Los fiscales estadounidenses pidieron a la Justicia mantener los casos contra el presidente electo Donald Trump, así como las sentencias ya dictadas, y no dejarse intimidar por sus amenazas.
La Fiscalía General de Nueva York que lleva el caso por fraude financiero fue la primera en pronunciarse al respecto. Precisamente, el pasado 26 de septiembre, el juez Arthur Engoron determinó que el republicano y sus empresas habían engañado a bancos, aseguradoras y otras entidades al sobrevalorar masivamente sus activos y exagerar su patrimonio neto, gracias a lo cual consiguió acuerdos más favorables y mejor financiación para sus proyectos.
Por ello, el magistrado impuso el pago de una multa de USD 450 millones más intereses y limitó la capacidad de Trump de hacer negocios en el estado por tres años, algo que su defensa apeló.
El último de estos recursos fue presentado el pasado 30 de noviembre, cuando su equipo pidió a la Justicia anular el caso “por el bien de país”.
“Escribimos para solicitarle que desestime por completo el caso (…) contra el presidente Donald J. Trump, su familia (sus hijos Donald Jr. y Eric) y sus empresas, y que estipule anular la sentencia y desestimar todas las demandas en su contra”, escribieron los abogados en una carta enviada a la fiscal general, Letitia James.
Sin embargo, la Fiscalía respondió este martes a esta maniobra y aseguró que no retirará el caso dado que los presidentes no gozan de inmunidad en litigios civiles no vinculados a su función oficial y que el normal curso de la demanda no interferirá en sus funciones.
Además, apuntaron los funcionarios, el mandato de Trump en la Casa Blanca resulta “irrelevante para los otros 14 acusados encontrados responsables en nuestro caso”, que también aguardan la sentencia final.
Similar fue la definición de los magistrados a cargo del juicio en Manhattan, en el que Trump fue hallado culpable de 34 delitos que giran en torno a pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels, con el fin de encubrir su relación amorosa en el marco de la campaña electoral de 2016.
En el último tiempo, el propio Trump ha arremetido contra la Justicia neoyorquina y sus abogados apelaron recientemente que la vigencia de este caso luego del 20 de enero impediría indebidamente e “inconstitucionalmente” su capacidad de gobernar.
En medio de estos cruces, el mes pasado, el juez Juan Merchan decidió posponer la sentencia de forma indefinida, por lo que el político tendrá la oportunidad de solicitar su sobreseimiento.
No obstante, la Oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, acusó en las últimas horas al empresario de haber recibido “acomodos temporales” para asegurarse de que el juicio no interfiriera con su presidencia e insistió en que no dar curso al proceso legal sería un error.
“La abrumadora evidencia de la culpabilidad del acusado y la importancia crítica de preservar la confianza pública en el sistema de Justicia penal, entre muchos otros factores, pesan fuertemente en contra de la desestimación”, se lee en un escrito en el que también se resalta que “la inmunidad del presidente electo no existe”.
/psg
