Se anticipa una dura batalla por el último presupuesto del Gobierno de Boric

La primera respuesta que entregan en el gobierno y entre los parlamentarios a la hora de definir cómo son las discusiones de la Ley de Presupuestos es: compleja. Pero si bien eso es cierto, en algunos años el tono de la discusión es más arduo que en otros. Y precisamente este parece ser uno de esos años, ya que hay varios elementos que pueden llevar a elevar el grado de debate.

El primero de ellos, y más importante, es que el erario fiscal 2025 será el último que ejecutará por completo el gobierno del Presidente Gabriel Boric, puesto que el próximo lo elaborará, pero no lo podrá administrar, ya que eso será tarea del nuevo gobierno que asuma en marzo de 2026.

Por esta razón, el gobierno querrá dejar estampado su sello programático antes de dejar el poder.

Pero además, las tratativas acerca de este Presupuesto en el Congreso estarán atravesadas por las abiertas dudas que existen en la oposición respecto de los recursos que el Ejecutivo asegura que obtendrá de la nueva ley antievasión. Para 2025, Hacienda incorporó US$1.200 millones de ellos.

En este sentido, el alza del 8,5% estimada por el equipo del ministro Marcel para los ingresos fiscales, y del 9,7% para los ingresos tributarios, no convence del todo al bloque opositor, que tiene como antecedente los errores en las proyecciones de ingresos que hubo este año y que han llevado a que el gobierno active un ajuste en el gasto público. En tal escenario, dicen desde la oposición, la opinión del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) cobrará más protagonismo que en otras ocasiones. Su asistencia a la comisión especial mixta de Presupuestos el próximo 29 de octubre, marcará la discusión de los supuestos macroeconómicos y fiscales que sustentan este erario público.

El proyecto considera un incremento del gasto público en 2025 del 2,7% contra la Ley de 2024, sumando $82,5 billones que equivalen a unos US$93.000 millones.

En el ámbito de los ejes y prioridades, los diputados y senadores que integran la comisión mixta especial de Presupuestos anticipan que el foco estará puesto en seguridad ciudadana, crecimiento, empleo, salud y educación. Algunos también mencionan obras públicas y gobiernos regionales.

Fue el tema que se tomó la presentación del Informe de Finanzas Públicas y del Estado de la Hacienda Pública en la comisión especial mixta de Presupuestos el martes último. Para la oposición, las proyecciones de ingresos fiscales están sobreestimadas, y ello incluye el escepticismo sobre la recaudación que el gobierno espera de la nueva ley antievasión, que para 2025 es de US$1.200 millones y de US$4.500 en régimen.

En los partidos de centroderecha, este tema será una de las principales “batallas” o nudos de la discusión. Por lo mismo, esta vez la opinión que entregará a fin de mes el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) se escuchará con más atención.

“El cálculo de ingresos será un gran tema. Este año hemos tenido una recaudación muy inferior a la proyectada. Se ha debido ajustar el gasto y, finalmente, igual terminaremos con un déficit mayor al proyectado inicialmente. Ello no debe volver a ocurrir en la discusión del Presupuesto 2025″, afirma el presidente del Senado, José García Ruminot (RN).

El senador Juan Antonio Coloma (UDI) también ve en las proyecciones de ingresos un eventual problema: “Si uno mira el Presupuesto de este año, hay US$1.800 millones que se proyectaron, pero que no se concretaron. Hay un elemento de estimación que no resultó correcta y por eso se debe revisar con mayor detalle la proyección de ingresos. La opinión del CFA sobre el Presupuesto será clave”.

Carlos Bianchi, diputado independiente, suma argumentos: “Hay controversia en cómo se construyen los ingresos. Eso define la expansión del Presupuesto. Falta conocer la presentación que hará el Consejo Fiscal Autónomo. Hay que recordar que hace unas semanas recomendó que el gasto fiscal no debiera aumentar, en promedio, más del 1,6% en el período 2025-2028. El crecimiento, en este Presupuesto, fue del 2,7%”.

Para la senadora Demócrata, Ximena Rincón, “faltó un diagnóstico preciso sobre la evasión. Esto es grave, ya que calcular mal la recaudación en su último año de gobierno no solo implicará desatender las urgencias de bajar el déficit fiscal, como lo ha dicho el CFA, sino que al final del día implicará incumplir promesas a los chilenos”.

Otra materia de discusión será el nivel de endeudamiento, que levantará el diputado RN Miguel Mellado. “El nivel de endeudamiento que está pidiendo el gobierno será un tema que se debatirá bastante. Deben justificar los US$16 mil millones solicitados. RN, la UDI y Republicanos no lo vamos a aceptar”, asegura.

De hecho, el diputado Agustín Romero (Republicano) lo confirma: “Me interesa debatir respecto del nivel de endeudamiento del país y la recaudación proyectada por el gobierno, que difiere de los números que han indicado expertos”.

Una mirada distinta entrega el oficialismo. Para la diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, “es importante ceñirse a lo que han planteado las instituciones y el CFA lo que nos señaló desde un inicio es que se pueden contabilizar nuevos gastos permanentes, en la medida que existan ingresos permanentes, y eso es lo que sucede con la ley de cumplimiento tributario”.

Boris Barrera, diputado del PC, rebate la mirada de la oposición. “La derecha ha cuestionado bastante las proyecciones y dicen que son optimistas y que el gasto es muy alto, pero no consideran que bajar el gasto va en desmedro de las necesidades sociales de los chilenos. Creemos que las proyecciones de los ingresos están correctas. Habrá mayores recursos por royalty, por la ley de cumplimento tributario y por el precio del cobre. Todo eso permitirá hacer cumplir lo que se tiene proyectado en este Presupuesto”, señala.

Para el senador José Ignacio Latorre (Frente Amplio), “los montos de la ley antievasión son claros: US$1.200 millones al Presupuesto. Además, destaco el control de la deuda pública que se está haciendo”.

Para Juan Antonio Coloma, uno de los puntos a levantar es que no haya traspaso de recursos desde el Tesoro Público a ministerios o servicios que en la discusión del Presupuesto fueron rebajados, sobre todo en un año electoral. “El año pasado rebajamos los ingresos que se destinaban a la Secretaría General de Gobierno, pero en abril de este año le transfirieron recursos desde el Tesoro Público para asumir las diferencias que se habían acordado en el Parlamento. Esa situación nos genera dudas de cuál será la filosofía en materia de transferencias desde el Tesoro Público a ministerios y empresas públicas. Será un tema a discutir”.

García Ruminot apunta que “los presupuestos de Salud, Educación, Interior y Seguridad Pública y gobiernos regionales, son tradicionalmente los más discutidos y donde se requiere construir acuerdos para su aprobación”. En Salud menciona que “además de la disminución de listas de espera, nos preocupa que los hospitales no tengan recursos para terminar el año, que deban cerrar pabellones quirúrgicos y dejar de cumplir programas. Eso habla de una mala planificación presupuestaria”.

Para Ximena Rincón, uno de los focos estará puesto en el presupuesto de Cultura: “Lo vamos a revisar en detalle, porque se anuncia un alza por parte del gobierno, pero hay sectores de la cultura que están abandonados desde el inicio de la administración del Presidente Boric sin ninguna explicación razonable. El caso más claro es el del Bafona. Es inaceptable, y al menos para mí, por un tema de respeto a los trabajadores, no admite análisis ni justificación”.

Y Agustín Romero subraya que “las partidas que más preocupan son todas las que tengan que ver con seguridad, salud e infraestructura, además de personal en las distintas reparticiones del Estado”. También dice que pondrá especial atención en “el financiamiento de muchos programas en salud y seguridad, cuáles son los niveles de eficacia de dichos temas, ya que no sacamos nada con seguir inyectando recursos a planes y programas que no presentan ningún nivel de eficacia y eficiencia a la hora de percibir resultados por parte de la ciudadanía”.

En la oposición buscarán además que este Presupuesto tenga mayor énfasis en crecimiento, inversión y en generación de empleo. Para ello creen necesario mejorar la gestión en los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda.

Entre los parlamentarios del bloque de gobierno hay coincidencia en que se debe fortalecer el gasto en áreas sociales. Una de ellas es Gael Yeomans, quien plantea que en la discusión buscará aumentar los recursos para el Sistema Nacional de Cuidados. “La creación de los centros comunitarios de cuidados y también otorgarle cuidado a quien cuida. Eso nos parece importantísimo que se vea reflejado en esta ley de Presupuestos en particular, y que se vea ejecutado el 2025″.

Para Jaime Sáez, también diputado del Frente Amplio, es relevante fortalecer el sistema de cuidados, y suma como temas prioritarios el mejoramiento de la inversión en seguridad, salud, educación y vivienda, y el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio de Medio Ambiente para el próximo año.

A su vez, Ricardo Cifuentes (DC) pone como materias prioritarias la salud y seguridad. “Se observa un aumento en el gasto muy por sobre el promedio para el Ministerio de Salud. Sube al 4,8% y eso es una buena señal, pero se debe mejorar en la ejecución y en cómo reducir las listas de espera”, manifiesta. Otro foco que realza es la seguridad pública: “Hay un problema de administración general del ministerio. Estamos frente a un desafío mayor de gestión desde el Ministerio de Salud, el que se tendrá que afrontar en el próximo Presupuesto”.

Jaime Naranjo (PS), en tanto, apunta a los temas sociales propiamente tales. Menciona que como bancada van a incorporar en el debate dos temas que “nos parecen fundamentales”: el primero “es reponer el Bolsillo Electrónico Familiar para que se extienda por todo 2025, y el segundo es buscar una solución a los deudores hipotecarios del BancoEstado, que hasta la fecha no han tenido una respuesta”, dice.

Por último, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) plantea que “los énfasis estarán en cumplir la meta de gasto fiscal, controlar el endeudamiento, aumento de dinero en seguridad, principalmente aumento en Carabineros y la PDI”. También cree que habrá más recursos para Obras Públicas, Vivienda y Salud. A su juicio, los temas más debatidos se concentrarán en salud, especialmente en las listas de espera, atención primaria, servicios de salud y los gobiernos regionales, principalmente para facilitar la inversión regional.

En el Presupuesto 2024, el gobierno hizo una serie de cambios para restringir los traspasos de recursos a fundaciones privadas sin fines de lucro. Todo esto, en medio de las irregularidades que hubo en 2022 con algunas fundaciones. Y si bien los cambios han funcionado, en opinión de los parlamentarios se deben revisar, ya que se limitó la ejecución de los gobiernos regionales. “Los gobiernos regionales, que durante este año han mostrado debilidad en su ejecución presupuestaria, necesitan que garanticemos normas que faciliten su inversión, con las medidas de control adecuadas”, puntualiza García Ruminot.

David Sandoval, senador de la UDI, argumenta que “ha sido complejo en materia de resultados y de gestión. Diez de los 16 gobiernos regionales están bajo el promedio del gasto a nivel nacional. Apenas el 36% a julio, un nivel de ejecución paupérrimo”.

Al respecto, Ximena Rincón acota que la “relación Estado-privados siempre está bajo escrutinio, especialmente en sectores como la educación y la cultura, donde se han detectado graves problemas de gestión y mal uso de recursos públicos de todos los chilenos”. Por ello, dice que “nos preocupa un cambio en los clasificadores del Presupuesto 2025, que si bien es un tema técnico de explicar, esto redunda en cómo el Congreso va a poder revisar el traspaso de dinero del Estado a las fundaciones en este nuevo Presupuesto”.

/Escrito por Carlos Alonso y Daniela del Solar para La Tercera