A propósito de una eventual reforma del sistema de pensiones, se ha reavivado -al interior de las derechas- el debate sobre la pertinencia o no de llegar acuerdos con el gobierno, lo que contamina la discusión de fondo.

Los argumentos en contra de los acuerdos se resumen en lo siguiente: (1) no se puede negociar con un gobierno que no posee credenciales democráticas; (2) cualquier concesión constituye una traición a los principios de la derecha; (3) la izquierda nunca cierra los temas, por ende, cada vez que se cede en algo para llegar a un acuerdo, se va corriendo el cerco.

Los acuerdos sólo serían entonces aceptables si no se cede en nada, la política del “todo o nada” como muy acertadamente tituló una reciente columna Lucía Santa Cruz.

Para descalificar a quienes promueven determinados acuerdos, se dice que les mueve un afán compulsivo por llegar a “acuerdos por los acuerdos”, o que no poseen convicciones; todo convenientemente acompañado de campañas en las redes sociales, con los slogans de la “derechita cobarde” entre otros recursos propagandísticos.

La verdad es que la estrategia electoral de diferenciación que hay detrás de este debate artificial es demasiado evidente, se trata de generar una ilusión de mayor dureza y aparente coherencia, para captar al votante tradicional de derecha que está muy justificadamente hastiado con este gobierno.

El problema es que nos está costando demasiado caro como sector (a lo menos tres gobernadores y ocho alcaldes en las recientes elecciones) y nos puede costar las próximas parlamentarias y presidenciales, pero además le cuesta caro a Chile, en la medida que se subordina un interés superior, como es resolver problemas importantes del país, a una disputa por la hegemonía del sector.

Veamos un ejemplo concreto: en medio de la crisis de seguridad y de la incerteza jurídica en que se desempeñaban nuestras policías, se tramitó la Ley Naín Retamal, que representó un primer espaldarazo a Carabineros, a la PDI ya las Fuerzas Armadas, que gracias a esa ley ya no serán tratados como delincuentes si hacen uso de su arma de servicio en cumplimiento de labores de orden público. El Partido Republicanos y el Partido Comunista, por razones diferentes, votaron en contra.

Al igual como está ocurriendo con la reforma de pensiones, en ese debate no faltaron los memes y la caricatura; pero si les hubiese resultado el chantaje, esa ley -que les garantiza la presunción de inocencia a nuestros policías y militares- simplemente no habría visto la luz.

Esa ley, y varias otras que podríamos analizar, deja en evidencia que los argumentos que se esgrimen para desechar a priori los acuerdos no se sustentan:

(1) los integrantes de este gobierno efectivamente votaron en contra de la Ley Naín Retamal durante el gobierno del Presidente Piñera, y una parte de ellos durante el actual gobierno. Por ende, que se haya aprobado durante este gobierno constituye una doble victoria política y no había justificación para no legislar, incluyendo los acuerdos que hubo que hacer.

(2) no se logró todo, pero no se sacrificó ningún principio y se logró una ley que representa un avance sustantivo en la materia.

(3) por supuesto que a la izquierda no le gusta esta ley y tratará de revertirla, la tuvo que aprobar por un principio de realidad, pero la teoría de que nunca cierran los temas no justificaba en absoluto, jugarse al “todo o nada”.

Es de la esencia de la democracia buscar acuerdos, lo que no implica necesariamente ceder en materia de principios; el problema se presenta cuando todo se eleva a la categoría de principio, para así poder rasgar vestiduras y llevar agua al molino electoral propio.

Los estragos que está dejando este pésimo gobierno ameritan que ante los desafíos del futuro de Chile las derechas busquen mecanismos de coordinación y unidad con generosidad. Si las recientes elecciones municipales y regionales representaron una suerte de plebiscito para las derechas, los del “todo o nada” debieran tomar nota y atinar, por el bien de nuestro sector político y por el bien de Chile.

Por Luis Pardo,Director Ejecutivo Instituto Libertad, para El Líbero

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