El gobierno está empeñado en sacar adelante determinadas iniciativas legislativas que, desde su ideario, constituirían su legado. Algunas ya han sido presentadas, mientras que otras estarían por ingresar al Congreso Nacional.
La Ministra vocera, para recuperar “el sello feminista”, ha insistido en un proyecto de ley que iría varios pasos más allá que la actual ley que despenaliza el aborto en tres causales.
Al presidente de la República se le ve animado promoviendo la iniciativa para pagar la llamada deuda histórica a los profesores.
A la Ministra del Trabajo, se le nota el esmero por introducir alguna fórmula de reparto en su proyecto de reforma al sistema de pensiones (entre otras cosas que busca incorporar, incluso contrariando la opinión de la mesa técnica), y en presentar y avanzar en la discusión de una iniciativa legal sobre negociación ramal.
El Ministro de Hacienda presentaría una segunda reforma tributaria, en la que, conforme se conoce, habría algún grado (no sustantivo) de rebaja al impuesto de primera categoría, pero contendría un alza en los impuestos personales.
Algunas de estas reformas empiezan a ser apoyadas por distintos sectores o por sus voceros, en columnas y entrevistas. Comienza a gestarse algo así como la previa del momento “de la verdad” y la estrategia oficialista es clara y coherente, sobre todo considerando que resta poco más de un año para que concluya el mandato de este gobierno y la posibilidad de dejar un legado. Han trazado un horizonte nítido, y la intensidad comunicacional del objetivo es cada día más alta. El gobierno que, ha logrado sortear la responsabilidad política por el caso Monsalve, está haciendo su pega de manera consistente con sus principios.
Lo que no tiene mayor explicación es que una parte de la oposición quiera contribuir a construir una parte de este legado -como en pensiones- en materias cuyas ideas matrices les son ajenas, menos aun cuando la ciudadanía en este tema la tiene clara y respaldaría una negativa de la oposición a plegarse a la fórmula oficialista.
Tampoco resulta muy explicable que una parte de los gremios empresariales estén soplando la vela de ese acuerdo -para introducir el componente de reparto en nuestro sistema de pensiones-, sabiendo que un planteamiento así, por transitorio y pequeño en magnitud que hoy se presente, contraría derechos y principios básicos que se supone defienden, y que ello tendría además el potencial de generar un impacto fiscal negativo (con lo que ello puede implicar para el desarrollo económico del país).
Una cosa es buscar despejar las incertidumbres regulatorias y otra cosa es el cómo. Si el despeje trae certeza y crecimiento, bienvenido, pero cuando ello no es así, despejar no hace sentido.
¿Por qué entonces? Porque al parecer el reparto, bajo la figura de un préstamo o lo que fuere, no sería “tan” malo. Total, es un préstamo, sería bajo, transitorio y para un segmento de beneficiarios acotados. Pero todos sabemos, porque ya lo hemos vivido, que “un poco” termina siendo mucho y que, con los años, lo transitorio tiene vocación de permanente.
Todo espacio que se abre, con el afán de cerrar discusiones, jamás cumple ese objetivo. ¿O acaso las reformas tributarias presentadas, que siempre han tenido la pretensión de ser las últimas y definitivas, no se parecen a estas alturas a los retiros de fondos de pensiones “únicos y excepcionales” que no fueron ni únicos ni excepcionales?
Y es que siempre habrá alguien que reclame alguna injusticia por reparar. Más aun cuando, a estas alturas, parece que se ha concedido que ellas no pueden financiarse con crecimiento o con ahorro de gasto fiscal que no cumple sus objetivos.
Pero, además, y como me recordaba un amigo, cuando hay un sector convencido, empujando un carro (aunque el carro sea deficiente o vaya en la dirección incorrecta) y aunque les tome años, lo harán llegar muy lejos, más aún, si no hay otro grupo que lo contrarreste, con la convicción y fuerza equivalente.
Pero en pensiones pasa algo más. Se estaría instalando que este sería el mejor momento para llegar a un acuerdo con la izquierda, pues ésta habría claudicado en sus pretensiones más refundacionales. Así, como no sería la reforma que la izquierda siempre soñó, pero que hoy, por la posición en la que está, debe promover, sería el momento preciso para cerrar el tema y dar estabilidad.
¿Dónde he escuchado esto de la estabilidad antes? El ex ministro Peñailillo en Icare, en 2014, cuando comenzaba a discutirse la reforma tributaria estructural de la Presidenta Bachelet, decía: “lo principal para que tengamos inversión, es tener paz social. Eso es clave. La paz social se logra resolviendo los problemas de inequidad. Los problemas de inequidad todos los conocemos: educación y salud”.
¿Acaso la reforma tributaria de 2014 le dio a Chile más equidad, certeza o estabilidad? ¿Generó inversión? ¿Acaso generó paz social? Diría que mas bien fue todo lo contrario.
Por su parte ¿ha claudicado realmente la izquierda? ¿O en realidad está viendo el espacio para enhebrar la aguja y dar un par de puntadas, esperando otro momento para terminar el traje a su medida? Hoy obtendría lo que quiere, en la medida de lo que puede, pero es en la dirección de lo que quiere. Es coherente y persevera. Lo que no se entiende es que el sector llamado a contrarrestar o a cortar el hilo en esta parte de la reforma, no lo haga.
¿Qué hay en realidad tras esto? ¿Será temor a que si no se llega a un (mal) acuerdo, se vea amenazada la paz social? La reforma tributaria de 2014 no compró paz social, sino que alimentó el descontento. Cuidado, no vaya a pasar lo mismo. Pero, además ¿acaso las convicciones de lo que es bueno para el país han de hipotecarse para que, cuando toque gobernar, no se incendie la pradera? ¿De que sirve “gobernar” en esas condiciones si el móvil es el miedo y no las buenas ideas?
Por Natalia González, abogada y académica, para ex-ante.cl
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