Tras la hora de almuerzo, una notificación enviada por la senadora Paulina Núñez (RN) a la secretaría del Senado cambió radicalmente el escenario que había este martes en la mañana ante la acusación constitucional, presentada por diputados de Chile Vamos, en contra el juez de la Corte Suprema, Sergio Muñoz.
En ese aviso, la legisladora de Antofagasta pedía permiso constitucional para salir fuera del país, lo que tendrá una significativa repercusión en la votación de este miércoles en la mañana, cuando los senadores tengan que pronunciarse si declaran la culpabilidad de Muñoz ante las faltas que se le imputan en el libelo. Con el permiso constitucional, el quórum requerido para aprobar, al menos uno de los dos capítulos acusatorios contra Muñoz, baja de 26 a 25 votos.
Hasta ayer en la mañana, las fuerzas opositoras que han empujado el libelo contra Muñoz (presentado conjuntamente con otros dos capítulos en contra de la removida ministra de la Suprema, Ángela Vivanco), no tenían los votos, ya que había al menos tres senadores opositores que no estaba convencidos específicamente de los cargos contra el alto magistrado, en vista de que los dos apartados contra la exjueza se votarán por separado.
Uno de los votos en suspenso era precisamente el de Paulina Núñez (RN), quien se encuentra con posnatal y había advertido a sus pares que regresaría al Congreso el 28 de octubre.
También está el caso del senador Francisco Chahuán (RN), quien está casado con Sandra Ibáñez, jueza del Juzgado de Familia de Viña del Mar. En 2020, ante una anterior acusación a un miembro del Poder Judicial, la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, Chahuán decidió prudencialmente “inhabilitarse”, debido a la dependencia jerárquica de su cónyuge con la acusada, a pesar de que no estaba obligado constitucionalmente a restarse de la votación.
El lunes, en Radio Universidad de Chile, Chahuán admitió que no ha tomado una decisión al respecto. “Voy a tomar todas las precauciones necesarias, si eventualmente me inhabilito será mañana, no voy a adelantar juicios”, dijo.
En tanto, en Demócratas, el senador Matías Walker es otro voto en suspenso. Él es conocido entre sus pares por tener un criterio restrictivo de las acusaciones constitucionales. De hecho, desde que era diputado solía fundar su voto más en consideraciones jurídicas que políticas.
Sin embargo, con Paulina Núñez (RN) fuera del país -aparentemente presionada por sus pares y por las redes sociales- la oposición quedaría a un paso de aprobar el libelo contra el magistrado.
Particularmente en la derecha existe una visión crítica de Muñoz, a quien le reprochan “legislar” en sus veredictos y promover el activismo judicial, por lo tanto, derribar al juez, quien es considerado el integrante más poderoso de la Suprema, se convirtió en una causa política para el bloque opositor. En todo caso, en este libelo, al magistrado se le acusa de favorecer a su hija -Graciel Muñoz, titular del 12° Juzgado de Garantía de Santiago- con información privilegiada en la compra de un departamento y, además, por no haberla denunciado por haber residido en Italia mientras seguía cumpliendo labores jurisdiccionales.
Pese al nuevo aire que tomó ayer la arremetida contra Muñoz, la oposición aún debe atar algunos cabos sueltos.
Primero, el senador Rojo Edwards (Partido Socialcristiano), quien estaba en Ginebra, Suiza, participando de la asamblea de la Unión Interparlamentaria, cambió su vuelo de regreso, por lo que se espera que llegue este miércoles en la mañana a Chile para alcanzar a votar.
También falta asegurar los votos de los senadores independientes, Alejandro Kusanovic y Kenneth Pugh, quienes a pesar de integrar el comité de RN, tienen plena libertad de acción para decidir su postura. En todo caso, ayer había confianza en que ambos independientes no se desmarcarán del sector.
En la oposición también daban por descontado que la senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, votaría con la derecha, en línea con la postura que adoptaron los diputados de su partido al aprobar el libelo.
Por lo tanto, el voto dirimente quedaría en manos del independiente y representante de Magallanes, Karim Bianchi, quien tiene una visión severa de la crisis del Poder Judicial y, según quienes han conversado con él, también apoyaría el escrito acusatorio.
Con los votos de Bianchi y Rincón, las bancadas de oposición sumarían los 25 votos necesarios para cursar la destitución de Muñoz, quien adicionalmente quedaría inhabilitado para ejercer cargos públicos por los próximos 5 años.
Con ese panorama de votos, gracias a que Núñez estará fuera del país, ya daría lo mismo que Chahuán se inhabilite y que Walker vote en contra.
Flanco derecho
En tanto, una sorpresiva carta sacó este martes en la mañana la defensa del juez Muñoz, quien concurrió al Senado de la República, en Valparaíso, para enfrentar los dos cargos que contiene la acusación presentada en su contra.
En vista de que los senadores están obligados por la Constitución a votar por separado cada capítulo acusatorio, las bancadas acordaron iniciar el proceso contra Muñoz, por orden alfabético, y luego pasar a revisar el caso de Vivanco, cuyo pronóstico es más adverso. La idea era iniciar el martes la discusión jurídica y votar el miércoles, entre las 10 y las 14.30 hrs., los dos capítulos contra Muñoz y, en la tarde, los otros dos que apuntan a la removida jueza.
Sin embargo, esta mañana varios senadores se vieron sorprendidos con la presencia del excontralor Ramiro Mendoza, quien llegó a apoyar el equipo jurídico del alto magistrado, considerado uno de los miembros más poderosos del máximo tribunal, que hasta ayer era integrado exclusivamente por el exsubsecretario y exintegrante del Tribunal Constitucional Jorge Correa Sutil y su hijo abogado, Juan Correa Serrano.
Para algunos senadores la señal de la defensa de Muñoz era clara: reforzar los argumentos en la derecha, donde Mendoza goza de cierta influencia. El excontralor, de hecho, fue integrante del equipo programático de Sebastián Piñera en su segunda candidatura presidencial.
“Los jueces siempre al final pueden ser reprochados en su parecer. Hay un destacado columnista (Carlos Peña) que dijo que en realidad el juez Muñoz buscaba la justicia material. Y en realidad, eso no tiene nada de malo. Sí, en realidad, la justicia formal es la que se quedó con el Código Civil francés y con la interpretación de Montesquieu. Esa justicia formal no satisface los eventos que son propios de una sociedad dinámica como la actual, adaptación, interpretación y plasticidad, porque cada vez tenemos que adaptarnos, cada vez tenemos que interpretar y cada vez tenemos que ser más plásticos en el resultado de nuestras decisiones”, dijo Mendoza en la sala.
Aunque entre senadores, incluso del oficialismo, hay una opinión extendida de que Muñoz ha abusado de su poder, interpretando la justicia en sus fallos, en las bancadas de izquierda y centroizquierda predomina la valoración del ministro por su rol en los casos de derechos humanos o que han tenido impacto en políticas sociales. Por lo tanto, es difícil que un senador oficialista o de la DC cruce solitariamente a respaldar el libelo.
Preocupación de La Moneda
Hoy el gobierno de Boric mira con inquietud lo que ocurrirá en el Senado con las acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema.
En caso de aprobarse el libelo contra el juez Muñoz, La Moneda tendrá que trabajar en la propuesta de un nuevo reemplazo de integrante del máximo tribunal, que se suma al nombre que deben postular ante el Senado para que se llene el cupo que dejó Vivanco.
A la vacancia de esta última se suma el escaño de Jorge Dahm, aún pendiente, y el que dejará durante octubre el ministro Juan Eduardo Fuentes, quien alcanzará el límite de edad para ejercer en dichas funciones.
Dentro del gobierno de Boric entienden lo complejo que es el proceso de designación de un nuevo titular de la Suprema.
Pese a ello, las autoridades de gobierno optaron por restarse de la discusión que se está dando en el Senado para concentrarse en la presentación, este miércoles, del proyecto que modifica el sistema de nombramientos judiciales. Se trata, además, de la medida con la que la administración del Presidente Boric busca enfrentar la crisis desatada por el caso Audio.
Al mismo tiempo, entienden que, al menos públicamente, no se pueden inmiscuir en la votación de acusación en contra del juez Muñoz, aunque sí han dado luces de su postura. De hecho, el ministro Cordero planteó durante el fin de semana que sacar a Muñoz de la Suprema en base a sus fallos anteriores significa que “estaríamos distorsionando el sistema institucional”.
Se trata de un mensaje que han compartido previamente con los partidos del oficialismo. Por ejemplo, en medio de un comité político ampliado, los ministros de Boric les recalcaron a las colectividades que se fijaran bien en los “fundamentos jurídicos” de las acusaciones constitucionales que se presenten contra jueces de la Suprema.
/Escrito para La Tercera por José Miguel Wilson y David Tralma
