Este jueves se promulgó la ley de cumplimiento tributario -o «antievasión»-, normativa que, en palabras del Presidente Gabriel Boric, busca fortalecer «la justicia tributaria» en Chile, además de combatir la evasión y elusión de impuestos.
En una ceremonia en San Joaquín, el jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde.
En su alocución, el Mandatario destacó el impacto positivo de la ley sobre el sistema tributario nacional, subrayando su importancia para los emprendedores que cumplen con sus obligaciones fiscales.
«La ley de cumplimiento tributario es un acto de justicia con Chile y con emprendedores y emprendedoras que cumplen con la obligación de pagar sus impuestos con mucho esfuerzo y con mucha responsabilidad», afirmó Boric, señalando el esfuerzo que supone para las pequeñas y medianas empresas mantenerse en regla.
La nueva ley, que fue presentada en enero como parte del Pacto Fiscal y aprobada por el Congreso el pasado 25 de septiembre, ofrece una serie de herramientas que buscan mejorar la fiscalización y la lucha contra la informalidad y los delitos tributarios. Según Boric, «con esta ley, el Estado tiene desde ahora mejores herramientas para combatir la evasión y la elusión de las grandes riquezas».
Además, recalcó que la normativa no incrementa la carga tributaria sobre los ciudadanos, sino que busca generar incentivos para la formalización de las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas. Entre los pilares fundamentales de la ley se destacan la modernización de la administración tributaria y los Tribunales Tributarios y Aduaneros, el combate a la informalidad y la creación de mecanismos para regularizar deudas tributarias.
Se trata, según el Gobierno, del esfuerzo más relevante en materia de cumplimiento tributario en los últimos 24 años.
«Estamos avanzando de esta manera hacia un sistema tributario más justo y equitativo», agregó el Mandatario, remarcando la necesidad de un sistema que no tolere a quienes buscan beneficiarse ilícitamente de recursos públicos.
Los aspectos más destacados de la Ley
Algunas de las materias que incluye esta ley comienzan este mismo 2024, como la norma transitoria que permite la repatriación de capitales. También los cambios a la norma general antielusiva, que busca perseguir más eficientemente las operaciones de evasión y simulación, eliminando vacíos legales que han obstaculizado la labor del Servicio de Impuestos Internos (SII).
La nueva ley además introduce cambios al secreto bancario que incluyen un procedimiento simplificado, que considerada autorización de un juez pero sin la oposición del contribuyente para delitos tributarios, también comenzará a regir a partir del primer día del mes siguiente a la promulgación de la ley. Es decir, estas normas empezarán a aplicarse durante los primeros días de noviembre.
Asimismo, la ley establece nuevas normas para fiscalizar las transferencias bancarias masivas y operaciones en efectivo, con el fin de prevenir la informalidad en grandes transacciones (superiores a 135 UF, es decir, $5.124.991).
Por otra parte, otros puntos importantes de la ley comenzarán a regir más tarde, como el denunciante anónimo, quien podrá recibir recompensas por colaborar en la persecución de delitos tributarios, o el cobro de IVA a compras de bienes de bajo valor en plataformas extranjeras. Lo primero iniciará luego de seis meses de promulgada la ley, mientras que lo segundo 12 meses después.
El objetivo de la ley es incrementar los ingresos fiscales en un 1,5% del PIB, es decir, alrededor de US$4.500 millones, lo que permitiría financiar la eventual reforma de pensiones y cubrir compromisos en materia de seguridad.
Serias dudas por recaudación
La normativa «antievasión» es considerada clave para el Presupuesto 2025, ya que en el inicio de su implementación aportará unos US$1.200 millones para el financiamiento del erario. Sin embargo, diversas voces han advertido serias dudas respecto a las metas de recaudación que el Ejecutivo espera de esta ley.
Y es que hay distintos factores que podrían en riesgo aquello, como el corto plazo de un mes que habrá para acogerse a una de las medidas clave del proyecto: la repatriación de capitales, y la sobreestimación en los ingresos esperados a mediano plazo.
De hecho, un reciente análisis del Centro de Estudios Públicos (CEP) levantó una serie de alertas, que se suman a las ya manifestadas por otros economistas y entidades internacionales.
Según los investigadores del CEP Tomás de la Maza y Fernando Bastidas, las proyecciones de recaudación del Gobierno son «optimistas, pues parten de una estimación de evasión y elusión que estaría sobredimensionada» y aseguraron que el incumplimiento del impuesto a la renta sería menor al calculado por el Ejecutivo.
El CEP también menciona que según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), medidas de cumplimiento impositivo similares podrían recaudar alrededor del 0,5% del PIB, muy por debajo del 1,5% que espera el Gobierno.
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