Para alguien que, como yo, ha votado por candidatos de Chile Vamos en casi todas las elecciones realizadas desde 1989 a la fecha resulta incomprensible el vértigo de sus actuales dirigentes por llegar a acuerdos con el gobierno del Presidente Boric en las más variadas materias. Creo que para llegar a acuerdos en cuestiones importantes para Chile hay que fijarse en al menos tres cuestiones. Uno, con quién llegas a acuerdos; dos, si esos acuerdos están conformes con los principios que sustentas; y tres, que los diseños sean idóneos para lograr los objetivos declarados.
Respecto a lo primero hay que considerar que los acuerdos se suscribirían con quienes hace cinco años atrás intentaron derribar al gobierno democrático de Sebastián Piñera, gobierno respaldado por Chile Vamos, sin mostrar por ello ninguna contrición. En efecto, el gobierno de Boric, en lo sustantivo, es el gobierno del Frente Amplio y el Partido Comunista, colectividades que fueron activas en el intento de derrocamiento del anterior gobierno. ¿Puedo sentarme tranquilamente a suscribir acuerdos con ellos, pensando que actuarán de buena fe y los cumplirán? A mi juicio no. La manera como se comporta el gobierno, por lo demás, avala mi aprensión.
El ministro Elizalde, por ejemplo, engañó a la oposición en la tramitación de las leyes que fijaron las multas para quienes no cumplieran con la obligatoriedad del voto en las últimas elecciones. Lo hizo con un truco en la tramitación, sin preocuparse siquiera de disimularlo. Varios dirigentes de oposición pusieron el grito en el cielo, pero a la hora de votar tuvieron que agachar la cerviz.
La ministra Tohá accedió a una agenda de seguridad con los entonces presidentes del Senado y la Cámara. Pero en los hechos el gobierno no ha hecho esfuerzos para avanzar en la aprobación de esos proyectos manteniéndose inflexible en algunas de las cuestiones claves, como lo son, por ejemplo, las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para las instituciones armadas, donde se proponen ridículas exigencias que dejan a las fuerzas policiales con las manos atadas frente a los delincuentes. Los acuerdos se suscriben, pero no se cumplen. Demás está decir que aquí tampoco se satisface el criterio de hacer acuerdos idóneos para lograr los objetivos plateados.
Y con relación a los principios, en la reforma de pensiones Chile Vamos ha defendido que la cotización adicional vaya toda a capitalización y nada a reparto, lo que hace todo el sentido sólo mirando el futuro demográfico, pero en los hechos se muestra dispuesto a algo distinto. Cambiar la palabra “reparto” por “compensación” es una burla para todos aquellos que en un curso de Derecho escucharon aquello de que en Derecho las cosas son lo que son, no lo que se dice que son. Utilizar cotizaciones previsionales para financiar las pensiones de otras personas es REPARTO.
Tampoco Chile Vamos sale a enfrentar con fuerza a una ministra, Jeannette Jara, que miente sistemáticamente en relación con cuestiones como la solidaridad, donde propone una fórmula que perjudica a los más pobres y simplemente ignora que la PGU aprobada por el gobierno anterior es un mecanismo de solidaridad en la dirección correcta. ¿Por qué regalar argumentos como la solidaridad al gobierno? ¿Por pura ineptitud o por falta de convicción para defender las ideas? Por último, de nuevo se cae en el error de aceptar mecanismos que no son idóneos para el objetivo de mejorar las pensiones. Cada punto menos a capitalización resulta en peores pensiones para los futuros jubilados.
Quiero referirme al final a un proyecto en el cual concuerdo en los objetivos, aunque tengo varias dudas en los mecanismos. Se trata de la reforma al sistema político, en particular a lo electoral, donde el objetivo es disminuir la fragmentación de los partidos en el Congreso para facilitar la posibilidad de lograr buenos acuerdos para Chile. Varios expertos han manifestado dudas sobre sus efectos (especialmente pertinentes me parecen los comentarios de Pepe Auth); otros actores políticos que se verían perjudicados se manifiestan reticentes a aceptar cambios que los afectarán directamente y en el corto plazo.
Por eso me atrevo a plantear que se considere lo que se estila en otros países al hacer este tipo de reformas y es que ellas no rijan para la próxima elección sino para la siguiente. Los diputados que las voten no estarán así tan reticentes a aprobarlas. Otra cosa que no ayuda es que esta propuesta, realizada por senadores, pone la exigencia de 5% de los votos a nivel nacional para la elección de diputados, no así para la de senadores. Sé que operativamente tiene una lógica porque la elección de diputados es nacional, pero nunca hay que despreciar las rivalidades entre senadores y diputados. Sobre el umbral de 5%, me parecen interesantes las propuestas de usarlo solamente para determinar si se recibirá financiamiento estatal, no así para desplazar a un candidato reemplazándolo por otro, que es meter la mano en la urna, lo que ha probado ser inaceptable para la ciudadanía.
En fin, un proyecto tan relevante merece más reflexión y otra vez no entiendo de parte de Chile Vamos el vértigo por acuerdos sin la suficiente consideración de los aspectos que hemos señalado.
Por Luis Larraín, economista, para El Líbero
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