los hallazgos y sobre la diligencia que vendría con posterioridad: solicitar la declaración, en calidad de imputada, de la expareja del Presidente para que aclarara las circunstancias por las cuales aparece ella reintegrando dineros a ProCultura, de un proyecto adjudicado.
Al día siguiente apartaron al fiscal Palma de la causa y nombraron en su reemplazo al Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper.
El Mostrador envió un correo electrónico al fiscal Cooper para conocer si se ha logrado avanzar en esta causa desde que está en sus manos y, específicamente, sobre el destino que se le dio a este informe, pero no hubo respuesta. Misma gestión se hizo con Irina Karamanos, con los mismos resultados.
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