El gran problema que enfrenta cualquier intento de reforma al sistema político es que aquellos legisladores que resultaron electos con las reglas actuales son los llamados a modificar esas reglas que pudieran hacer más difícil su reelección o poner obstáculos a sus carreras políticas futuras. A los que recogen los huevos de la gallina de los huevos de oro se les está pidiendo que inventen otra gallina cuyos huevos pudieran no ser de oro o, peor aún, pudieran ser recogidos por otras personas.
Para que se apruebe, cualquier reforma electoral tiene que tomar en cuenta los intereses particulares de aquellos que tienen la sartén del diseño institucional por el mango. Como una reforma electoral requiere de una mayoría de 4/7 en ambas cámaras (recordemos que, producto de la fiebre constituyente que sufrió Chile por varios años, se rebajaron los requisitos para las reformas constitucionales), bastaría que los partidos más grandes -aquellos con más votos y con más escaños en el Congreso- se pusieran de acuerdo para adoptar una reforma que deje a los partidos más chicos fuera. De esta forma, al eliminar a los partidos con menos escaños, los partidos grandes podrían devenir en un oligopolio que controlara el sistema político nacional. Si desaparecen 10 partidos que suman en total 20 escaños, los partidos restantes se van a dividir esos escaños entre sí.
Esa solución parece una receta para crear un oligopolio que reduzca los niveles de competencia más que una saludable recomendación para mejorar el sistema de partidos. Si se establece un umbral de 5% de la votación a nivel nacional para que un partido pueda tener representación, bien pudiera darse el caso de que, en un distrito, un candidato con que haya recibido una buena votación (más de 10 mil votos, por ejemplo) quede sin escaño y que, por la lógica de arrastres en otras listas y de cómo se distribuyen las preferencias, ese escaño vaya a un candidato que haya logrado una votación de menos de 2 mil votos. Aunque tenga sentido promover la presencia de menos partidos a nivel nacional, la nueva regla será tremendamente injusta a nivel distrital con miles de personas que respaldarán a candidato que quedarán sin escaños por cosas que pasaron en otros distritos.
El argumento de que el problema político actual radica en la fragmentación del sistema de partidos es, cuando menos, cuestionable. Entre 1990 y 2022, hubo momentos de consenso cuando el sistema partidista estaba fragmentado (como en el periodo de Aylwin) o cuando estaba más consolidado (como en el de Lagos). Los problemas que tuvieron Piñera II y Boric para forjar acuerdos tiene más que ver con su falta de pericia política que con la fragmentación del sistema de partidos. Por su parte, el quiebre de la democracia de 1973 se produjo cuando el sistema político estaba fuertemente consolidado en dos bloques, no cuando había más fragmentación partidista.
Por cierto, cuando se trata de promover la competencia en el mercado, un mayor número de actores parece ser una buena cosa, porque produce más competencia y ofrece más opciones a los consumidores. Pero en el sistema político, la existencia de más partidos pudiera tener externalidades negativas importantes. Primero, el Estado subsidia a los partidos políticos con cuantiosos fondos. Pero eso se soluciona reduciendo y condicionando los subsidios, no creando umbrales que dejen fuera a candidatos que reciben una alta votación individual en sus distritos. Segundo, la sobreoferta de partidos políticos está asociada a una menor participación y a un electorado más descontento y confuso. Pero eso se soluciona reduciendo el número de escaños que se eligen por distrito, no creando umbrales de votación a nivel nacional.
Tercero, algunos dicen que un mayor número de partidos presumiblemente haría más difícil construir acuerdos. Pero siempre es más fácil para un comprador negociar precios cuando hay muchos vendedores ofreciendo el mismo producto. Cuando el Presidente necesita votos en el Congreso, es mejor que haya más partidos dispuestos a negociar sus votos. Si hay un solo partido de oposición, la probabilidad de que haya paralización legislativa es mayor. El problema es cuando el gobierno es especialmente inepto para negociar. Ahí, la multiplicidad de partidos políticos representa un desafío demasiado difícil de enfrentar para el gobierno.
Cualquier persona que aplique algo de lógica de economía política para entender el problema que presumiblemente enfrenta el sistema político rápidamente llegará a la conclusión de que reducir el número de partidos resultará inevitablemente en una mayor probabilidad de lograr acuerdos. Lamentablemente, como en Chile las soluciones a los problemas políticos desde el estallido social de 2019 se plantean desde el estómago y no desde la racionalidad o la evidencia, parte de la clase política y la élite intelectual se han obsesionado ahora con la insensata idea de que una reducción al número de partidos facilitará la construcción de grandes acuerdos.
Precisamente porque hay más incertidumbre sobre el futuro, siempre es más fácil hacer reformas electorales al comienzo del periodo que hacia fines del periodo. Por eso, mientras más cerca estemos de la próxima elección, más difícil será que salga humo blanco para un acuerdo de lo que malamente se ha llamado reforma política. Pero como los partidos más grandes están defendiendo sus intereses, bien pudiera formarse un oligopolio que logre dejar fuera del Congreso a los partidos más chicos, aunque estos tengan candidatos muy populares en sus distritos.
Como pocos quieren mirar la evidencia y la experiencia comparada, los partidos políticos grandes están ahora ofreciendo como solución al problema que enfrenta el país una nueva mesa de negociación en vez de buscar mejores negociadores.
Por Patricio Navia, sociólogo, cientista político y académico UDP, para El Líbero
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