Entrevista realizada por Manuel Izquierdo para Ex Ante
-¿Cómo interpretas el proyecto del fin del CAE presentado por el Presidente Boric?
-En lo que se refiere a la condonación, el proyecto anunciado es algo totalmente distinto a lo que se prometió en la campaña del Presidente Boric. Y creo que eso es positivo, porque la promesa de campaña fue muy irresponsable. Se hizo sabiendo que no existían ni los recursos para cumplirla ni que era conveniente hacerlo en términos de un buen diseño de política pública. Ahora lo que propone el Gobierno es, en la práctica, una reprogramación con ciertos beneficios y un nuevo sistema de crédito que, en su diseño, tiene otras complicaciones para el sistema de educación superior y para la justicia tributaria de nuestro. Esos son los elementos donde el debate se va a centrar.
-¿Qué le concedes y qué no al nuevo financiamiento público de la educación superior?
-El nuevo sistema de crédito que el Gobierno propone hay que estudiarlo con muchísimo cuidado. Si bien siempre va a haber margen para entregar más beneficios a los estudiantes y luego mejorar sus condiciones de pago, el diseño propuesto es uno que se basa en la fijación de aranceles para las universidades.
Esa fijación de precios tiene consecuencias muy complejas y negativas para las instituciones de educación superior, toda vez que genera una homogeneidad de proyectos, perjudicando la diversidad de nuestro sistema y le pone un techo a la calidad de lo que las instituciones de educación superior puedan ofrecer. El fijar los precios para los aranceles hasta el noveno decil puede llevar al desfinanciamiento de proyectos educativos que hoy día son relevantes y afecta por lo mismo también la calidad de la oferta educacional de nuestro país.
-¿Hay alguna estimación de cuánto podría afectar a las universidades a nivel de ingresos?
-Existen ciertas estimaciones que apuntan a que se podría generar un déficit de US$1.300 millones en el sistema de educación superior.
-El Presidente Boric habló de una lógica solidaria, mientras algunos expertos hablan de un “impuesto al trabajo”. ¿Cuánto hay de lógica solidaria y de impuesto al trabajo?
-Primero, para que cualquier sistema de crédito sea sostenible en el tiempo, es fundamental contar con un mecanismo de cobranza efectivo. Lo que primero se prometió fue una condonación universal y lo que se propone hoy es, en la práctica, una cobranza general, fuerte y efectiva. Eso es muy importante, porque si no se cobra el nuevo crédito vamos a tener problemas serios de financiamiento. El problema es la manera en que está haciendo esa cobranza.
-¿Por qué?
-Porque lo que propone, como se ha informado inicialmente, es un impuesto a través del cual se va a recaudar lo que se prestó para estudiar. Y eso significa que un número importante de profesionales que tengan buenas rentas a futuro van a tener que pagar un impuesto más alto, que va a exceder el monto de lo que efectivamente recibieron por crédito. Por lo tanto, van a pagar un impuesto mayor que otra persona que recibe exactamente la misma renta. Para poner un ejemplo, un profesional que estudia con este nuevo sistema y que gana $4 millones va a tener que pagar sus impuestos a la renta y, además, un impuesto adicional de un 8% durante 20 años. Parte de ese impuesto se va a destinar a pagar lo que le prestaron, pero el exceso va directamente a arcas fiscales. Un comerciante que no estudió pero que gana los mismos $4 millones va a pagar menos impuestos a la renta.
-Por eso has calificado este nuevo crédito como una reforma tributaria encubierta.
-Efectivamente, porque lo que se está haciendo por estos días es anunciar que al menos un grupo de personas que utilicen este nuevo sistema de financiamiento van a pagar más impuestos.
-¿Qué te parece que los bancos dejen de participar en el sistema?
-La salida de la banca es una cuestión muy política. En términos financieros, la banca pone parte de los recursos que se destinan al sistema de financiamiento. Sacando a la banca va a ser el Estado el que va a tener que ponerlos directamente. La salida de la banca tiene un impacto fiscal relevante porque el Estado va a tener que poner más recursos que hoy día no lo hace. Hay que mirar con atención cuáles son las consecuencias del nuevo diseño, en términos de que la salida de la banca significa mantener un gasto fiscal similar al que hoy día se tiene pero con otros riesgos, tanto de flujo como de la posibilidad de tener una cobranza efectiva.
-¿Quién financia la condonación de la deuda?
-Bueno, hay que ver el detalle, pero ciertamente la parte de condonación que tiene esta propuesta la paga el fisco, y por lo tanto, la pagan todos los contribuyentes.
Por otro lado, no solo se fijarán los aranceles, sino que es probable que se fijen también las posibilidades de crecimiento de matrícula de las instituciones. Y eso implica también restringir no solo el desarrollo de las instituciones, sino que cerrar las posibilidades de elección de los alumnos. Porque son las propias instituciones las que deben ir sobre la base de las necesidades del sector productivo, ir identificando cuáles son las vacantes que se abren o que se cierran. El Estado carece de esa información, y por eso, esta idea también restringe las posibilidades de desarrollo de los distintos proyectos de educación superior.
-¿Tiene viabilidad política en el Congreso este proyecto?
-Las prioridades en Chile están claramente en otros ámbitos. Tanto en lo que dice relación con lo que está fuera de educación. Tenemos prioridades en seguridad, en salud, en pensiones. Y también dentro del sistema educativo: las prioridades de educación no están en la educación superior. Deben estar en la educación primaria y en la recuperación de aprendizaje. Es evidente además que no es un proyecto que se va a tramitar muy rápido en el Congreso.
