El Poder Judicial se sumió en una crisis luego del escándalo por las revelaciones del caso Audios Tres ministros de la Corte Suprema fueron acusados por la Cámara de Diputados de notable abandono de sus deberes. El pleno de la Corte, en proceso paralelo, decidió la remoción de la exministra Ángela Vivanco, una de las acusadas. El Senado, actuando como tribunal, absolvió a principios de la semana al ministro Jean Pierre Matus acusado por gestiones para lograr apoyo de senadores a su nombramiento. Pero como dijo una ministra del mismo tribunal, nadie ha llegado allí por obra y gracia del Espíritu Santo, de manera que gestiones que no configuran tráfico de influencias no ameritaron la remoción de un ministro. Buscar mayor objetividad y criterios técnicos en el nombramiento de ministros es, en cualquier caso, una tarea pendiente.
El caso que provocó mayor expectación fue el del exministro Sergio Muñoz. Refiriéndose a él, destacados juristas como Carlos Peña y Alejandro Vergara han afirmado que ha sido un ministro que va más allá de toda regla: entre su familia y las reglas prefirió a su familia, favoreciendo el interés patrimonial de su hija, una acusación de notable abandono de sus deberes que el Senado, actuando como tribunal, ha acreditado.
Un buen juez tiene lealtad a las reglas incluso cuando ellas van contra sus convicciones, pues el buen juez incluso se enorgullece de aplicar normas que contradicen sus convicciones personales ya que de esa forma prueba su lealtad a las reglas que le fueron confiadas. Nada más alejado a las conductas de Muñoz. En numerosas sentencias contradice expresamente la ley.
Constituye un notable abandono de deberes, y una aberración, que un juez ante el reclamo por un terreno usurpado obligue a los propietarios a gestionar soluciones habitacionales para los usurpadores. El desprecio al derecho de propiedad que ello importa es innegable.
Lo es también intervenir un sistema de salud fallando contra el texto expreso de la ley, negando además el efecto relativo de las sentencias en el derecho público, afectando así gravemente a millones de chilenos porque a él no le parece justo que se aumente el costo de un plan, aun cuando la ley permita hacerlo. ¿Acaso no contradice ello la regla de oro del derecho público: que ninguna autoridad puede ejercer otra autoridad que la que expresamente le haya conferido la Constitución y las leyes?
El profesor Alejandro Vergara dijo, al iniciarse esta crisis, que mientras más zigzagueantes sean las resoluciones judiciales, mayor peligro corre la ética. Si la Corte Suprema no cumple cabalmente el rol de uniformar jurisprudencia los ciudadanos quedan a merced de la arbitrariedad de jueces, que hacen alarde de activismo judicial y por esa razón es tan útil tener conexiones y lealtades.
Ojalá la Corte Suprema tomara nota de esta falencia también. El Senado, entretanto, ha ejercido sus fueros para decirle al país que no hay intocables en nuestras instituciones. Bienvenido sea, es una buena manera de enfrentar esta crisis judicial.
Por Luis Larraín, economista, para El Líbero
