Nunca deja de sorprender la capacidad del gobierno del Presidente Gabriel Boric para autoinfligirse daño. La renuncia del subsecretario del Interior Manuel Monsalve producto de una acusación de violación realizada por una funcionaria de confianza de ese Ministerio es un nuevo balde de agua fría para un gobierno que, desde el primer día, ha dado abundantes muestras de falta de profesionalismo, improvisación y retraso para enfrentar las crisis.
Aunque resulta fácil acostumbrarse a esta nueva realidad de un gobierno de aficionados que se dispara constantemente en sus propios pies, los costos que paga el país por tener gente irresponsable y descriteriada en cargos de suma importancia son altísimos. Cuando Chile atraviesa por una crisis de inseguridad, la renuncia del hombre que fue el rostro de la política gubernamental del combate contra la delincuencia logra batir un nuevo récord de torpezas. Precisamente porque la renuncia de Monsalve se produce producto de acusaciones de comportamiento sino criminal, ciertamente impropio, que presumiblemente tuvo el subsecretario con una funcionaria de confianza que tenía el derecho a sentirse segura y protegida en sus relaciones laborales, el daño a la agenda de seguridad ciudadana es especialmente dañino.
Es cierto que debemos defender la presunción de inocencia. Mientras un juez no diga lo contrario, Monsalve sigue siendo inocente de los cargos que aparentemente se le imputan. Al anunciar su renuncia, Monsalve insistió en su inocencia. Pero dado que Monsalve renunció, podemos suponer que, aunque él alegue que no hubo delito, posiblemente hubo comportamiento impropio. Es evidente que un hombre adulto y con bastante experiencia en puestos de importancia política debiera mostrar más criterio al invitar a cenar a una subordinada y a tomar más tragos de lo que parece razonable en una reunión que parecía no ser de trabajo.
En cualquier empresa globalizada, ese tipo de reuniones son consideradas inaceptables e impropias. Cualquier persona que ejerce un cargo con mucho poder y tiene sentido común debiera evitar tomar tragos con subordinados y extender reuniones más allá de una hora prudente. Aunque al final se demuestre que no hubo delito, Monsalve pecó de una falta de criterio impropio para una persona que ostenta un cargo así de importante. Más allá de si hubo o no delito, los presumibles hechos que hasta ahora han sido publicado por la prensa reflejan que la actitud de Monsalve estuvo profundamente reñida con la forma en que se deben comportar las personas que ejercen poder sobre sus subordinados.
Por su parte, el gobierno del Presidente Boric también falló en sus protocolos. En vez de actuar con el celo que dice tener para perseguir incluso sospechas de comportamiento sexual inapropiado, esperó que el rumor se convirtiera en noticia. Una vez más, el gobierno llegó tarde. Es más, al permitirle a Monsalve anunciar su propia renuncia, el Ejecutivo trajo el problema al corazón de La Moneda.
No va a ser fácil sacar ahora este escándalo del palacio presidencial. La ironía es que la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, que a menudo se apresura en opinar sobre distintos temas antes de tener toda la información necesaria, ahora guardó silencio público por un par de días. Esta incuestionable evidencia de doble estándar erosiona la confianza que en el futuro depositarán en el gobierno aquellas mujeres que temen sufrir violencia doméstica. Más allá de si la conducta de Monsalve fue criminal, es evidente que fue una conducta impropia. El gobierno debió retirarle su confianza apenas tuvo conocimiento de los hechos que ahora son investigados.
De más está decir que, de demostrarse que las acusaciones son ciertas, el gobierno quedará con una mancha indeleble al haber tenido a un depredador sexual encargado de la seguridad ciudadana. Pero incluso si Monsalve no cometió delitos sexuales, su comportamiento demuestra una falta de criterio que habla tan mal de él como del Presidente que le depositó su confianza.
En los próximos días, el caso “violación” copará los programas de televisión y el debate público, relegando a un segundo plano las graves acusaciones de corrupción contra altas autoridades del gobierno anterior asociadas al caso Audio. Aunque nunca hay que descartar que un nuevo escándalo relegue a este más reciente a un segundo plano, el daño que ha hecho esta situación a la credibilidad de las altas autoridades tomará tiempo para resarcir.
A menos de dos semanas de la celebración de elecciones municipales y regionales, lo último que necesita la élite política es un nuevo escándalo que confirme la sospecha popular ampliamente extendida de que las élites del país abusan de los más débiles y aprovechan su posición de privilegio para defender sus propios intereses y no los intereses de los votantes.
Por Patricio Navia, sociólogo, cientista político y académico UDP, para El Líbero
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