El director ejecutivo de Acción Educar y ex secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación del gobierno de Sebastián Piñera, conversa con EnFoco, el programa del centro de incidencia Pivotes, sobre la discusión que abrió la Ley de Presupuestos sobre una reforma al Sistema de Admisión Escolar (SAE), que implementó el método de la tómbola para el ingreso a la educación escolar. Rodríguez aborda los últimos hechos de violencia en el INBA y el lanzamiento de bombas molotov y presencia de overoles blancos en el Instituto Nacional.
-Este lunes, volvimos a ver overoles blancos y molotov en el Instituto Nacional. ¿Qué debe ocurrir para terminar con esta ola de violencia en los colegios emblemáticos? ¿Hay una especie de normalización de la violencia?
-La normalización de la violencia en los liceos emblemáticos, y en particular en el Instituto Nacional, es un hecho. Y no se puede soslayar que parte de esa normalización tiene que ver con la validación -por acción u omisión- de la protesta violenta como una acción legítima para conseguir objetivos políticos.
Lamentablemente la solución ya no pasa por discursos o declaraciones que rechacen la violencia, pues la situación actual ya ni siquiera tiene que ver con petitorios específicos. Deben tomarse acciones que demuestren que las autoridades no tolerarán estos actos y no se refugiarán en discursos sobre diálogo y participación que no tienen efecto alguno. La autoridad que tome esto en serio pagará costos políticos evidentes, pero es necesario que se haga.
Desde la perspectiva educacional, debemos avanzar en mayores medidas de prevención, reforzar el rol y la autoridad de los directores, y que las leyes existentes, como Aula Segura, se cumplan.
-A propósito de lo que ocurrió en el INBA hace algunas semanas, una de las sanciones a las que podría verse expuesta la Municipalidad es perder su calidad de sostenedor. Se ha planteado que eso puede abrir la puerta a otro tipo de administración, ya sea privado o público ¿Cómo lo ves?
-Si la sanción corresponde y la Superintendencia lo ve así, creo que hay que aplicarlo. Si corresponde que se le quite la calidad de sostenedor al municipio, hay que hacerlo. Y si eso implica abrirse a otras formas de administración, también debiéramos hacerlo. Cualquier fórmula que nos permita salir de donde estamos, hay que evaluarla porque la verdad es que ninguna ha resultado. La violencia sigue ahí y es cada vez es peor y hay una especie de adormecimiento o normalización.
-Respecto al INBA algunos han planteado que quienes hayan participado de estos hechos puedan quedar excluidos de la ley de gratuidad como una especie de sanción ¿Cómo lo ves?
-Creo que es inconstitucional. O sea, es darle espacio a una especie de Estado papá. ¿Después no van a atender en el hospital a alguien que comete un delito? Lo encuentro ridículo en términos de un Estado liberal. Creo que se entiende la voluntad de los senadores y diputados de decir que estos comportamientos son inadmisibles, pero al final lo que te muestra eso es que somos incapaces de castigar y preferimos algo por debajo. Habla muy mal de nosotros.
-¿Qué hay detrás de este tira y afloja que se dio en la Ley de Presupuesto para cambiar el destino del sistema de educación?
-Hay un carácter simbólico que tiene que ver con las reformas de Bachelet, que hacen que aquí haya mucha aversión a discutir de fondo cuánto avanzar, a qué ritmo y hay mucho rechazo a hacer cambios.
-¿Fue una buena idea hacer esta crítica a través de la discusión de la Ley de Presupuesto?
-Si tú estás permanentemente negándote a cualquier cambio a una reforma, cuando hay problemas operacionales, cuando los niños no tienen colegio o hay problemas de diseño o ideológicos que se hacen ver y el gobierno no reacciona, en algún punto eso explota. Y eso se vio en la Ley de Presupuesto.
-Se logró destrabar finalmente porque el gobierno accedió a iniciar una modificación legal en el SAE ¿Por dónde debiera avanzar eso?
-Hay grandes diferencias en el caso del Sistema de Admisión Escolar. A mí me parece que el gobierno de la Presidenta Bachelet fue imprudente en hacer valer su mayoría con mucha fuerza, cuando no había consenso de que pasar del sistema de admisión anterior al actual era lo que todo el mundo quería. En el caso del SAE el mundo político tiene puesto el foco en esto de la tómbola.
-¿Eliminar la tómbola como sistema de admisión a los colegios?
-Si lo planteamos como la contrarreforma, no vamos a llegar a ninguna parte. En el país hay distintas ideas que conviven y hay que buscar un punto donde se protejan valores que están en contraposición. Pero si el gobierno se abre a hacer cambios que son necesarios en el sistema de admisión, se puede llegar a un acuerdo. Creo que los cambios deben permitir algún grado de selección.
¿Debiera ser por mérito?
-Por mérito debiera ser siempre sobre 6º básico, sino violarían la Ley General de Educación. Pero más que selección podríamos tener una cuota de estudiantes que son elegidos por el propio establecimiento con un proceso de postulación propio y otra parte con un sistema de admisión general como el SAE. Y mezclar eso con selección por mérito sobre 6º básico en una proporción.
-¿Qué otros puntos de la Ley de Inclusión debieran revisarse, a tu juicio?
-Un segundo tema es que cuando un colegio particular subvencionado quiere abrir más cupos, tiene que demostrarle a la Seremi que existe una demanda insatisfecha. A pesar de que hay colegios que tienen mucha demanda de cupos, no pueden seguir creciendo porque el Estado no quiere abrirle más cupos a los subvencionados. Eso debería cambiar y que un colegio con un rendimiento sobre el promedio que tenga más demanda que cupos, pueda abrir esos cupos.
-Otro de los cambios en educación de Bachelet 2 fue la creación de los Servicios Locales de Educación Pública, los SLEP. Hay una reforma en el Congreso para mejorar su implementación ¿Va por buen camino, a tu modo de ver?
-Ese proyecto tiene muchas cosas prácticas que van a mejorar la implementación de los servicios. Y esa reforma, con cambios y ajustes, creo que va a llegar a buen puerto. Pero también es cierto que no aborda los problemas más graves de los SLEP: su doble naturaleza jurídica. Estos servicios se rigen por ley de presupuesto, tienen control presupuestario por la Dipres, rinden a la Contraloría, al Auditor General de Gobierno. Y, al mismo tiempo, rinden a la Superintendencia y al Ministerio de Educación. Se ha creado una burocracia que hoy realmente impide que se puedan dedicar a educar.
-¿Qué te pareció el nuevo sistema de financiamiento a la educación superior que presentó el gobierno, el FES?
-No debiera aprobarse en su condición actual. El crédito que se propone es un impuesto gradual que nos va a llevar a un estancamiento del sistema. Además, restringe el copago y por lo tanto todos los ingresos del sistema de educación superior van a pasar a estar financiados por el Estado. Un Estado empobrecido propone comprar todo el sistema educación superior y financiar los 100% de los contribuyentes.
Nuestros hospitales no llegan a septiembre con el presupuesto y la propuesta del presidente Boric es financiar la totalidad del sistema educación superior. Entonces, no puedo pagar una quimioterapia a una persona, pero sí puedo pagar la carrera de artes escénicas de la Universidad de Chile. ¿Qué tipo de Estado toma una decisión así? Es una cosa incomprensible y me parece que no se sustenta.
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