Continúan las críticas por el intento de compra del Gobierno a la casa de Salvador Allende ubicada en Guardia Vieja, Providencia, y cuyas copropietarias son la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora del PS, Isabel Allende.
A través de una columna de opinión en El Mercurio de Valparaíso, el rector de la Universidad Diego Portales (UDP), Carlos Peña, criticó la acción por parte del Gobierno que buscaba convertir el inmueble del expresidente en una casa museo.
«La fallida compra por parte del Estado de lo que fue la residencia del Presidente Allende muestra, como en un resumen, los niveles de torpeza a que han llegado algunos funcionarios gubernamentales. Para advertirlo basta revisar algunas reglas», comentó.
Esto, porque la Constitución chilena en su artículo 37 bis señala que se prohíbe a los ministros celebrar contratos con el Estado, lo que ocurrió con la ministra Fernández. Además, establece que senadores o diputados que participen de estos negocios jurídicos deberán cesar inmediatamente en su cargo, lo que podría conllevar a la destitución de la senadora Isabel Allende, hija del fallecido exmandatario que también figuraba en el contrato de venta de la propiedad.
Según Peña, lo «escandaloso» del caso es que «el contrato fue celebrado, es decir, concurrieron ambas partes y prestaron su consentimiento según consta en la escritura pública suscrita el treinta de diciembre que se encuentra ya incorporada en el protocolo o registro público bajo el número 95.512».
Si bien en el contrato aparecen como vendedoras, entre otros, la ministra Fernández y la senadora Allende mediante un representante legal, «que lo hagan mediante un representante por supuesto no las excusa puesto que la ley (artículo 1.448 del Código Civil) dispone que los actos del representante producen respecto del representado iguales efectos que si hubiese contratado él mismo», puntualizó Peña.
«En esa escritura pública consta una flagrante violación de las reglas constitucionales que podría ser conocida por el Tribunal Constitucional», expresó el rector UDP. Además, agregó que «el resultado de todo esto es que la ministra, la senadora y el Ejecutivo han actuado de mala fe, según las reglas lo establecen sin que pueda proveerse una prueba para demostrar lo contrario».
En esa línea, el columnista cuestionó «¿cómo es posible que se haya llegado a este extremo de torpeza y descuido en el manejo de los asuntos de Estado? ¿Cómo es posible que haya ocurrido esto que, no vale la pena ocultarlo, da vergüenza ajena? ¿Cómo explicar que quienes tienen a su cargo hacer valer la Constitución y las leyes las ignoren, no sepan de qué se trata, ni ellos ni los abogados que los asesoran?».
También criticó que «muchas veces se han excusado los errores en que el Ejecutivo ha incurrido recordando que se trata de personas carentes de experiencia, de manera que habría que aceptar que aprendiesen de sus propios errores. El mismo Presidente ha reconocido, en una de sus varias autocríticas (interrumpidas por los variados tropiezos que le brindan la oportunidad de excusarse de nuevo) que es necesario aprender».
«Pero en este caso no es inexperiencia, no es falta de tiempo para habitar los cargos, no es falta de comprensión de los críticos, no es la falta de apoyo de la oposición. Es peor. Es pura ignorancia», concluyó el rector UDP en su columna en El Mercurio de Valparaíso.
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