Luego de que se levantara el secreto de la investigación en torno a la fallida compra de la ex clínica Sierra Bella -que se había pactado por $8.200 millones-, se revelaron nuevas determinaciones por parte de la Contraloría General de la República, las que generaron nuevos cuestionamientos en torno a la inconsistencia y falta de trazabilidad en las tasaciones realizadas para la adquisición del inmueble.
El diputado querellante, Juan Irarrázaval (Rep), solicitó al Ministerio Público la formalización de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), y de otras siete personas, apuntados como los autores del delito de fraude al Fisco consumado.
Además de la jefa comunal, se acusa a Jean Pierre Chiffele, exdirector de Jurídica del municipio; Luis Mayorga, exsecretario de Planificación; Beatriz Chamorro, directora de Salud; Felipe Sánchez, representante legal de Sierra Bella; Patricio Gajardo, tasador; María José Sepúlveda y Mylema Cárcamo, ambas tasadoras.
Según la misiva presentada por el parlamentario, «la investigación demostró que -entre los funcionarios municipales en el ejercicio de sus cargos públicos, terceros o privados que eran los dueños de los inmuebles, y tres tasadores contratados por el municipio para tasar los inmuebles- existió un plan delictual a fin de perfeccionar dicho contrato de compraventa a un precio equivalente al doble su valor comercial de acuerdo a la tasación de Transsa y al cuádruple del avalúo fiscal y valor de compra del vendedor, de modo tal que la I. Municipalidad de Santiago compró dichos terrenos a ese monto y causando con ello un perjuicio millonario al patrimonio comunal».
El documento sostiene que «los perjuicios causados ascienden a la suma de $2.475.862.002.-, más los gastos desembolsados durante el proceso de compraventa (tasaciones $ 2.619.834.-, notaría $500.000.- y conservador $545.000.-)», agregando que «al menos como daño emergente, se causó un perjuicio ascendente a la suma de $ 2.477.176.836, equivalentes al mes de enero de 2023 a 40.104 UTM».
Acerca de la valorización del inmueble, el querellante sostuvo que «los resultados de los tres informes de tasación revisados no son trazables ni verificables, incumpliendo lo previsto en la NCh3658/1». Además, se precisó que «respecto del costo de reposición de lo edificado, es dable anotar que en ninguno de los informes se respaldan los valores de construcción utilizados».
Según comentó el diputado Irarrázaval, que se levantara el secreto de la causa, permitió «conocer información que revela que la Contraloría General de la República vuelve a cuestionar, y de manera muy dura, las tasaciones relativas a este caso. Por eso, nosotros, como querellantes, acabamos de pedir la formalización de todos los involucrados, alcaldesa, directores, tasadores y vendedor en este fraude porque creemos que los antecedentes abundan en responsabilidades y ya es suficiente. Por lo mismo, no se entiende que más necesita el Consejo de Defensa del Estado para actuar ante este fraude municipal».
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