En diciembre de 2022, y a menos de cumplir un año en el cargo, el Presidente Gabriel Boric decidió indultar a 12 denominados “presos de la revuelta” de octubre de 2019 y a un exfrentista que cumplía condena por el asalto a un banco. Este último es Jorge Mateluna, quien este año no sólo celebró su libertad en sus redes sociales, sino que también dedicó varias reflexiones para el exalcalde de Recoleta y excandidato presidencial, Daniel Jadue, mientras este se encontraba en prisión preventiva por el caso Farmacias Populares.
Del resto de los indultados, uno está preso con una nueva pena, dos ya terminaron su condena y la mayoría siguió las instrucciones de Gendarmería: mantener un bajo perfil.
El mediático caso Mateluna, su defensa a Jadue y la intervención de Boric
“Algo sabemos de injusticia… La negativa de modificar la cautelar para el compañero Jadue (insistiendo en dejarlo en prisión) refleja abiertamente lo que los tribunales son… ya sabemos cómo y para quién operan“, escribió el 13 de junio Mateluna, militante desde los 12 años del Partido Comunista. A los 14 ingresó al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
Antes de ese post, ya había asistido al evento “Mil Guitarras para Daniel Jadue”, que se realizó el 4 de junio frente a la Biblioteca Nacional y posteó: “A Daniel Jadue lo juzgan y encarcelan porque desnudó el indecente negocio de las farmacias de cadena y mostró una alternativa solidaria para los más desposeídos. Lo persiguen porque es comunista y como tal ha hecho una impecable gestión en Recoleta, porque les ha cantado mil verdades, porque necesitan con esta noticia esconder la mierda que expele la derecha. Y ya sabemos cómo y para quién se administra la justicia en este país de tanta desigualdad. #jaduelibre“.
Es que en la medida cautelar del exedil, Mateluna vio reflejado en parte lo que dice que le pasó a él: que hubo persecución y montaje para vincularlo a un delito que, asegura, no cometió.
Y así como el PC organizó una serie de actividades callejeras para defender a Jadue ante la opinión pública, el círculo de Mateluna también se articuló creando el sitio web Matelunainocente.com, realizando marchas, charlas, una obra de teatro y movilizando a actores como Daniel Alcaíno. El Presidente Gabriel Boric, cuando era diputado, también apoyó su causa y, en 2018, reveló que incluso visitó a Mateluna en la cárcel. En 2017 el político y el actor escribieron juntos una columna en El Desconcierto titulada “Mateluna inocente”.
Incluso, en julio de 2021, en el debate de primarias de Apruebo Dignidad, junto a Daniel Jadue se refirió al caso: “Hay otros casos en Chile que son tremendamente delicados. Está el caso de Jorge Mateluna. Yo le quiero decir a su señora Claudia, a sus hijos, lo he conversado con él, este es un caso que claramente, desde mi perspectiva por lo menos, habiendo estudiado en profundidad, habiéndome reunido con los fiscales y los defensores, es un caso que merece ser indultado“.
Ya siendo Presidente, Boric salió a defender la decisión de haber indultado a Mateluna en diciembre de 2022: “Tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia. Esto no es una opinión personal ni algo que yo haya discutido de manera individual, sino que es la opinión del exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic, que es de los juristas que se han acercado con más seriedad al caso”, dijo el Presidente Gabriel Boric tras darle el indulto, lo cual generó la molestia del Poder Judicial. “El Presidente, en caso alguno, puede ejercer funciones judiciales”, le respondieron.
Por qué estaba preso
Cuando tenía 18 años (1992), Mateluna fue condenado a cadena perpetua por el asalto a un supermercado en Conchalí, donde murió un guardia. A los 12 años de cárcel, fue indultado por el expresidente Ricardo Lagos.
Tras dedicarse a la orfebrería, se acercó a la gestión cultural e incluso trabajó en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la Región Metropolitana y fundó su propia productora. Sin embargo, en 2013 fue detenido al ser vinculado a un asalto a una sucursal del Banco Santander en Pudahuel, donde los asaltantes dispararon a carabineros con un fusil M-16. En 2018 la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que lo condenó a 11 años por robo con intimidación y cinco por tenencia de arma de uso bélico. Su versión es que no participó del asalto, sino que estaba en la zona porque se iba a reunir con el encargado de cultura de esa municipalidad.
En abril de este año, Mateluna posteó en Facebook: “Hoy vuelvo a mi nombre para dejar atrás la consigna de una campaña que se enfrentó a la injusticia y dio vida a esta libertad que hoy respiro. Tengo muy presente el costo de este tiempo (sobre todo para mi familia) y los claroscuros que tiñeron estos años. Palpita en mí el agradecimiento eterno a todos y todas aquellas que aportaron con sus gestos, palabras, acciones y amor inconmensurable a esa gesta de resistencia y dignidad”.
Cuando dice “vuelvo a mi nombre”, se refiere a recuperar la cuenta de Facebook que antes se llamaba “Libertad JorgeMateluna”.
Indultados terminaron sus condenas, pero uno podría volver a la cárcel
Según pudo comprobar El Líbero en el Poder Judicial, de los 12 indultados del “estallido”, Juan Bastián Olguín y Bastián Campos ya completaron sus penas por incendiar una caseta de peajes y porte de artefacto explosivo y robo en lugar no habitado, respectivamente.
Cuando fueron indultados, todos tuvieron que acercarse al Centro de Reinserción Social (CRS) correspondiente a su domicilio, donde les explicaron que para seguir en libertad, debían ir a firmar mensualmente, no delinquir, no participar de marchas y mantener un bajo perfil mediático y de redes sociales. El indultado Luis Castillo no siguió ninguna de las reglas.
A Bastián Campos Gaete el indulto lo ayudó poco y hoy, si no paga una multa pendiente, podría volver a la cárcel.
Su historia es así: estaba condenado a tres años y un día en Antofagasta por porte de artefacto explosivo o incendiario y robo frustrado en lugar no habitado en las protestas de 2019, pero cuando fue indultado, fue el único que siguió encarcelado. ¿Por qué? Porque con el indulto quedaron como penas efectivas dos condenas previas que podía haber cumplido en libertad (porte de un papelillo de marihuana y hurto en un supermercado).
Así, según consta en sus causas, comenzó a cumplir la condena el 30 de diciembre de 2022 (fecha del indulto), pero en diciembre 2023 accedió a la libertad condicional. El 12 de septiembre de este año terminó de cumplir la pena de tráfico en pequeñas cantidades (541 días) y el 31 de octubre se dio “por cumplida la pena sustitutiva de remisión condicional”.
Hasta ahí estaba todo bien, pues su riesgo de reincidencia se calificó como “medio”, estaba estudiando Técnico de Nivel Superior en Maquinaria Pesada y tenía un trabajo, sin embargo, el 4 de diciembre se le notificó que le falta pagar 4,5 UTM de las 5 que se le fijó como multa en una de sus causas y, que si no las paga dentro de “10 días contados desde la fecha de notificación”, se le sustituirá la multa por 15 días de reclusión.
Juan Bastián Olguín Rivera, conocido como “el criatura”, fue indultado por incendiar una cabina de peajes en Curicó y al momento de recibir el beneficio, le quedaban 36 días de condena. Tras salir, pidió firmar mensualmente en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina, comuna donde se mudó.
El 23 de octubre pasado se dio por completada su pena. Un mes antes, le pidieron acreditar que pagó la multa de la causa de Curicó (5 UTM), pero no lo amenazaron con prisión, como a Campos. La causa no registra si pagó.
En redes sociales es el más activo, pero sus contenidos -salvo un par de memes- están lejos de la política o la crítica social que lo llevó a las calles en 2019. Más bien expone su hobby (la bicicleta) y recuerdos de actividades familiares.
La mayoría de los indultados sigue firmando
Aunque este medio consultó sin éxito a Gendarmería y al Ministerio de Justicia sobre el estado de cumplimiento de las firmas mensuales con que deben cumplir aquellos indultados que no han terminado de hacerlo (en el mismo plazo que duraba su condena), en Poder Judicial no se registran faltas en ese aspecto.
Sólo en el caso de Felipe Santana se indicó que no había ido a firmar en enero, pero todo se trató de un error. Santana está firmando en el CRS de Villarrica, hasta donde pidió traslado para tener más cercanía con su familia. A Santana se le condenó a siete años de presidio por quemar una banca de la catedral de Puerto Montt.
Según un informe de Gendarmería al que accedió Ex-Ante, antes del indulto, se estimó que “no tiene conciencia del delito cometido y no cuenta con referencia estable que (le) permita proyectarse en el medio libre (…). Ha normalizado conductualmente el reglamento penitenciario sin asimilar los delitos y daño causados”.
Matías Rojas Marambio fue condenado a cinco años de prisión por el lanzamiento de artefacto incendiario en el marco de los ataques al hotel Principado de Asturias y ahora firma mensualmente en el CRS Santiago Occidente. Lo hará hasta el 6 de abril de 2025, cuando se termina la pena por la que lo indultaron. En conversación con La Tercera, su familia contó que, debido a sus antecedentes penales, al joven le ha costado encontrar trabajo y que su foco está sólo en ello, pues el hogar se endeudó para enfrentar su defensa legal.
Francisco Hernández, condenado por lanzar molotovs a Carabineros, fue el único que no tuvo que ir a firmar a un CRS porque cuando fue indultado, ya estaba cumpliendo pena en libertad. Sí le quitaron una tobillera.
Jordano Santander, condenado por homicidio frustrado al atropellar a un funcionario de la PDI en San Antonio, sigue firmando en el CRS de esa ciudad, pero ya no postea en Facebook sus agradecimientos a parlamentarios y partidos políticos, pues borró prácticamente todos los posteos de los últimos años.
La cuenta de Instagram “Libertad para Jordano Santander”, gestionada por sus familiares, dejó de postear en marzo de 2023, donde se dio cuenta de que quien fuera representado legalmente por la exconvencional María Rivera, de la Defensoría Popular, se estaba dedicando a su familia y a labores de carpintería. También pidió ayuda por un asunto de salud que le impediría trabajar.
Su pareja, Tania Parada, relató a La Tercera el año pasado que en los tres años que pasó en la cárcel, aprendió el oficio de barbero, por lo que también se dedica a eso. No obstante, su salud mental quedó resentida y se siente “perseguido” por la PDI.
Cristián Cayupán Queupil fue condenado a 15 años por el mismo delito que Santander: atropellar a una detective (que quedó inmovilizada) en Pudahuel, aunque después se supo que la mujer también había sido baleada por un compañero. No tiene redes sociales.
Otros que tomaron al pie de la letra la recomendación de evitar las redes sociales fueron Sebastián Montenegro, indultado por porte ilegal de municiones, atentado a la libre circulación y lanzamiento de objetos en la vía pública en Antofagasta; Alejandro Carvajal Gutiérrez, sentenciado por el incendio de la Universidad Pedro de Valdivia en Santiago; el exprimera línea de Iquique Claudio Romero, condenado a cinco años y un día por portar y lanzar molotovs; y Brandon Rojas Cornejo, el llamado “pirómano” exmiembro de la autodenominada “K-Pop primera línea de Tarapacá”, quien tampoco tiene redes y controla su firma en el CRS de Alto Hospicio.
Castillo, el “insurrecto” volvió a ser condenado en abril
Luis Castillo Opazo es uno de los indultados más conocidos, pues tenía un amplio prontuario policial y tras salir libre, siguió delinquiendo.
De hecho, apenas salió en libertad producto del indulto, le abrió un nuevo flanco al Presidente Boric, pues al dejar la cárcel de Copiapó, grabó un video, acompañado del concejal Wilson Chinga (PC), diciendo: “Soy Luis Castillo, preso político rodriguista, acabo de obtener mi libertad (…) nunca claudiqué, nunca transé, nunca me quebranté, siempre me mantuve firme, fuerte, hermanos míos. Y hago ese llamado a que salgan de las trincheras, a que sigan luchando, hermanos. No bajen los brazos, manténganse firmes. A todos mis hermanos que siguen presos, que no claudiquen, que mantengan las convicciones intactas. Porque donde exista miseria va a haber rebelión, donde exista desigualdad va a haber insurrección, porque los insurrectos no nos calmamos, los insurrectos no descansamos, los insurrectos damos la vida por la causa”.
Castillo había sido condenado a cuatro años de cárcel por cuatro delitos de robo en lugar no habitado, tres delitos de daños simples, seis delitos de desórdenes y un delito de daño calificado (acusado de atacar una oficina del Registro Civil y una automotora, entre otros lugares), pero tras un año libre, cayó detenido tras un llamativo secuestro extorsivo en Copiapó junto a su pareja.
Tras un procedimiento abreviado, el 29 de abril de este año fue sentenciado a cuatro años y un día de presidio sin beneficios como autor del delito frustrado de robo con intimidación y violencia y el delito consumado de manejo bajo la influencia de estupefacientes.
Lo único que ha cumplido: no tiene redes sociales.
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