La novena sala Corte de Apelaciones de Santiago ordenó paralizar el dictamen sobre la «confianza legítima», que fue firmado por la nueva Contralora General de la República, Dorothy Pérez.
La decisión de la Corte se debe a que acogió una orden de no innovar solicitada en un recurso de protección presentado por la Fundación Fuerza Ciudadana.
La Corte de Apelaciones determinó que la Contraloría General de la República deberá seguir revisando las reclamaciones que se presenten.
Pérez firmó un dictamen que establece que los trabajadores que quieran alegar confianza legítima ante despidos, deberán hacerlo a través de la Corte de Apelaciones y no de la Contraloría como estipulaba la administración del excontralor Jorge Bermúdez.
Además, el dictamen de Bermúdez establecía que si a un funcionario público se le renovaba la contrata por más de dos años, contaba con la confianza legítima de que se le seguiría renovando.
El dictamen firmado por Dorothy Pérez generó una serie de cuestionamientos y movilizaciones lideradas principalmente por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).
Según consignó Biobío, la fundación Fuerza Ciudadana interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, en representación de dos funcionarios municipales de La Cruz (Región de Valparaíso), que fueron desvinculados del municipio.
“Este dictamen afecta en su esencia a los derechos constitucionales de las personas por las cuales recurro de protección, quienes llevan más de dos renovaciones de sus contratas y ahora se les puso término mediante decretos alcaldicios que no revisten la necesaria fundamentación para sus no renovaciones”, dice el recurso.
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